El control migratorio en España: una oscura industria de más de 660 millones en cinco años
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español
adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio
antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría
sin concurso público.
Europe's expensive and ineffective efforts to stop migration
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La política migratoria europea y española deja un saldo récord de
víctimas mortales en el Mediterráneo, condena a miles de personas a la
clandestinidad y reduce las oportunidades que la migración ofrece a
nivel social, cultural y económico, una realidad que la crisis del
coronavirus vuelve a poner en evidencia.
Ante este escenario, surgen dos grandes preguntas: ¿Por qué Europa y España mantienen un modelo de control migratorio ineficaz? ¿Quién gana
con el negocio antimigratorio? Esta investigación de porCausa y Público pone nombre a los beneficiarios de la Industria del Control Migratorio.
Las políticas antimigratorias de la
Unión Europea (UE) y el discurso de odio contra los migrantes consolidan
un nuevo mercado en el que numerosas empresas, principalmente
armamentísticas y de seguridad, se lucran exclusivamente con contratos
públicos.
España, frontera sur de Europa, ya es uno de los principales terrenos de juego de la Industria del Control Migratorio (ICM).
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4
millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de
más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.
Tan solo el 4,5% de quienes migran a
Europa lo hace por vías irregulares. Se trata de personas que,
independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía
segura y legal para iniciar su viaje.
La lucha contra la migración irregular
se ha convertido en una de las grandes prioridades de la UE, y una de
las que más consenso obtiene entre los países comunitarios.
La respuesta
a esta obsesión, eminentemente militar y securitaria, obedece a una red
de intereses económicos e ideológicos que no contempla abrir vías
legales y seguras para quienes desean migrar a un país europeo.
Esto se
traduce en grandes sumas de dinero destinadas a frenar la migración
irregular a base de blindar las fronteras y externalizar el control
migratorio y acelerar las deportaciones a través de acuerdos con
Marruecos, Turquía, Libia —este último, considerado un Estado fallido— y
otros países vecinos, muchos gobernados por regímenes autoritarios o
sin estándares básicos de respeto a los derechos humanos.
El régimen migratorio europeo deja un
saldo récord de víctimas en las rutas hacia Europa, especialmente en el
Mediterráneo. Los dos grandes beneficiarios de este modelo son los
grupos criminales de tráfico de migrantes y la Industria del Control
Migratorio.
Entre perdedores y vencedores, aflora una contradicción: el
13% de los trabajadores esenciales en Europa con un papel clave durante
la crisis de la covid-19 son migrantes extracomunitarios, según los datos más recientes de la Comisión Europea.
El Gobierno de España cifra en 30.000 millones el gasto público extra
que necesitará para pagar los ERTE y hacer frente a otros gastos
excepcionales como respuesta a la pandemia de la covid-19 y el estado de
alarma.
Es una cantidad similar a la que la UE destinará a control
migratorio y de fronteras (30.829 millones) entre 2021 y 2027, según su
nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará
24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.
La Industria del Control Migratorio
es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio
europeo.
En la última década, una amplia red de políticos y empresarios,
principalmente del sector armamentístico y la construcción, han logrado consolidar un nuevo mercado en torno a la securitización de las migraciones y la militarización de las fronteras.
Los capos del negocio migratorio
dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la
tarea secundaria de asistir a los migrantes, y aprovechan su influencia
mediática y política para situar las migraciones como un problema de
seguridad.
La reconstrucción postcoronavirus obligará a muchos Estados a
ajustar sus presupuestos, pero la industria del control migratorio no
atisba nubarrones en el horizonte: la incertidumbre, el miedo y la
inestabilidad social son bazas favorables para su negocio.
España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios
que después son exportados a otros países de la región.
Empezando por
el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo
que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de
2014.
La concertina (cuchillas de acero) de la valla de Melilla,
subvencionada con fondos europeos y fabricada por una empresa malagueña,
ya corona las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de
Europa.
El éxito de los drones desplegados
en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar ya inspira
nuevos proyectos en el Mediterráneo. El nuevo experimento estrella son
los CATE, cárceles ‘express’ para migrantes,
repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España.
Hasta la fecha el Gobierno no ha publicado ningún contrato sobre estos
centros de detención de migrantes. Una nota del Ministerio del Interior
indica que solo en 2019 se desembolsaron más de 6,5 millones de euros en
obras y servicios relacionados con estos centros.
La Industria del Control Migratorio vivió su mejor momento en 2015,
coincidiendo con la llamada ‘crisis de los refugiados’ y la aprobación
de grandes programas de financiación para cerrar las fronteras de
Europa.
Se trata de un sector de alta rentabilidad que vive
exclusivamente del dinero público y que justifica su opacidad bajo el
pretexto de la «defensa nacional y europea».
El crecimiento de la Industria no logra frenar el flujo de personas que migran:
sube el número de muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad de
otras rutas migratorias y aumenta la población migrante encarcelada.
Investigadores y periodistas de todo el mundo informan sobre la tragedia
humanitaria que viven miles de personas a las puertas de Europa, en
Libia, Marruecos o Turquía.
Las víctimas están claras, pero, ¿quién gana
con el negocio antimigratorio? ¿Quién está detrás de la Industria del
Control Migratorio?
El control de la migración, un oscuro negocio
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