El IPC alcanza el 9’8% empobreciendo todavía más a la clase trabajadora
Aunque el gobierno y los principales medios de comunicación atribuyen el nuevo dato récord de inflación desbocada a la guerra de Rusia contra Ucrania y, por lo tanto utilizan como chivo expiatorio a Putin, lo cierto es que ya andaba así antes de la guerra y que los precios disparados a partir de ese conflicto no han hecho más que intensificar todavía más la tendencia.
Tras el aumento del 9’8% del IPC en marzo, dato adelantado por el INE, los precios habrían aumentado un 2,2% respecto a febrero, una cifra desconocida desde marzo de 1985. Y, como señalan la mayoría de analistas, los precios ni siquiera han tocado techo y se prevé que sigan aumentando en los próximos meses.
Según la información divulgada por el INE, el IPC de marzo ya reflejaría el impacto extra de la subida de precios atribuible a las consecuencias de la guerra en Ucrania, una tendencia anterior al conflicto, con un incremento sobre todo de los precios de la electricidad y de los carburantes, además de en el transporte y los alimentos básicos.
El gobierno atribuye el incremento del 2’2% en “un 73% al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados“, al tiempo que pide apoyo para desplegar las medidas aprobadas este martes para frenar la escalada de los precios.
Sin embargo, a lo que los principales medios de comunicación ni el gobierno aluden en su análisis es a un factor básico en el aumento de los precios. Nos referimos a la especulación, que tan cuantiosos beneficios proporcionan a sectores poderosos del capital.
Por ejemplo: ¿cómo no relacionar el aumento escandaloso y sostenido del precio de la luz y los superbeneficios del puñado de empresas del oligopolio eléctrico? ¿O el aumento descomunal del precio de los carburantes sin relacionarlo con las hiperganancias de las empresas petroleras? ¿O el incremento de los precios de los alimentos sin tener en cuenta el descenso de precios de muchos productos en origen mientras las grandes distribuidoras se embolsan cuantiosos beneficios?
Frente a este escenario de verdadera emergencia social, que empeorará sin duda en los próximos meses, cabría exigir algunas medidas elementales que preserven las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora, la verdadera productora de riqueza, abocada a un empobrecimiento general si no se le pone remedio. Medidas que sólo son posibles yendo a la raíz de los problemas.
Precisamente allí donde no van las medidas del gobierno.
Nos referimos a la inmediata regulación de precios de productos básicos (llegando si fuera necesario a la intervención de las empresas de sectores clave como las eléctricas, energéticas, de transporte, distribuidoras del sector alimentario…), al establecimiento de impuestos especiales a las grandes fortunas y los beneficios empresariales, a la escala móvil de salarios, pensiones y prestaciones sociales (ya perdieron entre 3 y 5 puntos de poder adquisitivo en 2021), con revisión mensual según el IPC para garantizar, cuando menos, el mantenimiento del poder adquisitivo…
Claro que el ‘gobierno más progresista de la historia’ no ha tomado ninguna de esas medidas en su plan de emergencia, ni tampoco los acomodados y bien engrasados sindicatos del régimen (CCOO y UGT) claman por ellas.
Y es que abordar esas tareas, que preservarían las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora, exigen enfrentarse resueltamente con los intereses antagónicos del verdadero poder político, el de los consejos de administración y accionistas de las grandes corporaciones empresariales.
Y esas tareas exigen, sin duda, la organización independiente de la clase trabajadora y un proceso de lucha sostenido que abran perspectivas reales de conseguirlo.
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