sábado, 21 de mayo de 2016

VENEZUELA FREEDOM 2: SE INCREMENTA LA ESCALADA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA (DIRIGENTES ESPAÑOLES INCLUIDOS)


Decía en mi último artículo sobre Brasil [1], que después de la "conquista" neoliberal de Argentina y tras el golpe parlamentario contra Rousseff, se esperaba una escalada de los ataques políticos y mediáticos contra el gobierno de Venezuela. No ha habido que esperar mucho para comprobarlo. De aquí en adelante los problemas que sufren los argentinos y los brasileños, y que tanto parecían preocupar a los medios corporativos y que tanto tiempo ocuparon en sus espacios informativos, desaparecían de repente de su agenda, como si los problemas de los ciudadanos de estos países se hubieran esfumado con la llegada de los nuevos gobiernos neoliberales.
 
A su vez, este repentino olvido mediático acerca de estos países contrasta con el aumento de las noticias que llegan desde Venezuela. Es tal su obsesión que pareciera que las decisiones del gobierno de Venezuela fueran de obligado cumplimiento en España y Europa. El viaje del expresidente neoliberal Zapatero o el de Albert Rivera, entre otros serviles funcionarios del poder económico, forman parte del incremento de esa ofensiva imperialista contra el gobierno venezolano.
 
Este último personaje que citaba, el neo-falangista Albert Rivera que intervendrá ante la Asamblea de Venezuela invitado por la oposición golpista, exigió ante los medios de comunicación españoles que Maduro permitiera la celebración de un referéndum revocatorio (una figura democrática que en España no existe) que diera la oportunidad al pueblo de expresarse, dejando entrever que en Venezuela no se da esa posibilidad democrática y se ponen trabas a la voluntad y expresión popular. También afirmó que la suya era "la opinión de la mayoría social" en Venezuela. No sabemos en qué se basa para hacer esta afirmación, que parece corresponderse más con sus deseos que con la realidad.
 
"En Venezuela, más que mediar, tenemos que conseguir que haya un revocatorio o unas elecciones. Lo que hay que conseguir es democracia y que les dejen ejercer su derecho democrático a un revocatorio, su derecho constitucional a revocar un Gobierno" [diario ABC, 19/5/2016]
 
Parece ser que Albert Rivera y sus correligionarios pro-imperialistas desconocen también (lo digo de forma retórica, por supuesto) que desde 1998 con la llegada de Chávez, en Venezuela se han llevado a cabo 19 procesos electorales, todos ellos avalados por todos los observadores internacionales (entre ellos miembros de los partidos políticos españoles) que no han puesto en cuestión la legitimidad de dichas elecciones [2]. Por cierto, las últimas elecciones parlamentarias las ganó por mayoría la oposición, lo cual desmiente el mantra de que en Venezuela no exista un proceso electoral democrático y limpio. Desde los sectores del "chavismo" y la izquierda venezolana se respetó y aceptó democráticamente el resultado, justo lo contrario de lo que hacen los opositores que niegan y no reconocen los resultados electorales que pierden, siguiendo las indicaciones del Departamento de Estado norteamericano. La democracia en Latinoamérica sólo es válida cuando gana la derecha neoliberal.
 
Las manifestaciones convocadas por la oposición golpista en contra del gobierno siguiendo su nueva "hoja de ruta" son poco concurridas y muy violentas, aunque los grandes medios ocultan ambos indicadores haciendo parecer todo lo contrario. El pasado miércoles pudo comprobarse el carácter "multitudinario" y "democrático" de estos "pacíficos manifestantes" opositores, cuando un grupo de delincuentes opositores agredió brutalmente a una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (ver vídeo) y a varios policías más. También atacaron y causaron daños en varias residencias de estudiantes en Caracas (ver reporte de TeleSur). Algunos de estos mercenarios ya están identificados y detenidos, y han declarado que fueron contratados por el jefe de seguridad de un diputado derechista (se investiga el entorno del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup) para cometer este tipo de actos violentos contra las infraestructuras y las fuerzas públicas en las manifestaciones de estos últimos días. A pesar de todo, éstos "pacíficos manifestantes" serán considerados desde los grandes medios como "presos políticos".
 
 
Paradójicamente en España, tras ser acusado de agredir a un concejal del PSOE durante una manifestación en 2012, está encarcelado el sindicalista (SAT) y concejal (Podemos) Andrés Bódalo desde el pasado mes de marzo, sin que a Zapatero y a Rivera o el resto "activistas pro-democracia" se les haya movido un sólo músculo. También  aquí, en esta  España desde  donde  se pretenden dar lecciones de democracia a los gobiernos pos-neoliberales de América Latina, existen más de 80 expedientes judiciales abiertos contra cerca de 300 sindicalistas por participar en diferentes huelgas y manifestaciones, lo que  ha provocado la condena unánime de 21 sindicatos internacionales.
 
Si Andrés Bódalo y el resto de sindicalistas  enjuiciados por defender sus derechos laborales, fueran opositores derechistas y hubieran sido detenidos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia... o en Rusia, por ejemplo, serían  considerados  como "presos  políticos" y encontrarían el apoyo y la solidaridad internacional  de esos dirigentes, ONGs y medios de comunicación occidentales que tanto se "preocupan" por el cumplimiento de los Derechos Humanos en aquellas partes del mundo que todavía no dominan completamente.
 
El "revocatorio" que reclaman los opositores golpistas en Venezuela y quienes los apoyan en el exterior, y que parece ser de máximo interés mediático, político y electoral en España, debe seguir y respetar los requisitos que la Constitución y la ley venezolana exige para que se celebre (inicialmente recoger un 1% de firmas con respecto al censo electoral; después se requeriría un 20% del censo), algo que a día de hoy todavía no ha cumplido la oposición, que no tiene ningún interés en respetar los tiempos y los procedimientos legales e institucionales que se requieren. De hecho si no se celebra finalmente el referéndum, dado que la última palabra la tiene el presidente del gobierno, la derecha tendría la excusa perfecta para salir a las calles a denunciar que en Venezuela "no hay democracia". Y si por el contrario se celebra el referéndum y lo pierde la oposición, llamarían a desconocer los resultados y a ocupar las calles y cortar las carreteras de forma violenta (las llamadas "guarimbas") como ya hicieron en ocasiones anteriores cuando perdieron las elecciones. [leer informe de TeleSur: ¿Qué pasó el 12 de febrero de 2014 en Venezuela?]. No es por casualidad que el Consejo Nacional Electoral (CNE) - uno de los 5 poderes del Estado venezolano - sea blanco de sus protestas y de su ira contra las instituciones púbicas.  
 
Hasta el momento no tenemos conocimiento de que estos defensores de la libertad y los Derechos Humanos que viajan desde España para exportar "democracia" a Venezuela se vayan a reunir con las familias de las víctimas de las "guarimbas", ocasionadas tras las acciones violentas de 2014 encabezadas por Leopoldo López (motivo por el cuál está preso, y no otro) conocidas como "La Salida", y que provocaron la muerte de 43 personas y más de 800 heridos, además de daños millonarios a las infraestructuras públicas, incluyendo colegios y centros de salud. El derechista Rivera no se reunirá con las víctimas de las guarimbas, pero sí lo hará de nuevo con la familia de quien promovió políticamente esas muertes, el millonario golpista Leopoldo López. Una clara evidencia de cómo los Derechos Humanos son manipulados y utilizados como propaganda ideológica. Todo el altavoz mediático para Lilian Tintori y sus giras internacionales. Silencio y deprecio ante las familias de las víctimas de esas "pacíficas manifestaciones" orquestadas por su marido.
 
