Los empresarios del pelotazo de las mascarillas en Madrid inflaron el precio de los guantes un 426%
Según Anticorrupción, Luceño ocultó al hijo de Naty Abascal comisiones millonarias pactadas a sus espaldas Fiscalía les acusa además de falsificar documentos para presentarse como representantes exclusivos de la fábrica malaya en España
Tuvieron que devolver al Ayuntamiento más de cuatro millones por los productos defectuosos.
Después gastaron 60.000 euros solo en seis días de hotel en Marbella
Los empresarios investigados por pegar un pelotazo millonario con la venta de mascarillas y otros productos sanitarios al Ayuntamiento de Madrid inflaron el precio de los guantes un 426%.
Así lo estima la Fiscalía anticorrupción, que ha presentado una querella contra ellos al considerar que falsificaron documentos y pactaron comisiones millonarias a espaldas de la Administración.
De hecho, Anticorrupción explica que uno de los dos empresarios, Alberto Javier Luceño Cerón, pactó incluso más comisiones con la fábrica malaya que servía las mascarillas a espaldas de su socio.
Como ejemplo de la actividad de ambos empresarios, sin experiencia previa alguna en el sector sanitario, Anticorrupción refleja el caso de los guantes comprados por la empresa funeraria de Madrid, la firma pública que canalizó los contratos de emergencia en esas fechas.
Según la querella presentada por la Fiscalía, los dos empresarios pactaron un precio por cada guante de “de gran calidad y que cubría gran parte del brazo”.
En realidad llegaban hasta la muñeca y la calidad era “ínfima”.
Los mismos guantes que ambos empresarios vendieron por dos dólares la pareja se vendían en los supermercados de Madrid a 0,08 euros. Y como prueba, desde el consistorio les enviaron una foto.
El asunto se saldó cuando Luceño aseguró que ante las quejas, la fábrica malaya había decidido dejar el precio de cada par a 0,38 dólares.
Sin embargo, según anticorrupción, ese fue siempre el precio de los guantes desde fábrica, y el resto de dinero hasta llegar a los dos euros por cada par, eran comisiones cargadas por los dos empresarios españoles.
De hecho, cada uno había pactado un recargo para su bolsillo de 0,45 euros por pareja de guantes, pero a espaldas de su socio, Luceño había negociado otro 0,72% solo para él.
En total, cuatro millones de euros en comisiones, que encarecieron el precio de ese producto hasta un 426%.
Comisiones a espaldas de su socio y documentos falsos
De hecho, tras el desastre de la operación, la fábrica impuso también una penalización a los intermediarios españoles, que la cargaron sin tapujos al precio ofrecido a la Administración.
En este caso, las comisiones finalmente no se cobraron ya que el Ayuntamiento se percató de la pésima calidad de los productos obligando a reducir el precio hasta el montante original.
Como la fábrica ya había autorizado el pago de 1,8 millones de euros a Luceño por este concepto, los fondos sirvieron para pagar la comisión del empresario investigado en el contrato de test contra el covid-19, que también contó con partidas defectuosas.
Ante el banco y para justificar los pagos, ambos empresarios presentaron documentos falsos según Anticorrupción que les colocaban como los agentes exclusivos de la empresa malaya en España.
En total, el ayuntamiento pagó más de once millones en tres contratos, de los que seis millones quedaron en sus manos en forma de comisiones.
Con el dinero, en mitad de la pandemia, Luceño se gastó por ejemplo 60.000 euros en una estancia de seis días en un hotel de Marbella, relojes Rolex y varios coches de lujo como un Ferrari y un Aston Martin.
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