Fiscal Jefe de Anticorrupción es copropietario de una empresa en Panamá.
Punto. En cualquier democracia sólida ese dato sería considerado un mal
chiste o bastaría para una destitución fulminante.
O varias. La de ese
fiscal y las de los superiores que lo han protegido. Pero España tiene
un Gobierno que parece
dispuesto a contaminar toda la arquitectura institucional con tal de frenar el incontenible hedor de la corrupción.
Sólo así se explica la “confianza” que el fiscal general Maza, el
ministro Catalá y el presidente Rajoy, por ese orden, siguen manteniendo
a estas horas en
Manuel Moix. ¿Cómo no fiarse de quien ha sido capaz de
archivar hasta tres veces las denuncias
que le llegaban sobre el latrocinio de Ignacio González? ¿Cómo no
confiar en alguien nombrado para el cargo sabiendo que es el preferido
del propio investigado (“
si sale es cojonudo”)
como le advirtió la Unión Progresista de Fiscales? ¿Cómo no va a
proteger Maza a Moix si el propio Maza llegó a la Fiscalía General
después de que su antecesora, Consuelo Madrigal, fuera
relevada por negarse a nombrar a Moix al frente de Anticorrupción?
Lo advertimos
hace un mes y no nos cansamos de insistir: las
injerencias desde el Gobierno en órganos clave del funcionamiento judicial
con el objetivo de obstaculizar la investigación de grandes escándalos
de corrupción constituyen el asalto más grave al Estado de Derecho en
las últimas décadas.
Resumamos el penúltimo capítulo de esta vergonzosa historia repleta de
atropellos judiciales, de mentiras políticas y de manipulaciones
periodísticas. Después de haber documentado el comportamiento ciego y
sordo de Manuel Moix ante las sucesivas denuncias sobre Ignacio
González,
infoLibre descubre que el actual Fiscal Jefe de Anticorrupción es
propietario desde 2012 del 25% de la sociedad panameña
Duchesse Financial Overseas, a cuyo nombre está registrado un chalé en
Collado Villalba (Madrid).
Los cuatro hermanos Moix lo heredaron de sus
padres, quienes consideraron conveniente a principios de 1988
ocultar que eran dueños de ese chalé y de los más de 4.600 metros que lo rodean.
Hace cinco años y medio de la muerte del padre, y en ese tiempo Manuel
Moix y sus tres hermanos han mantenido la empresa constituida en Panamá.
Nuestro compañero
Manuel Rico, cumpliendo el código
ético que obliga a todo periodista riguroso, llama en cinco ocasiones
durante la mañana del lunes a la Fiscalía Anticorrupción para
hacerle llegar a Moix las preguntas pertinentes, conocer su versión y publicarla junto a los datos disponibles. “Está reunido”, es la respuesta repetida. A primera hora de la tarde enviamos
un burofax de cuatro páginas
a Manuel Moix con todas las preguntas relativas al caso, advirtiéndole
de que será el único responsable de que su versión no aparezca.
PURA INTOXICACIÓN
Lo que hace Moix a continuación define (por si quedaran dudas)
su concepto del derecho a la información y su (nulo) respeto a la función del periodismo.
Es obvio que él entiende mucho más de filtraciones e intoxicaciones
varias. Por algo el Plan de Acción de 17 páginas que presentó para optar
al cargo hacía mucho hincapié en la
necesidad de “acabar con las filtraciones periodísticas”,
y se autonombró único portavoz de la Fiscalía Anticorrupción.
Incansable a la hora de mentir, llegó a decir públicamente que en España
convendría imitar a "
Alemania, donde se sanciona al medio que publica filtraciones".
Es justo al revés: en Alemania impera el derecho a la información por
encima del secreto de sumario. Lo que hace Moix es trasladar su versión
de unos hechos aún no publicados a otro periódico,
El Español,
que la misma noche del lunes cuenta (sin excesivo despliegue) que el
fiscal “heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en
Panamá hace 30 años”. El subtítulo también es tan redondo como atrevido:
“El fiscal anticorrupción declaró a Hacienda la existencia de esa
empresa, que no ha podido ser disuelta por motivos económicos”.
Manuel Moix sabe (y
El Español debería saber) que la empresa panameña Duchesse Financial Overseas
es tan activa o inactiva hoy como lo era el primer día, porque fue constituida para figurar como propietaria de ese chalé,
y lo sigue siendo. Es posible que el señor Moix haya cumplido todas sus
obligaciones con Hacienda, pero para demostrarlo hay un paso sencillo:
muestre esas declaraciones de los años correspondientes y el modelo 720,
obligatorio para todos aquellos ciudadanos con bienes en el extranjero
por más de 50.000 euros. Decir (y publicar) que la sociedad no ha podido
ser disuelta en los últimos cinco años y medio “por motivos económicos”
es
simplemente un insulto a los ciudadanos-contribuyentes-lectores.