Tampoco parece que vayan a aprovechar el momento para exigirle al régimen de EE.UU. que deje de financiar a la oposición derechista venezolana, algo que en España y en cualquier país europeo está constitucionalmente prohibido y considerado como un grave delito contra la soberanía y la seguridad del Estado. Resulta de una hipocresía superlativa el hecho de que muchos de los que acusan sin pruebas al partido Podemos de estar financiado por el gobierno de Venezuela, apoyen sin fisuras la lluvia millonaria de dólares que reciben los grupos opositores venezolanos a través de las muchas "ONGs" y "Fundaciones" con sede en Washington que operan en Venezuela contra el gobierno.
 
"Además de los millones de dólares entregados de la NED, una fundación creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983 para "hacer el trabajo que la CIA ya no podía hacer públicamente", el Departamento de Estado y su Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), ha dedicado más de 15 millones de dólares a la oposición en Venezuela durante el periodo 2014-2015. En el presupuesto de Operaciones Exteriores del Departamento de Estado para el año fiscal 2016, que comenzó en octubre 2015, están apartados 5,5 millones de dólares para "defender y fortalecer prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyan los derechos humanos en Venezuela". Según el presupuesto ya aprobado por el Congreso, gran parte de esos 5,5 millones de dólares serán utilizados para "ayudar a la sociedad civil promover la transparencia institucional, el proceso democrático y la defensa de los derechos humanos". [3] 
 
En resumen, la derecha venezolana bajo la dirección de Washington tiene escrita una agenda violenta para derrocar a Maduro y pretenden ejecutarla. Los debates políticos y discusiones sobre el procedimiento legal del referéndum y otras cuestiones formales son sólo una excusa de cara a la opinión pública internacional. Para ellos Maduro tiene que irse por las buenas o por las malas, no hay otra opción. El problema para todos ellos, opositores internos y externos, es que a día de hoy está vigente el mandato popular del 14 de abril de 2013 y Nicolás Maduro es el legítimo presidente de Venezuela hasta el año 2019. Esa agenda oculta se llama Venezuela Freedom [4], un plan imperialista presentado ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados en marzo pasado por el general John Kelly, y del que ahora se está desarrollando su segunda fase.
 
"John Kelly, jefe militar del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo en entrevista con una cadena televisiva, que de presentarse una "crisis humanitaria" en Venezuela, al suscitarse un colapso de la economía, el país norteamericano intervendría en la nación bolivariana". (ver vídeo) 
 
Desde hace mucho tiempo algunos analistas internacionales vienen advirtiendo sobre una campaña de desestabilización contra Venezuela orquestada desde Washington a través de su Comando Sur de EE.UU. Esa "guerra asimétrica" contra el gobierno de Venezuela se ejecuta desde varios frentes: financiero, económico, diplomático, político, mediático, judicial... y también el militar. En una primera fase de este plan imperialista (dirigida por el general John Kelly) se trataba, principalmente, de golpear a la economía de Venezuela tratando de crear un descontento e indignación popular contra el gobierno bolivariano. Las sanciones económicos, la caída de los precios del petróleo, el "acaparamiento" y "desabastecimiento" continuo provocado por la burguesía venezolana,... aunque también los propios errores estructurales y estratégicos del gobierno parece ser que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Venezuela que, a pesar de todo, cuenta todavía con el apoyo de las clases populares y aún está a tiempo de revertir esta situación en el plano económico, como viene señalando el economista estadounidense Mark Weisbrot en varios de sus artículos [5]. 
 
"(...) el Gobierno tiene bastantes opciones para recomponer la economía, incluso sin la cooperación del Legislativo. Ya desde hace algunos años atrás, he venido insistiendo en que el sistema cambiario es el problema más importante, y que es un asunto que podría ser arreglado rápidamente. (...) Este sistema de cambio fijo y sobrevaluado, con una enorme prima en el mercado paralelo, tiene a la economía secuestrada en una espiral de “inflación-depreciación”. (...) Para salir de esta trampa, el Gobierno necesita pasar a una tasa de cambio flotante. En efecto, eso fue lo que hizo el Presidente Chávez en febrero de 2002; permitir que la moneda flote sin control de cambio."
 
En estos momentos delicados económicamente para Venezuela (y para todos los países que dependen del petróleo) y tras la derrota oficialista en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, y ante el nuevo contexto regional tras la llegada al poder de Macri en Argentina y el golpe parlamentario en Brasil contra Dilma (y contra los BRICS), el citado plan golpista contra Venezuela se incrementa y entra en una nueva fase. El plan Venezuela Freedom 2 fue redactado por el Servicio de Inteligencia Militar (DIA) y presentado por el almirante Kurt Tidd, actual jefe del Comando Sur que sustituye a John Kelly. Es a partir de este momento cuando desde los medios de comunicación corporativos no sólo se denuncia la "falta de democracia" y de "libertades" en Venezuela, o la "represión del régimen", sino que a estos mantras mediáticos se les añade también el factor "humanitario", tal y como está escrito en el guion. En estos momentos se está notando con total claridad cómo la ofensiva política y mediática contra el gobierno de Maduro pasa por denunciar la "crisis humanitaria" que vive el país.
 
El método no es nuevo, pero es muy eficaz: primero se ataca desde todos los frentes posibles a un país, y después, cuando ese país sufre las consecuencias de este ataque, se denuncian, se amplifican mediáticamente o incluso se inventan los efectos de ese ataque señalando al gobierno de turno de ser el culpable.
 
Es un clásico de EE.UU. y los países occidentales recurrir a las "crisis humanitarias" para justificar históricamente sus guerras de invasión en el mundo. Lo hemos visto en Libia en 2011 y aquel criminal "bombardeo humanitario" de la OTAN (apoyado, por cierto, por el gobierno del PSOE de Zapatero, y cuando el ahora miembro de Podemos Julio Rodríguez era entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa) o anteriormente en Yugoslavia, también con el "socialista" Javier Solana como Secretario General de la OTAN. Pero en el caso de Venezuela ésta estrategia de propaganda no había sido utilizada todavía, quizás porque era casi imposible denunciar una "crisis humanitaria" o directamente una "hambruna" en Venezuela cuando su gobierno era reconocido y premiado por organismos como la FAO y UNICEF debido a su lucha contra la pobreza y a sus avances en Salud y Educación.
 
"Expertos de la FAO destacaron que Venezuela no sólo ha logrado los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a la erradicación del hambre en el país sino que ha proporcionado asistencia técnica a otros países para que también puedan alcanzar esa meta. El director de Cooperación Técnica de la FAO, Laurent Thomas, señaló que las políticas alimentarias aplicadas por el Gobierno lograron que Venezuela sea uno de los 29 países que logró reducir a la mitad la cifra absoluta de personas subalimentadas para este año 2015". [diario Últimas Noticias, 8/6/2015]
 
Pero parece ser que la propaganda mediática occidental todo lo puede. Y mucho más cuando la necesidad de EE.UU. por conquistar nuevos recursos para tratar de mantener su decadente hegemonía global frente a China y Rusia es urgente y desesperada.
 
