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Pedro Sánchez es recibido con aplausos por los ministros a su llegada a Moncloa
La condicionalidad
de los fondos que Europa entregará a España en los próximos años, la
mayoría de los cuales estarán a disposición de Gobierno en 2021 y 2022,
justo cuando más falta harán para reactivar la economía tras el tsunami
de la covid-19, no pasa por un cambio de planes en el Gobierno
en dos de sus señas de identidad: la reforma fiscal y la modificación de
las normas laborales aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, en uno de los peores años de la última crisis.
La llegada del dinero,
aproximadamente 140.000 millones de euros de los que 72.700 serán
transferencias y el resto préstamos, lo que equivale al 11% del PIB de
2019 y multiplican por 11 los fondos de cohesión de los noventa, depende
sobre todo de que España dedique ese dinero a políticas de transformación digital, inclusión, transición ecológica de la economía y educación, entre otras materias, asuntos todos ellos que ya estaban en la médula del programa del Gobierno para la legislatura.
Las fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, coinciden en que el Ejecutivo ha recibido el acuerdo de Bruselas como un aval a su programa político, económico y social, reforzado
por la emergencia sanitaria.
Así que mantienen todos sus objetivos en
materia fiscal y laboral, en los plazos y los ritmos que ya tenían y que
fueron establecidos en el pacto de coalición.
El primer compromiso, la derogación de la reforma laboral, no
tiene fecha concreta, ni tampoco significa que el Gobierno vaya a dejar
sin regulación las relaciones laborales, como han explicado sus
miembros en repetidas ocasiones y en especial la titular de Trabajo,
Yolanda Díaz.
Pero sí pretende recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” a través del diálogo social
y, sobre todo y con “carácter urgente”, derogar dos aspectos muy
concretos de la actual normativa: el ámbito temporal de los convenios
colectivos para que vuelvan a poder ser aplicados más allá de las
previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su
vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y la prioridad aplicativa
de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
En ambas reformas trabaja desde hace tiempo la mesa de diálogo social,
en la que se sientan sindicatos y empresarios.
Así como en la
modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre
contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a
servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa,
en la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del
contrato por parte de la empresa y en el mecanismo de inaplicación de
los convenios colectivos.
Se trata de líneas rojas para UGT y CCOO, pero
también para Unidas Podemos y, si se atiende a los portavoces
socialistas, para el PSOE. Unai Sordo, secretario general de Comisiones,
decía hace dos semanas en una entrevista en infoLibre que estos cambios deben estar en vigor este mismo otoño, haya o no acuerdo con la patronal.
En relación con este asunto, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, dejó claro este martes que no hay cambios. “Seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de ruta. Eso
sí, adaptada a las circunstancias que en este momento tenemos respecto a
la crisis sanitaria y económica”, pero los cambios “se irán
desarrollando en el marco del dialogo social como teníamos previsto”.
El otro gran asunto que preocupa al PP y a Ciudadanos y en general a
los grandes poderes económicos y a los gobiernos más liberales de la
Unión es la reforma fiscal que el Gobierno se ha
comprometido a llevar a cabo.
Parte de esta reforma, la que ya está en
trámite en el Congreso —el impuesto sobre determinados servicios
digitales con el fin de gravar las operaciones de la economía digital que actualmente no tributan y el impuesto sobre las transacciones financieras
que gravará la compra de acciones españolas ejecutadas por operadores
del sector financiero—, recibió además este fin de semana en Bruselas un nuevo impulso porque son cada vez más los países que están considerando que se convierta en la base de una fiscalidad europea.
Hacer los deberes
El Gobierno sostiene que “no tendría sentido” pedir dinero a Europa y no hacer “los propios deberes” dentro de España. Y eso significa “una profunda revisión de la fiscalidad” que trata de reducir los siete puntos sobre el PIB que separan a nuestro países de la media de la Unión Europea.
En los planes del Ejecutivo siguen la revisión del impuesto de sociedades para garantizar “una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones,
que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas
de hidrocarburos”, una limitación de las exenciones de dividendos y
plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades y un
incremento de dos puntos para los tipos impositivos del IRPF sobre la
base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros
y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.
Como
también impulsar la llamada fiscalidad verde como mecanismo para
desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y el
establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para
las importaciones.
Sin olvidar un ambicioso programa de lucha contra el fraude fiscal con
el que Hacienda cree que puede conseguir sustanciosos nuevos ingresos y
que incluye una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude
Fiscal y una estrategia nacional contra el fraude fiscal.
“Se reforzarán
los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la
lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude
mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías
fiscales”, reza el pacto de la coalición PSOE-Unidas Podemos.
Ahora la prioridad del Gobierno es sacar adelante los Presupuestos de
2021. La ministra Montero avanzó tras el Consejo de Ministros que
Sánchez va a buscar la complicidad de los presidentes autonómicos
para que arropen el acuerdo europeo y tratar así de impulsar los
Presupuestos de reconstrucción, que es como Moncloa ya llama al proyecto
de cuentas para el año que viene.
Y que tendrá un fuerte impacto en los
presupuestos de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo se siente reforzado porque la condicionalidad de los
fondos europeos de reconstrucción sea desde su punto de vista un reflejo
de su propio programa de Gobierno, y quiere aprovechar esa
circunstancia para impulsar los Presupuestos. “El proyecto europeo requiere de un vehículo presupuestario que
lo haga realidad”, defendió la ministra de Hacienda.
“No tendría ningún
sentido llegar a ese acuerdo [en Bruselas[, con tantas dificultades, y
que luego no fuésemos capaces de trasladarlo a los Presupuestos”. Un
proyecto que el Gobierno presentará “en breve”, anunció, “y en el que
queremos que se vea reflejado el conjunto del país”.
Unas cuentas que incorporarían, añadió Montero, “cantidades importantes para inyectar los recursos que la economía necesita en
estos momentos” y por las que “no podemos esperar”, señaló cuando una
periodista le preguntó por la incertidumbre de las elecciones catalanas.
“Este no es un presupuesto más, es el presupuesto de la recuperación”,
zanjó.
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