¿Está la monarquía española en peligro? Según Felipe VI, parece que sí. Esta semana, lo que parecía un bolo más del rey, uno de esos actos con empresarios, ya saben –qué importantes son nuestras empresas, qué preparao está este monarca, hakuna matata, emprende y sé feliz–, acabó convirtiéndose en una inesperada ceremonia de reparación y desagravio al monarca, una ceremonia de la que el propio monarca fue partícipe.
Para descifrar el enigma basta con leer los boletines oficiales de los que los mismos empresarios sentados en primera fila del acto son dueños o accionistas. Tanto ABC como El Mundo o La Razón coincidían en explicar en sus crónicas que el acto de reparación no tenía nada que ver con los escándalos protagonizados por su padre, el rey Juan Carlos –eso son temas personales, viva el rey emérito, a propósito–, sino con las críticas que la Casa Real está recibiendo últimamente por parte de partidos independentistas e incluso de partidos del propio gobierno.
Otra pregunta obligada: si la libertad de crítica está permitida, si la opinión política, sea cual sea, es perfectamente legal y está protegida por la Constitución, ¿qué carajo pintaba Felipe VI en un acto en el que se le defiende de una absoluta normalidad democrática? ¿Ha olvidado definitivamente que un rey es un símbolo neutral que mira, saluda y sonríe y no un adolescente dolido porque fulanito lo ha criticado? La noticia, esto no lo contaban los boletines oficiales, es que Felipe VI ha participado esta semana, una vez más y desde la posición de supuesto símbolo de todos, en un mitin político. Un mitin en el que se criticó una normalidad: que partidos políticos y ciudadanos expresen opiniones con todo su derecho.
Tras la preocupación por estas críticas, esto es la excusa de cara a la galería, se esconde una preocupación mayor. ¿Qué es para ti un rey?, le preguntan cada año a los niños en ese entrañable concurso infantil nada adoctrinador. Los padres de los niños –ellos son los directores y guionistas de los dibujos que presentan, no nos engañemos– no aciertan ni un año. El principal papel del rey en estos cuarenta años ha sido el de ser representante comercial de quienes allí estaban sentados apoyándole porque la normalidad le acecha. Su padre, por motivos que ahora conocemos, nunca presumió demasiado de dedicarse a la labor de representante comercial. Pero Felipe VI, al que suponemos de momento limpio de corrupción económica, no se esconde: “Estamos deseando volver a remangarnos y viajar por ahí, a ponernos el traje de comercial y ayudar a nuestras empresas a abrirse mercados
Siempre contaréis con todo mi apoyo”. No se fundieron en un sentido abrazo por aquello de la covid. “Nuestras empresas”. Con los antecedentes familiares debería tener cuidado con ese tipo de expresiones.
En un acto de respeto máximo a la Constitución, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, allí presente, debió haber interrumpido al monarca para decirle que, bueno, se pondrá el traje comercial para trabajar por las empresas de esos señores si el Gobierno así se lo indica, pero que no depende de él. Y aquí está el problema real, el motivo de preocupación, el porqué de esta ceremonia de desagravio al rey: después de un par de antecedentes –el acto judicial en Barcelona o el viaje a Bolivia junto a Pablo Iglesias–, los empresarios y el propio rey están molestos y preocupados porque la capacidad de gestionar la Casa Real como si fuese un cortijo privado, en contra de lo que dice la Constitución, se pueda ver limitada.
Que el rey, al que la Constitución le otorga el mismo margen de actuación que al ojo de Espinete, anuncie en un acto público que se dedicará en cuerpo y alma a defender los intereses económicos de ese grupo concreto de señores dice mucho de qué se lleva entendiendo desde hace 40 años por España.
España son esos señores sentados en primera fila.
El actual gobierno, en un ejercicio de escrupuloso respeto a la Constitución, podría mañana mismo poner al rey a trabajar e interceder para que los intereses de los españoles –y no de España entendida como esos señores– estén bien defendidos. El rey, que declara estar “deseando ponerse el traje de comercial para las empresas del IBEX”, podría tener que ponerse mañana mismo, por orden legítima y constitucional del Gobierno, el traje de defensor del artículo 43 de la Constitución, por ejemplo.
Ese que obliga a las administraciones a ofrecer los servicios públicos necesarios que aseguren la salud de los ciudadanos. ¿Se imaginan qué crisis tan inmensa supondría poner a la Casa Real a trabajar por una buena sanidad pública? Podría verse el rey obligado, este es el gran temor, a tener que respetar la Constitución que dice que “los actos del Rey serán refrendados (aprobados) por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes”.
Podría el rey tener que trabajar para un Gobierno que, según parece, no le gusta. Podría la Casa Real dejar de ser la República Independiente que al rey y a los empresarios les gustaría que fuese en estos momentos para ser una institución, como marca la Constitución, a las órdenes del gobierno votado por los españoles.
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