"Miles de familias que no tienen nada que llevarse a la boca", "niños y ancianos que mueren en los hospitales por falta de medicinas", "hambruna en Venezuela",... estos serán los eslóganes cotidianos en los medios corporativos a partir de ahora. En paralelo las ONGs más reconocidas emitirán informes en la misma línea que serán utilizados por los dirigentes de la OTAN para reclamar una "intervención humanitaria" en Venezuela, como ya adelantaba el general Kelly en octubre de 2015. Las bombas aliviarán el sufrimiento de los hambrientos mientras el petróleo fluye a raudales hacia las potencias occidentales a través de sus grandes corporaciones. Lo tenemos demasiado visto ya como para creerlo y apoyarlo.
 
No será fácil llevar a cabo con éxito estos planes golpistas. Venezuela no es Honduras, Paraguay o Brasil. Existe una militancia y una base social obrera muy concienciada y organizada. Pero la situación resulta muy difícil por el contexto interno y regional donde se desarrollan los acontecimientos. El pueblo trabajador y sus fuerzas armadas revolucionarias ("el pueblo en uniforme") tendrán que estar dispuestos a darlo todo para defender su Revolución, puesto que los planes del imperio y de las oligarquías, con el apoyo de las ONGs y los paraperiodistas, están más que claros: Venezuela y sus recursos están en el punto de mira. Atentos. 

 
 
REFERENCIAS - NOTAS
 
 
[2] Venezuela y los procesos electorales desde 1998,- Itobé y Javier Couso (AVN, 31/7/2015)
 
[3] EE.UU.: La emboscada contra Venezuela,- artículo de la abogada Eva Golinger (RT, 12/11/2015)
 
[4] Al descubierto: la agenda del Comando Sur contra Venezuela (informe especial),- informe presentado por las autoridades venezolanas en la web Misión Verdad, 20/5/2016 
 
[5]  La política económica podría determinar los resultados políticos en Venezuela,- artículo del economista Mark Weisbrot, co-director del Centro de Estudios Políticos y Económicos con sede en Washington (CEPR, 1/5/2016) 
 
 
 
 
 

La izquierda, desaparecida sin combate




Desde hace largo tiempo muchos tenemos la impresión de que derecha hay mucha, muchísima, pero que la izquierda apenas existe y está en proceso de desaparecer. O es que está muy escondida.


No se trata de ser más o menos radical, que también, sino de la brutal desproporción entre un capitalismo que se ha quitado definitivamente la careta “humana” y que vuelve por sus fueros más sórdidos y violentos en esta Europa que algunos llamaban civilizada y progresista no hace tanto tiempo y la respuesta política desde las llamadas “izquierdas”. Si son ustedes asalariados, clase trabajadora, aunque ahora “dicen” que tondos somos clase media, y hacen un repaso mental desde un año antes de esta larguísima fase de la crisis sistémica mundial (sitúense en España en 2007), el paisaje resultante en Mayo de 2016 es absolutamente devastador. No creo necesario cansarles con la larga lista de involuciones legales de los dos gobiernos del capital que hasta ahora hemos tenido (PSOE y PP). Y pongo la mano en el fuego, sin riesgo de abrasarme, de los que pudieran sustituirlos.


¿Frente a eso qué tenemos? Un “progresismo”, no una izquierda, mendicante, blandengue y pusilánime, acomplejado de su identidad histórica, que reniega hasta de su propio lenguaje, que hace rebajas permanentes en sus programas, empeñado en dotarse de un aura viscosa de respetabilidad burguesa y que se ha ido corriendo, en efecto dominó y en carrera de relevos hacia la derecha, según la crisis capitalista iba avanzando.


No hablo del PSOE, un partido de derecha civilizada, aunque habría que peguntar si fue civilizado el trato a la clase trabajadora del último gobierno Zapatero o si lo fueron los Ministros del Interior de Felipe González. Lo suyo es ser uno de los dos títeres con los que el IBEX 35 sigue detentando su poder; el económico, el auténtico poder.

PSOE, un partido de derecha civilizada

Hablo de los partidos, coaliciones, confluencias y otros enjuagues de las organizaciones y otros proyectos no cuajados que dicen estar a su izquierda y exhiben su impúdico cinismo programático en el supermercado de marcas electorales.


El “realismo político” más desvergonzado se ha asentado en lo que antes era “la izquierda”, lo que ha hecho de ella algo irreconocible para muchos que peinamos canas y que nos negamos a la amnesia en la que aquella, en alianza con una parte de los medios de desinformación, han querido enterrar a varias generaciones de trabajadores, para desclasarlas y amansarlas definitivamente.


El “realismo político” más desvergonzado se ha asentado en lo que antes era “la izquierda”

La cosa se empezó a torcer dentro del espectro a la izquierda del social-liberalalismo (Partidos Socialistas europeos) cuando los Partidos Comunistas y excomunistas se hicieron de pleno socialdemócratas (ya lo eran en buena medida al menos desde los años 60 del pasado siglo), haciendo suya, de facto la vieja idea gradualista de Bernstein, el enterrador del marxismo en la socialdemocracia alemana, cuando dijo lo de “El movimiento lo es todo; la meta final no es nada”.



 Se abrazaban a un reformismo chato del que desaparecía “de facto” el horizonte del socialismo, instalándose en un capitalismo de eterno retorno. El caso es que, si el movimiento lo es todo -las reformas-ahora ha girado en sentido inverso la aguja del tiempo, con lo que vemos para qué sirvió.
Empeoró mucho más cuando, con los movimientos antiglobalización, en parte sufragados por las propias fundaciones y élites globalistas y con la llamada “izquierda radical” (ex maoístas y trotskistas), convertidos en una especie de coordinadora de movimientos sociales (feminismo burgués de corriente anglosajona, ecologismo, animalismo, consumerismo, antiglobalización, etc).



Desapareció así la clase trabajadora como eje de un proyecto de trasformación política y social.
Menos mal que entre veganos, animalistas (Capital Animal, un nuevo lobby con mucho colaborador  notorio) y especistas han ideado un concepto que salvará el factor de clase: según ellos, los animales son trabajadores. No estoy bromeando. Este viernes 20 de Mayo se ha presentado en Madrid el libro de un “figura” llamado Jason Hribal, “Los animales son parte de la clase trabajadora”.



 Ardo en deseos de ver cómo explica la explotación laboral de las iguanas caseras sin existir salario y el modo en que se les extrae la plusvalía a los ornitorrincos en base a la teoría del valor-trabajo de Marx. Tantos años quemándose el de Tréveris las cejas para elaborar un análisis que el capital no ha podido refutar para que llegue un “cuñao” y suelte una… de este calibre. Ahí, con un par.



