La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado un decreto por el que se prorrogan otros seis meses más las diligencias de investigación contra el rey emérito Juan Carlos I.
Las verdaderas razones por las que la Fiscalía prorroga seis meses más la investigación contra el rey emérito
La decisión no deja de ser sorprendente, ya que durante meses se ha filtrado a través de los medios de comunicación que el caso estaba a punto de ser archivado. Varias decisiones han podido pesar en esta prórroga. La primera de ellas que la Justicia suiza mantiene abiertas las pesquisas contra el rey emérito tras haber hallado indicios de dinero negro, testaferros, cuentas opacas y cobro de comisiones.
Se sabe que Corinna Larsen, la amante del monarca, ha estado colaborando con el fiscal helvético Yves Bertossa y sin duda la Justicia ginebrina posee más datos sobre este sumario que la Fiscalía Anticorrupción española.
Sería un auténtico escándalo que al expediente se le diera carpetazo en nuestro país este mes de diciembre y en enero la prensa europea saliera con nuevas revelaciones. El golpe sería mortal para el estamento judicial español, para Hacienda y para la institución monárquica.
Pero, en segundo término y no menos importante que la primera razón, es más que evidente que Zarzuela y el Gobierno de Pedro Sánchez han movido ficha entre bambalinas, es decir, han realizado algunos movimientos en los últimos días sin que trascienda a los medios de comunicación.
A Felipe VI no le interesa que su padre regrese a España por Navidad, tal como pretendía hacer el emérito una vez que sus causas quedaran debidamente archivadas.
Con el caso todavía coleando en Ginebra, al primero de los borbones le va a resultar más complicado retornar con tranquilidad, ya que en cualquier momento puede saltar un nuevo escándalo que con él instalado en Madrid podría afectar a la estabilidad y a la seguridad nacional.
Esa es una razón más de peso para que el artífice de la Transición siga al menos seis meses más en Abu Dabi.
Y por último conviene no olvidar que en estos momentos se está librando una dura batalla soterrada en la cúpula judicial de nuestro país entre aquellos que pretenden pasar página cuanto antes al asunto del patrimonio oculto del rey emérito y los que creen que es necesario llegar hasta el final y depurar responsabilidades por el bien de la democracia.
El sector duro, las magistraturas próximas a Vox, ansían que este episodio sonrojante para España se olvide y forme parte del pasado cuanto antes pero el ala progresista, donde hay fiscales y jueces horrorizados con lo que está ocurriendo y con la forma con la que se ha llevado este asunto (que para cualquier contribuyente supondría fuertes penas de cárcel), apuestan por que las diligencias sigan vivas de momento.
Un cierre prematuro y en falso, tal como se estaba proponiendo pese al riesgo de que aparezcan nuevas noticias y revelaciones, sería una auténtica vergüenza nacional para el país, cuya imagen ante toda Europa ya ha quedado seriamente deteriorada. Anticorrupción y el emérito
Así las cosas, según ha podido saber Europa Press por fuentes judiciales, las pesquisas se prorrogarán hasta junio de 2022, si bien no se tiene por qué agotar el plazo completo.
La prórroga entraba dentro de lo esperable, ya que los fiscales aguardan la comisión rogatoria que les debe llegar desde Suiza.
La semana pasada, fuentes cercanas al caso afirmaban que el equipo de fiscales que investigan las finanzas de Juan Carlos I, liderado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, esperarían a tener sobre su mesa los documentos solicitados a Suiza antes de cerrar la investigación.
Por eso, ya entonces no descartaban elevar un decreto a la Fiscalía General del Estado solicitando esa prórroga, ya que en este mes de diciembre expiraba el plazo. Las mismas fuentes explicaron que la fórmula para ese trámite era mediante decreto motivado y que debía ser aceptado por la fiscal general, Dolores Delgado.
La prórroga aleja siquiera unas semanas la posibilidad de que se cierren las diligencias de investigación, por lo que no se espera que ocurra antes del parón navideño.
La pasada semana las fuentes fiscales señalaron que, si bien la intención del Ministerio Fiscal es acabar con las diligencias de investigación lo más rápido posible, esto a veces no es factible, y ante un caso de la envergadura de este, “prefieren actuar con prudencia, ser garantistas, y esperar a esa comisión que es relativa a unas aclaraciones sobre los años fiscales 2015 y 2016”.
Así, a pesar de que hace una semana fuentes del caso señalaban que el objetivo era cerrar “pronto” la investigación, y que esperaban llegar antes de que hubiera que pedir una nueva prórroga, los tiempos de las comisiones rogatorias son lentos.
En este sentido, hace unos días se supo que el decreto que ponga fin a las pesquisas irá firmado tanto por Luzón como por Campos. En principio no se esperan grandes sorpresas de la comisión rogatoria, según las citadas fuentes del Supremo.
Fue a finales de este verano cuando se conoció que los fiscales que dirigen las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (abdicó en 2014), que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte del emérito por una suma que ronda los 5 millones de euros.
En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos que salpican al monarca: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de cuentas en el extranjero.
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas.
Cuando se cierran unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos o indicios, se termina con un decreto de archivo del fiscal.
En septiembre se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito en junio, en noviembre y en diciembre de 2020, la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelantaba El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.
Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. “Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, le comunicó al rey Felipe VI.
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