Si entre cuatro hermanos con empleos de éxito no pueden reunir 400 euros en cinco años para ese trámite
cabe sospechar que se debe a que no les da la gana hacerlo. Entre otras cosas porque es más caro mantener abierta esa sociedad que cerrarla.
Preguntado por
La Sexta este martes
sobre si considera ético ser titular del 25% de una compañía
domiciliada en Panamá y ocupar el cargo de Fiscal Jefe Anticorrupción,
Moix ha respondido con su desparpajo habitual: “Lo que es ético es que
los hijos hereden de los padres”. Vuelve este señor a hacerse el sordo.
La cuestión no es si un hijo tiene derecho a la herencia de sus padres
(hasta Jordi Pujol empleó tan simplón argumento) sino si un funcionario
público al que pagamos por combatir la corrupción, el fraude y, por
tanto, la ocultación de bienes en paraísos fiscales, puede tener
propiedades domiciliadas en Panamá. Y
la respuesta es no, no puede, no debe, no es ético desde ningún punto de vista.
Si le interesara escuchar un poco, le bastaría a Moix con haber escuchado al ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, que al hilo del caso de
José Manuel Soria y los ‘
papeles de Panamá’ afirmó: “
Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”.
Ni en el Gobierno ni mucho menos al frente del órgano responsable de
investigar la corrupción. (Si además Moix quisiera aprender algo sobre
compromiso ético y justicia, debería visionar
este vídeo en el que Carlos Castresana, uno de los primeros fiscales anticorrupción, denunciaba hace unos días durante un acto organizado por
infoLibre cómo “
grupos criminales han capturado al Estado”).
PONER FRENO A LA IMPOSTURA
En términos éticos y en términos políticos,
la continuidad de Manuel Moix es insostenible,
digan lo que digan el fiscal general, el ministro de Justicia y el
presidente del Gobierno. Por cierto, ¿qué credibilidad tendrán las
explicaciones de los dos primeros ante un Parlamento que
ya los ha reprobado? ¿Cuánto tardará Mariano Rajoy en referirse a Moix como “
ese fiscal del que usted me habla”?
Aunque sólo fuera por un mínimo respeto a los centenares de fiscales
que realizan su trabajo honestamente, más le vale a Rajoy dejar de
ofenderles y exigir la destitución inmediata de Manuel Moix. El empeño
en mantenerlo como cortafuegos del incendio que ellos mismos han
provocado es patético, y el daño que hace tal cerrazón al sistema
democrático es evidente.
Aparten de una vez sus sucias manos de la justicia, pero también del
periodismo. El intento de Moix de perpetrar la “voladura controlada” del
escándalo con la inestimable ayuda de
El Español es una muestra de los
comportamientos a los que este tipo de gente se ha acostumbrado durante años.
Pueden tener sociedades domiciliadas en Panamá y a la vez dar lecciones
de transparencia y de dignidad, siempre que haya altavoces mediáticos
que se presten a la labor de garantizar su impunidad.
En un lúcido ensayo titulado
Sobre la tiranía, que es ya un éxito de ventas, el profesor
Timothy Snyder va desgranando “Veinte lecciones del siglo XX”. Una de ellas se refiere a la importancia capital de la ética profesional, del
compromiso de cada uno con su propio oficio:
“Si los abogados hubieran cumplido la norma de que no puede haber
ejecución sin juicio, si los médicos hubieran aceptado la regla de que
no puede practicarse una operación sin consentimiento, si los
empresarios hubieran acatado la prohibición de la esclavitud, si los
burócratas se hubieran negado a realizar el papeleo que tuviera que ver
con el asesinato, el régimen nazi habría tenido muchas más dificultades
para cometer las atrocidades por las que lo recordamos”. (Página 46)
No podemos aceptar el descarado intento de convertir en normal lo que es irregular y excepcional.
Ni todos los fiscales son como Moix ni todos los periodistas aceptan ser meros transmisores de intoxicaciones.
Cada cual desde su ámbito individual, desde su compromiso profesional y
utilizando las herramientas que nos permiten actuar de forma colectiva,
debemos sumar esfuerzos para poner freno a tanta impostura. Por eso somos ya decenas de miles de los ciudadanos que
exigimos la destitución del Fiscal Jefe Anticorrupción.