Total que hoy esas que ayer fueron izquierdas nos hablan de transversalidad y ciudadanía (disolventes del antagonismo de clase), de inclusividad del 99% contra el 1%, aunque en ese 99% haya un % significativo de empresarios de PyMES que explotan trabajadores, y se amagalman con neoperonistas de “la patria”, “la gente”, “la casta” (termino del que dejaron de hablar en cuanto debutaron en ella) y los “significantes vacíos”, a rellenar con el potaje oportunista que les apetezca.



Pero ninguno de ellos les dirá que el Estado no es neutro, que reviste una naturaleza de clase, como tampoco lo son las instituciones de Bruselas, que exigen ya al futuro gobierno el recorte de 8.000 millones de euros, que todos debiéramos saber, menos los ilusos, de dónde saldrá. Si ganan los de la ciudadanía, combinados con los del “núcleo irradiador”, habrá que ver cómo explican que la Syrizada que harán es mejor que las recetas de caballo de Rajoy o de Zapatero.



 Esto sin contar con la incorporación a su alianza preelectoral de anarcocapitalistas y ultraliberales mal disfrazados.


Y es que cuando hay que rebajar el perfil ideológico para que entre en la urna, en ella no cabe la lucha de clases. Ellos prefieren los besos de labios multicolores y los ataques psíquicos contra la bolsa de los “indignados” y, cuando se inflaman de fervor guerrero, las “manifestaciones de hologramas”. Esa es su base social.



La misma que la de la “izquierda francesa”, los jóvenes burgueses bohemios (“bo-bos”), que pactan con los CRS la hora de dejar la plaza e irse a la cama, las 4 de la mañana, tras mucha performance y mala poesía. La clase obrera trabaja al día siguiente y madruga, aunque luego es la que de verdad se enfrenta a las medidas de Hollande con sus huelgas.


No sé sorprendan de que un 25% de los votos de la UE recaigan ya en partidos fascistas y prefascistas que abanderan la rabia social, aunque en sentido reaccionario. Los “progres” los están trayendo, con su conversión en fuerzas defensoras, pero menguantes, del orden burgués, en lugar de dar a esa rabia fuerza y dirección realmente anticapitalistas y socialistas.



 Por Jean Paul Marat







Venezolanos, sirios, saharauis: la doble vara del Gobierno para dar la nacionalidad “por persecución”






El Gobierno ha dado la nacionalidad española a familiares del opositor venezolano Leopoldo López por “persecución política”, un criterio que no suele aplicar.
La persecución es merecedora de protección internacional y durante la crisis de refugiados sirios el Ejecutivo no ha desarrollado estas u otras medidas disponibles.

Los saharauis no acceden a la nacionalidad española por obstáculos políticos y burocráticos. Tampoco al estatus de refugiado en muchas ocasiones.


El Gobierno ha otorgado la nacionalidad española a dos familiares más del opositor venezolano Leopoldo López, que se suman a los dos nacionalizados el pasado diciembre. Lo ha hecho a través de la vía que permite dar la nacionalidad sin cumplir los requisitos habituales sino debido a “circunstancias excepcionales” que, en este caso, el Ejecutivo justifica con su necesidad de protección. “Para reforzar sus garantías democráticas ante la persecución política y judicial que sufren” y “en solidaridad a los que sufren persecución política”, según ha defendido la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Sin embargo, la voluntad política para salvaguardar la vida de personas perseguidas así como conceder la ciudadanía, ya sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, no es la misma para todos.



El criterio mencionado por el Gobierno en funciones, “la persecución política”, es un motivo reconocido para pedir asilo. Pero el compromiso y solidaridad defendido por el Ejecutivo con las personas que sufren persecución o huyen de los conflictos no ha quedado reflejada, por ejemplo, en su respuesta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.


Después de oponerse en multitud de ocasiones al establecimiento de cuotas para redistribuir a los refugiados llegados a Grecia e Italia, España se comprometió a reubicar a 16.000 personas procedentes de Grecia e Italia. Por el momento solo han llegado 18 refugiados. Tampoco ha iniciado el reasentamiento pactado con Bruselas de 1.449 solicitantes de asilo desde los campos de refugiados levantados en países como Turquía, Líbano o Jordania, a pesar de que esta vía permitiría su traslado a territorio español sin antes tener que arriesgar su vida.


El Ejecutivo también se ha negado a apoyar la propuesta de la Comisión Europea que contemplaba el establecimiento de un reparto permanente por cuotas para que los Estados miembros puedan distribuirse de forma equitativa a los refugiados y evitar los arriesgados desplazamientos secundarios a los que se ven abocados los solicitantes de asilo con el sistema actual. “El que sin más distribuyamos por cuotas las personas que como refugiados llegan a la Unión Europea, y con independencia del país de entrada, disuadiría totalmente a los países que somos frontera exterior de la UE de realizar cualquier tipo de esfuerzo”, criticó el ministro de Interior en funciones a finales de marzo. Otra de las medidas vetadas por España -entre otros países- es la creación de una misión de salvamento europea para evitar las constantes muertes en el Mediterráneo de las personas que huyen de la persecución.


El anuncio de Soraya Sáenz de Santamaría este viernes coincide con un contexto en el que millones de personas escapan de sus países debido a sus ideales o principios políticos, conflictos armados y otros motivos. Tienen derecho a la protección internacional que le brinde otro país. “Que con la crisis de asilo actual, el Gobierno utilice este criterio de la persecución y lo mezcle para dar la nacionalidad por motivos políticos es incalificable”, critica Francisco Solans, abogado especializado en Derecho de Extranjería.


A día de hoy, ninguna persona que huye de la persecución puede pedir protección en una embajada española. A pesar de que la Ley de Asilo de 2009 lo contempla, no se aplica porque desde entonces está pendiente de un desarrollo reglamentario que acumula cinco años de retraso. Esa opción ha sido una de las peticiones más repetidas por Acnur y organizaciones humanitarias para evitar las muertes y los peligros que afrontan hoy en día los refugiados. “La medida anunciada este viernes es “discriminatoria respecto a otros ciudadanos, incluso respecto a otros venezolanos. Si un venezolano quiere pedir asilo por motivos políticos en España, tendría que salir del país y llegar hasta aquí”, explica Solans.


La concesión de nacionalidad ‘por carta de naturaleza’ es una opción que contempla el Código Civil que, según el Ministerio de Justicia, “tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo”. Por tanto, describe, “será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales”.


En la práctica, es la forma de dar la nacionalidad por motivos políticos. “El Gobierno puede conceder al nacionalidad a quien le dé la gana y por lo que le dé la gana. Es tan amplio que en la práctica permite darla por los motivos que quiera el Ejecutivo”, explica Solans.

Otras nacionalidades son discriminadas

 

Muchas han sido las críticas hacia las dificultades de los saharauis a la hora de conseguir tanto el asilo en España como la ciudadanía en este país. Un caso emblemático es el de Hassana Aiala. El activista saharaui es una de las personas que Marruecos juzgó (en su caso dos veces) por la participación en las protestas de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental). A pesar de que su caso está muy documentado, el Gobierno denegó su demanda y la decisión fue recurrida gracias al asesoramiento legal de CEAR Euskadi. Varios abogados de saharauis solicitantes de asilo en España denuncian que todas las peticiones de protección son denegadas por parte del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional sin llegar a ser valoradas por la “clara complicidad” entre los gobiernos español y marroquí.


