20 años de Perejil, la crisis que puso en alerta a Canarias con “todo el operativo militar dispuesto”
La toma del islote próximo a Ceuta por parte de gendarmes marroquíes hizo temer una invasión de las Islas por el vecino africano; desencadenó un severo conflicto entre Madrid y Rabat, y obligó a la mediación de Estados Unidos
El próximo día 11 se cumplirán 20 años de un suceso que agitó la actualidad internacional y que provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre España y Marruecos.
En contraste con la situación actual, en la que la sintonía marca las relaciones a raíz del giro español sobre el conflicto saharaui, las relaciones entre ambos países tocaron fondo cuando, en la tarde del 11 de julio de 2002, una docena de gendarmes marroquíes tomó por sorpresa el despoblado islote español de Perejil, de apenas 500 metros de largo por 300 de ancho, situado a 250 metros de la costa marroquí y a 8 kilómetros de la ciudad de Ceuta.
Las primeras informaciones periodísticas apuntaron a una operación contra el narcotráfico, aunque Rabat aclaró que la acción formaba parte de su estrategia “contra la inmigración clandestina y el terrorismo”.
Los ocupantes levantaron dos tiendas de campaña e izaron sendas banderas de Marruecos.
Después de que fracasara el intento de la Guardia Civil para que abandonaran el peñasco los gendarmes, que llegaron a encañonar a los agentes españoles, el Gobierno de Aznar activó, preventivamente, un despliegue militar frente a las costas de Ceuta y Melilla, movilizando tres navíos, aviones F-18 y helicópteros, una medida que Rabat calificó de “desproporcionada”.
Madrid justificó la operación para “dar confianza” a los residentes en las ciudades autónomas. La crisis se escenificó también en el campo diplomático, con la retirada de los embajadores.
Mientras la Comisión Europea expresó su preocupación por los hechos, la OTAN se desmarcó de cualquier intervención desde el primer momento al considerar el asunto puramente bilateral entre España, país miembro de la Alianza Atlántica, y Marruecos.
El no avance en las conversaciones entre ambos ejecutivos llevó al Gobierno español a mover ficha y a optar por una solución militar.
El 17 de julio, “al alba y con viento de levante de 35 nudos”, en palabras pronunciadas en el Congreso por el ministro de Defensa, Federico Trillo, un comando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, aerotransportado en dos helicópteros y apoyado por unidades navales y aviones de combate, participó en la operación Romeo Sierra (códigos de las letras R y S, cuyo significado se asoció a “Recuperar Soberanía”) y procedió al izado de la bandera española y a la detención, sin usar las armas, de los seis gendarmes marroquíes que custodiaban en ese momento el territorio.
Ninguno opuso resistencia y fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para, seguidamente, ser devueltos a Marruecos como “inmigrantes irregulares”.
El Gobierno de Canarias mostró su “apoyo decidido” a la intervención militar española. Ese mismo día, el jefe del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, recibió la llamada del vicepresidente nacional, Mariano Rajoy, que le informó sobre las razones estratégicas de la operación.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Román Rodríguez subrayó ayer la gravedad del incidente y la “crisis severa” que atravesaban en aquel momento las relaciones entre los dos países. “Yo mismo tenía un viaje programado a Marruecos en aquella época y el Gobierno español me pidió que lo aplazara porque las tensiones eran muy serias”, recordó.
Para el actual vicepresidente del Gobierno, “no cabe duda de que la ocupación a las bravas del islote de Perejil por Marruecos tenía como trasfondo la posición española, entonces respetuosa con la legalidad internacional, respecto al histórico conflicto del Sáhara”.
Rodríguez sostiene que la operación de Rabat era “un mecanismo para tensionar y provocar al Gobierno de España”.
Rabat exigió la retirada “inmediata” de las tropas españolas de Perejil, mientras el ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, elevó el tono y reclamó abiertamente la soberanía de Ceuta y Melilla.
Al día siguiente, el Ejército desplegó un destacamento de soldados de Infantería en Lobos, al noreste de Fuerteventura y se activó un sistema de vigilancia aérea en La Graciosa y en el resto del Archipiélago Chinijo.
El ministro de Defensa llegó a admitir en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados que Canarias permaneció en “situación de alerta, con todo el operativo militar dispuesto” ante la amenaza de una invasión marroquí. Por primera vez se contemplaba públicamente tal posibilidad.
El 20 de julio, nueve días después del inicio de la crisis, España retiró a los 75 legionarios que vigilaban el islote después de la mediación, a petición marroquí, del secretario de Estado norteamericano Colin Powell. Washington, que optó por mantener una posición neutral en el conflicto, convenció a Madrid y Rabat para devolver a Perejil a su statu quo anterior al 11 de julio.
El islote frente a la costa de Marruecos volvió a quedar desierto y se cerró así uno de los episodios más tensos y surrealistas entre España y Marruecos.
El 30 de enero de 2003, ambos países sellaban la paz y normalizaban sus relaciones con el regreso de sus embajadores.
Román Rodríguez considera que, ante la ocupación del islote, el Gobierno español reaccionó con “claridad y firmeza y sin ceder al chantaje”.
Una realidad que contrasta, a su juicio, con los nuevos vientos que soplan desde el Estrecho.
“Desgraciadamente, ahora, sin invasión, se ha producido un cambio de tercio respecto al Sáhara que no cuenta con el apoyo del Parlamento español ni del de Canarias y que, desde nuestro punto de vista, contraviene la legalidad internacional y deja a los ocupados más debilitados”, subrayó.
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