Osmel
Martínez reconoce que en otras circunstancias no hubiera ido al médico.
Tenía síntomas de una gripe, así que habría bastado con comprar unos
medicamentos de venta libre y pasar un par de días en la cama, pero esta
vez era diferente. Martínez acababa de regresar a Miami tras un viaje
de trabajo en China, centro de la epidemia mundial del coronavirus.
Para disipar dudas y evitar poner en riesgo a familiares y vecinos
decidió acudir al hospital Jackson Memorial, donde le practicaron un
protocolo de aislamiento hasta que los resultados dilucidaron que no
padecía el virus. La sorpresa, sin embargo, llegaría dos semanas
después, cuando recibió un aviso de su compañía de seguros; Martínez
debía pagar 3.270 dólares por actuar como un ciudadano responsable.
En 2018, la administración presidida por Donald Trump introdujo una
serie de modificaciones en la la Ley de Cuidados de la Salud,
permitiendo los llamados "planes basura", un contrato leonino para
atraer a personas de bajo poder adquisitivo que creen estar adquiriendo
un seguro médico de garantías, pero la realidad es bien distinta.
Según publica el periódico Miami Herald,
que cita fuentes internas del hospital, la aseguradora de Martínez solo
cubre un tope de gasto de 1.400 dólares.
Además, tiene que presentar
informes médicos de los últimos 3 años para demostrar que la gripe no se
produjo por una condición médica preexistente, o la empresa a la que
paga 140 dólares al mes no le abonará ni un solo céntimo.
El caso de Osmel Martínez no es un hecho aislado. A partir de su
experiencia se puede hacer una radiografía de las debilidades de un
sistema donde la salud de las personas se ha transformado en un valor
numérico que fluctúa dependiendo de las necesidades del mercado.
La mano invisible sobre la que teorizaba Adam Smith no es capaz de
regular la voracidad de los capitales y cada vez se hace más latente la
necesidad de introducir normas estatales que limiten la influencia de
los intereses privados.
Más aún cuando se trata de un tema tan delicado
como la salud, y sobre todo en días como estos, en los que una pandemia
altamente infecciosa se extiende por todo el mundo.
"Si tienen uno de esos planes basura y saben que no pueden permitirse
pagar la atención médica, muchos de ellos no la buscarán y eso supone
un problema de salud pública".
Sabrina Corlette, profesora de la
Universidad de Georgetown y codirectora del Centro de Reformas de
Seguros de Salud, se refiere a los 12 millones de migrantes
indocumentados que residen en Estados Unidos, a los alrededor de 30
millones que no tienen seguro médico, una cifra que aumenta en 3,5
millones cada año, y a los más de 10 millones, que al igual que
Martínez, contrataron uno de estos planes basura.
En total, en torno a
52 millones de ciudadanos carecen de una protección que les permita
afrontar un tratamiento médico sin coste adicional.
Con semejante paradigma, las consecuencias de lo que pudiera suceder
si el Covid-19 se extiende por el país norteamericano serían
impredecibles. "¿Cómo pueden esperar que los ciudadanos normales
contribuyan a eliminar el riesgo potencial de propagación de persona a
persona si los hospitales esperan cobrarnos 3,270 dólares por un simple
análisis de sangre y un hisopo nasal?", se pregunta Martínez.
kamchatka.es
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