Uno de los colectivos más discriminados a la hora de conseguir la nacionalidad lo componen las personas de origen saharaui. Más allá de no tener la nacionalidad de España, la colonia que les abandonó en 1975, cerca de 400 saharauis residentes en España llevan años chocándose con la denegación sistemática de la ciudadanía a pesar de cumplir todos los requisitos marcados por el Ministerio de Justicia. Llevan más de diez años viviendo en España, cotizan a la Seguridad Social y no tienen antecedentes penales. Tampoco sirve el argumento de que sus padres son españoles –cuentan con el DNI español por haber vivido en una colonia– para lograr la ciudadanía. El motivo expuesto por el Ejecutivo: proceden de “un país no reconocido”.


Y a su vez, la medida de protección que existe para aliviar esa situación de ausencia de “país reconocido”, el Estatuto de apatrida, también suele rechazarse por parte del Minisiterio del Interior.


 “Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no pedimos el reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis, sino la apatridia. Es un procedimiento similar al del asilo, pero a medida que lo pedimos y se iban denegando, empezamos a recurrirlos a la Audiencia Nacioal y poco a poco estamos ganando casos”, explica Raquel de Celis de CEAR Euskadi.

Los sirios no obtienen nacionalidad hasta los 10 años

 

Por otro lado, la concesión de la nacionalidad por ‘carta de naturaleza’ y, supuestamente, por “motivos de persecución”, se trata de un paso más alla de la concesión del asilo, ya que los refugiados no obtienen la nacionalidad de forma española. En primer lugar, las personas con necesidad de protección registran su solicitud de asilo, cuya resolución debe ser resuelta en un plazo máximo de dos años -aunque en la práctica suele retrasarse más-. Una vez concedido el Estatuto de Refugiado, podrán adquirir su nacionalidad cuando hayan residido en España cinco años -dos en el caso de los latinoamericanos, los nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal-.


En otros casos, como en el de los sirios, el Ejecutivo otorga otro tipo de protección (subsidiaria) para la que no está contemplada la reducción de los requisitos a la hora de solicitar la nacionalidad. “Los sirios que quieran optar a la nacionalidad española deben residir durante 10 años en España”, aclaran desde CEAR.


Además, esta decisión del Ejecutivo llega después de que, el mismo Gobierno, haya endurecido los requisitos para obtener la nacionalidad “por residencia” (la vía más utilizada). La reforma del Registro Civil convirtió una gestión que hasta el momento era gratuita en otra de pago: entre las tasas administrativas, la documentación compulsada y las matrículas para los exámenes, puede llegar a costar más de 300 euros a los solicitantes.


 “También amplió los plazos de resolución de las solicitudes de los seis meses de máximo al año. Si ya antes tardaban dos años, ahora…”, añade Solans.


 

Desalambre | El Diario | 20/05/2016










viernes, 20 de mayo de 2016

Esto no es un artículo sobre Venezuela



¿Cómo se vería nuestro país si le aplicásemos el mismo filtro que los grandes medios usan con el gobierno bolivariano?


España no es una democracia, aunque celebre elecciones. Tiene comportamientos propios de una dictadura. Podemos llamarlo “régimen”. El régimen español. O sin medias tintas: la dictadura española.


 El partido gobernante, heredero del franquismo, ganó unas elecciones avaladas internacionalmente y reconocidas por la oposición, pero tras su victoria se ha dedicado a violar sistemáticamente los derechos humanos: pobreza, paro, desahucios, malnutrición infantil, gente pasando frío y buscando comida en contenedores. 


También los derechos políticos: ley mordaza, abusos policiales, palizas y disparos que dejan manifestantes tuertos, activistas sociales detenidos y numerosos presos políticos (sindicalistas, huelguistas, independentistas vascos). El gobierno manipula los medios públicos y los privados afines para desacreditar y criminalizar a la oposición democrática. En cuanto al conflicto del País Vasco, al norte del país, se conocen casos de tortura, cierre de periódicos, ilegalización de partidos y, años atrás, asesinatos parapoliciales. 


Recientemente la organización ETA abandonó unilateralmente la resistencia armada contra el régimen, pero el gobierno mantiene la represión y se niega a liberar a los combatientes vascos encarcelados. Como toda dictadura, España es un régimen corrupto: el partido gobernante ha saqueado regiones y ayuntamientos, y evadido millones al extranjero. La Justicia, controlada por el gobierno, intenta mantener una apariencia de independencia, pero la norma es la impunidad.


¿Reconocen a España en el párrafo anterior? ¿Es una descripción exacta? Todo lo que ahí se enumera es completamente cierto. Y sin embargo… El relato nos chirría, nos incomoda. Quizás es el lenguaje elegido. Quizás cierta exageración. Quizás que faltan matices importantes, y muchas otras cosas que no se cuentan y que también ocurren en España. Quizás que es una mirada parcial, interesada, muy sesgada.


Ahora imaginen que España llevase años en el lado equivocado del mundo. Que no fuese un aliado fiel de Estados Unidos, miembro de OTAN y Unión Europea, y perfectamente inserto en el capitalismo global, sino todo lo contrario: un país empeñado en hacer su propio camino, y además aliado con gobiernos de mala fama. Y que encima fuese una tierra rica en petróleo. Imaginen también que una parte de la oposición y del poder económico local estuviese empeñada en derribar cuanto antes ese “régimen”, recurriendo a todos los medios legales, pero también el golpe de Estado y el sabotaje.


De ser así, tengan por seguro que la imagen de España en la prensa internacional sería la del primer párrafo. Qué digo. Sería mucho peor. Además de sesgada, incluiría intoxicaciones, informaciones falsas. El régimen español. La dictadura española. Si encima nosotros no fuésemos españoles, sino habitantes de un país lejano pero con intereses empresariales allí, y tuviéramos un partido cuyos fundadores se relacionaron en el pasado con aquel “régimen”, entonces nuestros telediarios y portadas de periódico serían unánimes y machacones.


Ojo: nada de eso justificaría el deterioro democrático, la represión, la pobreza o la corrupción de esa España ficticia. Ni la hostilidad internacional (con EEUU a la cabeza), ni el juego sucio de parte de la oposición y del poder económico, ni la caída del precio del petróleo o la pérdida de socios regionales, servirían para disculpar los fracasos de ese imaginado gobierno español, como no sirven para disculpar los fracasos políticos y económicos propios de ese otro país que todos están pensando (y que se parece al nuestro como un huevo a una castaña, por si alguien cree ver aquí una comparación entre países tan opuestos).


Todos esos elementos no lo disculparían ni lo harían bueno, pero serían imprescindibles para tener una explicación completa. Una explicación que además incluyese todo lo hecho por unos y otros, tanto lo bueno como lo malo. Salvo que prefiramos quedarnos con una simplificación grotesca e interesada como la del primer párrafo. Ustedes eligen.



 Isaac Rosa | El Diario






Imprecisiones, lagunas, mentiras y errores del vídeo del PP contra los “gobiernos extremistas”


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 El PP difunde un vídeo en el que acusa a gobiernos autonómicos y ayuntamientos “extremistas” sin aportar datos ni fuentes de “espantar empresas”, “subir los impuestos masivamente”, “enchufismo” y “aumentarse los salarios”.


 Populares Vs Extremistas: Malas Prácticas de Gobierno


El vídeo habla de una “estampida de empresas” con la salida de “cientos de compañías”, especialmente en Cataluña, donde precisamente no gobierna ni el PSOE ni Podemos, objetivos del vídeo. Y lo afirma tajantemente sin citar la fuente los datos que aporta.



La estadística de empresas con cuentas de cotización de la Seguridad Social muestra que a finales de 2015 había 248.681 compañías. El mes pasado, la cifra había subido a 254.903. En el caso de Castilla-La Mancha, el número de empresas había subido en mil, apróximadamente la misma cantidad que en la Comunidad Valenciana en el mismo periodo.


El PP señala una subida masiva de impuestos en Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña. Ahora bien, ni define “masivo” ni explica cómo llega a esa conclusión.



Pone como ejemplo la ecotasa “contra el turismo” en Baleares, y el impuesto al turismo en Barcelona. La ecotasa, que empezará a aplicarse en julio, busca compensar el impacto del turismo en el territorio y los servicios básicos. Según el Gobierno balear, el dinero recaudado se invertirá en proyectos turísticos y medioambientales. El impuesto oscilará entre 0,25 y dos euros. Baleares ya aprobó una tasa similar hace diez años, que luego revirtió el PP. Sobre el impuesto turístico de Barcelona, fue en 2012 (mucho antes de que Ada Colau se proclamara alcaldesa) cuando la Generalitat aprobó cobrar en toda Cataluña un impuesto a estancias turísticas. Ahora, el ayuntamiento de la ciudad se está planteando otro tipo de tasa para gravar los turistas que no pernocten, pero aún no está aprobada.


En la Comunidad Valenciana amplió hace unos meses el número de contribuyentes obligados a tributar el impuesto de patrimonio y en Aragón se aprobaron modificaciones que incluyeron cambios en los tipos del IRPF, sucesiones o patrimonio para aumentar la recaudación del gobierno regional.
Sobre el paro, el vídeo destaca que ha bajado “en el conjunto de España”mientras “en las regiones donde gobiernan los extremistas, se han disparado los impuestos, la inseguridad jurídica y la burocracia”. No menciona como se ha comportado el paro por comunidades autónomas porque en el último año ha bajado en todas, excepto en Cantabria. Es más, Aragón, Baleares y Cataluña son precisamente los territorios donde más ha descendido el desempleo, según los datos del Ministerio.


“La formación de gobiernos extremistas pone en riesgo la unidad de España”.Ahora bien, no explica qué decisiones han tomado comunidades autónomas ni ayuntamientos que hayan supuesto “poner en riesgo la unidad de España”. El vídeo pone como ejemplo de “propiciar la división de los españoles y el ataque a nuestros símbolos constitucionales”, y pone como “claro ejemplo fue la retirada del busto del rey emérito del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona”, pero no explica que esa retirada se ajusta a la legalidad y que no existe ninguna exigencia legal para que haya bustos de reyes en los plenos: no en vano, en la inmensa mayoría de los plenos de los ayuntamientos españoles no hay bustos reales.


Los que venían a regenerar la democracia, lo primero que han hecho es enchufar a sus parientes, subirse los sueldos y despilfarrar el gobierno público allí donde gobiernan. Eso sí, ni especifican cuáles son esos enchufes, ni esas subidas salariales ni ese despilfarro. Si se repasan todos los nuevos gobiernos autonómicos y municipales fruto de algún acuerdo entre PSOE y candidaturas ciudadanas participadas por personas de Podemos nacidos del pasado 24 de mayo, los casos de personas con alguna relación familiar con cargos electos son escasos.


Por ejemplo, la contratación como jefe de gabinete de un familiar político de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La contratación de Luis Cueto, marido de su sobrina, fue explicada así por el equipo de Carmena: “Cueto ya es un funcionario de alto nivel que simplemente se ha trasladado de puesto”.


El PP también azuzó la polémica por la contratación de la pareja del concejal de Madrid Pablo Soto, quien precisa de ayuda por ser una persona con discapacidad, ayuda que le presta fundamentalmente su propia pareja. Del mismo modo que criticó que Luis Maestre, el padre de la portavoz municipal, Rita Maestre, funcionario de carrera y responsable de diseñar la Oficina de Atención al Contribuyente en la etapa de Gallardón, sea uno de los cuatro subdirectores del organismo que la sustituye, la Subdirección de la Agencia Tributaria.


Otras incorporaciones que han sido criticadas por el PP tras ser nombradas para cargos de confianza han sido Eduardo Garzón, economista y hermano de Alberto Garzón, contratado en la concejalía de Economía del Ayuntamiento de Madrid; y Vanesa Valiño, ex directora del Observatorio Desc –además de pareja de Gerardo Pisarello– como asesora de la concejalía de Vivienda: Valiño fue la coordinadora del informe Emergencia habitacional en el Estado español de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC y es experta en asuntos de emergencia habitacional y de vivienda.


“Se han subido los salarios”. La propia Valiño, como Garzón, están sujetos al código ético de sus organizaciones, que establece, entre otras cosas, que su sueldo bruto no podrá superar los 2.200 euros y que no cobrarán dietas por asistir a reuniones. En realidad, más que subirse los salarios, lo que han hecho ha sido poner un límite a la cantidad de eventuales contratados – en el Ayuntamiento de Madrid se ha producido un ahorro de tres millones de euros en esta partida– y se ha puesto un límite al salario que se embolsan los cargos públicos, toda vez que la oposición no ha querido aprobar la bajada de los salarios de los cargos electos. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, sí ha podido rebajar el salario oficial a 80.000 euros –20.000 menos que su predecesor–, de los cuales sólo se embolsará 43.000. El remanente, se destinará a acciones sociales.


Los cargos institucionales de Podemos, IU y confluencias, así como la de los cargos administrativos desempeñados por miembros de estas organizaciones, están limitados en tres veces el SMI.


Estas medidas tienen poco que ver con la del PP, donde se ha sabido, por ejemplo, los cargos institucionales han recibido sobresueldos del partido por sus responsabilidades orgánicas.


“Se ha negado la libertad de elección de los padres a la educación de sus hijos al reducir la enseñanza concertada en las comunidades donde se están aplicando las políticas extremistas”. En efecto, depende de qué se entienda por libertad de elección: lo que dice el vídeo del PP sin aportar detalles sería cierto si se entiende que un colegio que segrega por sexos debe seguir manteniendo conciertos con organismos públicos, toda vez que la Constitución establece que no se puede discriminar a nadie por razones de sexo.









Preparativos de intervención militar en Venezuela. Por Ángel Guerra Cabrera


 
 Venezuela se acerca como nunca a un punto de definición después del golpe en Brasil. El presidente Maduro ha prorrogado el estado de emergencia económica y firmado decretos que confieren facultades excepcionales a las comunas, los Consejos de Producción y Distribución y a la fuerza armada nacional bolivariana, ha ordenado un ejercicio conjunto de estas y las milicias y orientado ocupar las fábricas que cierre la burguesía. Radicalizar a fondo la revolución es el único camino para aplastar a la contrarrevolución.
 
 
El guión de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha sido escrito en el Comando Sur (CS) de sus fuerzas armadas y se aplica al detalle por sus aliados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sigla que cobija a la contrarrevolución, o sea, el instrumento imperial para estimular el desabastecimiento creado por las grandes empresas, y las acciones de calle y violencia armada dosificada que favorezcan las condiciones idóneas para justificar la intervención militar directa en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Lo dice todo la afirmación del almirante Kurt W. Tidd, jefe del CS: nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen. 


Algún amigo facilitó a Caracas los 12 puntos de la fase 2 del plan del CS. El documento sentencia “la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y antiestadunidense, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación” 


Entre sus éxitos, el CS destaca: a) poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro (el burro hablando de orejas); b) destaca el “mecanismo de la Orden Ejecutiva” (de Tidd) para justificar el desarrollo de nuestra política, que tiene justificativo legal en la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América; c) presume del aislamiento internacional de Venezuela; d) “generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA” (más adelante el documento menciona tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes el mismísimo secretario general de la OEA), tránsfuga, a quien el ex presidente José Mujica, al comprobar la puñalada por la espalda que preparaba contra Caracas su ex canciller, fulminó: lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido; e) “colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU” (las cursivas son mías). 


Cuando uno lee el documento, confirma que todo lo que dice se está cumpliendo al pie de la letra y, a la vez, no puede si no recordar intervenciones como la de la CIA que derrocó al presidente Arbenz en Guatemala (1954), o la de los marines y la 82 división aerotransportada que impidió el regreso del presidente Juan Bosch a República Dominicana(1965), previamente derrocado por un golpe de Estado teledirigido desde Washington –ambas amparadas por la OEA–, o el falaz argumento de las armas de destrucción masiva para invadir Irak (2003), por mencionar sólo tres casos. Washington ha desarrollado una panoplia de instrumentos de control de las conciencias y replanteado el concepto mismo de guerra, apoyándose en las investigaciones de los académicos a su servicio y en las nuevas tecnologías, pero hay contenidos fundamentales del libreto desestabilizador e intervencionista que se remontan al siglo XIX como la campaña mediática desenfrenada. 


Desde febrero de 2014 la oposición –pese a sus trifulcas internas– viene cumpliendo con este plan que incluye las guarimbas y la utilización de paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, quienes se han apoderado del mando de las redes delictivas y ejercen la violencia con propósitos que sirven al plan del CS. 


También está la vertiente de las protestas de calle conjugadas con violencia. Esta semana, la segunda de dos marchas al centro de Caracas organizadas por la oposición, según ella para presionar la convocatoria el referendo revocatorio, terminó con estudiantes y policías bolivarianos heridos y actos vandálicos. Como explica el plan del CS el referendo es solo un pretexto y lo confirma que la MUD no ha cumplido con los requisitos para convocarlo. Como para recordar quién manda el CS hizo penetrar un avión militar en Venezuela dos veces en días pasados. 


Venezuela se acerca como nunca a un punto de definición después del golpe en Brasil. El presidente Maduro ha prorrogado el estado de emergencia económica y firmado decretos que confieren facultades excepcionales a las comunas, los Consejos de Producción y Distribución y a la fuerza armada nacional bolivariana, ha ordenado un ejercicio conjunto de estas y las milicias y orientado ocupar las fábricas que cierre la burguesía. Radicalizar a fondo la revolución es el único camino para aplastar a la contrarrevolución.
 
 
 
 
Fuente: La Jornada 
 
 
 
 
 

jueves, 19 de mayo de 2016

¿Por qué hay un nuevo Plan Cóndor en Latinoamérica?¿Cuál es la agenda?

Desde la llegada de los Gobiernos progresistas a Latinoamér​ica, la región se ha convertido en el blanco de una plan golpista no convencional que con los años ha quedado en evidencia y que ha sido denunciado por líderes de izquierda como un nuevo Plan Cóndor*.


En entrevista a teleSUR, el analista y periodista Miguel Jaimes aseguró que esta nueva operación es de bajo perfil, debido a que, mientras en Medio Oriente se busca implantar la guerra y el empleo de armamento bélico, en América Latina se promueven los juicios políticos como el aprobado recientemente a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, y como el que se intenta imponer a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, para enterrar su liderazgos.

Por su parte, el investigador Adalberto Santana dijo que el fin último de estos procesos es aplicar el "pentagonismo" en el Sur, dado los recursos petroleros, ambientales y económicos con los que cuenta la región.

También, atribuyó el Plan Cóndor a la intención de Norteamérica desmontar la revolución y los gobiernos populares, para mantener su "dominio".

Constantes denuncias del Plan Cóndor

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció nuevamente la puesta en marcha de un Plan Cóndor como ofensiva imperial para romper el orden constitucional de los países de la Patria Grande, con el propósito de restituir el neoliberalismo y judicializar la política.

Maduro no ha sido el único mandatario que ha expresado su preocupación por una cruzada que "persigue desaparecer los gobiernos de izquierda", su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, viene alertando desde principios del año pasado sobre los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas en Latinoamerica.

Su denuncia cobró más fuerza este año ante los hechos registrados en Brasil cuando fue detenido el exmandatario de esta nación y "sometido al escarnio público luego de anunciar que participaría como candidato a la presidencia" en las elecciones de 2018.

"¿Usted cree que eso es casualidad? Es el nuevo plan Cóndor contra los gobiernos progresistas (…) Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal", dijo Correa.

Hoy la intranquilidad en la región crece ante el golpe suave de Brasil. "Querer romper el orden constitucional, sacar un presidente democráticamente electo es gravísimo, la judicialización de la política, un juez no tiene legitimidad democrática para tumbar a un Gobierno (...)", añadió.

En julio de 2015, el jefe de Estado venezolano ya había denunciado la existencia de una conspiración contra los procesos revolucionarios del continente, "una ofensiva global".

Destacó que la intención de la derecha es revivir los procesos de hace 40 años y señaló que esta operación ya no incluye golpes militares ni dictaduras forzadas, sino implantar el modelo neoliberal por medio de acciones que parecen legítimas porque cuentan con el aval de instituciones, parlamentos y senados.

Ruptura del orden interno de los países

Las constantes presiones económicas impuestas a Argentina, la desestabilización de la economía a través del ataque a su moneda y el desabastecimiento, además de la criminalización de los gobiernos progresistas, son señaladas por Jaimes como muestras claras de la existencia de un plan para la erradicación de movimientos de izquierda en Suramérica.

Estos constituyen factores que buscan crear desesperanza en la población, frenar los programas sociales de los Estados y acabar con la imagen de los liderazgos revolucionarios en la región, empleando a los medios de comunicación para generar el rechazo masivo.

Este martes, el presidente Maduro fustigó la campaña internacional contra su mandato, la cual se ha recrudecido desde 2014 cuando acciones violentas denominadas La Salida dejaron un saldo de 43 personas muertas y 800 heridas.

Diarios internacionales de Estados Unidos, España y Colombia participan de la arremetida mediática contra Venezuela, mientras que en Brasil y en Argentina la prensa de la derecha es la encargada de colocar en agenda las matrices que señalan como corruptas, sin pruebas, a la mandataria Dilma Rousseff y la expresidenta Cristina Fernández.

La agenda 

Jaimes asegura que detrás de los golpes blandos hay una serie de aristas de análisis permanente, que preparan las circunstancias para que la población acepte o justifique la remoción de las figuras políticas de sus cargos.

Entre ellas, destacó:

-El constante ataque a la economía y los aparatos productivos de los países suramericanos y progresistas: las maniobras para la baja de los precios del petróleo, el desabastecimiento en Venezuela, así como el sabotaje en el precio del dólar paralelo y otros relacionados con los indicadores económicos, forman parte del Plan Cóndor. Estos persiguen crear desesperación en la población y además afectar el financiamiento de los programas sociales.

-Muerte de líderes de base media y baja de los partidos socialistas y populares: El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Honduras) y del joven diputado Robert Serra (Venezuela) son ejemplos de los ataques de los grupos de la derecha, ya sea a través de trasnacionales o grupos paramilitares financiados con capital extranjero. Estas acciones tienen como objetivo principalmente restarle los liderazgos influyentes a los partidos sólidos y desmoralizar a sus militantes.

-Empleo de campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios y hundirlos políticamente: Aparte de buscar que sean procesados y desterrados del ámbito político, se cree que los medios de comunicación buscan influir en la población atemoralizándola, manipulándola y deslegitimando los poderes. Ejemplo de ello, es que un expresidente como Álvaro Uribe (Colombia), "aparezca constantemente en los medios con sus opiniones sobre intervención militar sobre una nación soberana, llamando a las fuerzas armadas a hacerlo, ¿Quién es él para hacerlo? y ¿Por qué los medios han dado tanto despliegue a eso?".

-Violencia y Narcotráfico: Un mal que crece a lo largo de todo el continente y que se adueña de las poblaciones incluso más humildes con el objetivo de crear puertos libres para el tráfico de drogas entre el Sur y el Norte. Es una forma de terrorismo que incluso en Venezuela se ha desarrollado con la injerencia de bandas criminales que operan desde Colombia.

-Criminalización de los movimientos de izquierda, corrupción y ataques al ambiente: Se busca, con apoyo de los medios de comunicación, culpar únicamente de la corrupción a los movimientos y partidos de izquierda, cuando muchos de ellos son los que han iniciado la lucha por el esclarecimiento de estos casos. Dijo que se busca establecer una asociación entre los delitos y los líderes de izquierda.

-ONGs y la manipulación de jóvenes: Estas organizaciones son las encargadas de generar los movimientos en las calles con el empleo de jóvenes a los que se les utiliza para propiciar acciones violentas y hacer ver ante el mundo que hay descontento. Muchas de estas ONG son financiadas por la USAID y la NED, estructuras ejecutoras de las políticas del imperio, señaladas de ser promotoras del golpes de Estado como el de Venezuela en el año 2002.

* El Plan Cóndor fue una operación que consistió en la coordinación de acciones entre las dictaduras de derecha que se registró en varios países de Suramérica (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador) entre las décadas del 70 y 80 en el que estuvo involucrado EE.UU.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Amo Rosell

Imagen de Paco Garabato
 
 
Juan Rosell, presidente de la CEOE, ha dicho que el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX ya que en el futuro habrá que ganárselo todos los días. 
 
 
No es la primera vez que nos vienen con estos cuentos.
 
 
 Con su actitud de amo, con su hablar de amo, con su filosofía de amo. Piensan que pueden decir lo que les venga en gana. Y lo hacen.
 
Se acabará eso de currar todos los días.
 
Se acabará enfermarse y seguir cobrando.
 
Se acabará tener hijos y después volver al trabajo.
 
Se acabará jubilarse, ¡A morirse a pie de tajo, como está mandado ¡
 
Pasar hambre no es tan malo.
 
Los grilletes están bien engrasados.
 
Nos mirarán los dientes antes de contratarnos.
 
Nos abrirán las piernas pa saber si hemos fornicado.
 
Y rubricarán los títulos de propiedad que llevan nuestro nombre para ponernos a la venta en cualquier mercado.
 
Bienvenidos al siglo XXI, el siglo que nos devuelve a los tiempos del feudo, del derecho de pernada, de los vasallos.
 
El amo está enfadado, no gana bastante si tiene que pagarnos.
 
El amo está indignado, le atormentan los sindicatos.
 
El amo siempre tiene razón, todo es culpa de los asalariados.
 
Pero si el amo recuerda los siglos pasados deberá recordar también que las cadenas  dolieron tanto   que  liberó las conciencias y puso en pie, furiosos, a los explotados. 
 
Deberá recordar que no nacimos para ser esclavos.
 
Deberá recordar que nunca agachan la cabeza los que van a ser ahogados.
 
 
 
 
 

lunes, 16 de mayo de 2016

El golpe de Estado en Brasil (una imagen vale más que mil palabras)


Está claro, es un golpe de estado a la nueva usanza: Lo aderezan con un poco de manipulación mediática y ya está, "la democracia" funciona, la tormenta perfecta controlada. la mafia política y económica ha destituido en Brasil al gobierno legítimamente elegido por las urnas, y ha puesto un gobierno al servicio de las mafias económicas.   


 Quienes defienden en España está acción, recordarles la ley no no permite. No hemos llegado a ese nivel de democracia, lo cual tampoco es un consuelo, porque se debería poder  destituir a gobiernos corruptos, o al jefe del estado con la misma facilidad que se ha realizado en Brasil, a pesar de no darse motivos y se haya realizado a base de comprar los  votos de los congresistas corruptos para destituir a Vilma.    


Aquí podemos tener un gobierno de presuntos ladrones (no digo que el actual lo sea, libreme Dios,  y me contenga la ley mordaza de pensarlo)  y es hasta que las nuevas elecciones lo decidan, e incluso millones de españoles se hagan cómplices y lo vuelvan a votar.   

 Y podemos tener un jefe del Estado corrupto(no digo que el actual lo sea, libreme Dios, y me contenga la ley mordaza de pensarlo) y resulta imposible destituirlo  con la sacrosanta  constitución de 1978 en la mano. Constitución virgen, mil veces violada y con el himen mil veces reconstruido, por los dos principales partidos del Régimen, en la mayoría de las ocasiones de manera conjunta.


 Las imágenes hablan por si solas, arriba, personas diferentes, hombres y mujeres de diferentes tonos de piel y vestimentas, denotan la diversidad brasileña, tal vez, no todo lo que debieran de la población, 50.7% de un total de 190,732,694 personas, es de raza negra o mestiza.   

   Los pobres, De los 16.2 millones de personas que viven en extrema pobreza (aproximadamente 8.5% de la población), que se clasifica con un ingreso menor a 70 reales [aproximadamente USD $38] al mes o menos, el 70.8% son negros.


 La otra mitad se divide entre blancos, indígenas, asiáticos y lo que llaman ellos "pardos"  la mezcla de mestizos, zambos y mulatos.


   Sin embargo, en el gobierno impuesto por la mafia, bien podría ser el gobierno de cualquier país europeo, todos blanquitos y uniformados por el traje habitual de los mafiosos consagrados( con ello no digo que la gente honrada también lo vista). Y es que las mafias se parecen tanto...