El mundo al revés. La autodeterminación está fuera de la ley (como en todas las legislaciones de los países de los que se han independizado territorios, obviamente), pero es un derecho democrático reconocido por la mismísima ONU. Pero, hoy la misma España que vitoreaba a Manolo Escobar el pasado domingo en las calles de Madrid, juzga a los que osaron preguntar a su pueblo si querían o no decidir.
Menos mal que Guaidó vive en Caracas y
no en Barcelona, porque por si poner urnas para que la gente decidiera
el futuro juzgan a los responsables políticos, por auto-proclamarse
presidente hubiera sido llevado a la Plaza Colón a juicio popular y
sumarísimo y colgado de la bandera.
El mundo al revés. La autodeterminación
está fuera de la ley (como en todas las legislaciones de los países de
los que se han independizado territorios, obviamente), pero es un
derecho democrático reconocido por la mismísima ONU. Pero, hoy la misma
España que vitoreaba a Manolo Escobar el pasado domingo en las calles de
Madrid, juzga a los que osaron preguntar a su pueblo si querían o no
decidir.
Rolando D´alessandro lo explica con suma claridad en su artículo titulado Inaceptable juicio en la UE contra el independentismo catalán
Lo que sin duda es el proceso
político más importante que se ha celebrado en las últimas décadas en el
territorio de la UE está a punto de comenzar en Madrid. 9 acusados,
elegidos como líderes visibles de un movimiento culpable de querer
someter a referéndum una propuesta puramente política (la creación de
una república catalana separada de la monarquía española).
Un movimiento
que, desde hace diez años, demuestra que cuenta con el apoyo de al
menos la mitad de la población catalana, que ha protagonizado
manifestaciones imponentes y absolutamente pacíficas, que no ha cedido a
cientos de provocaciones físicas, administrativas, políticas,
mediáticas y judiciales y que ha mantenido su apuesta por una solución
mediante urnas.
De hecho, es la primera vez que los
tribunales especiales (el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) han
instituido abiertamente un caso contra representantes de un movimiento
político sin la excusa de la violencia, el terrorismo o la lucha armada.
Un caso en el que el tribunal
admitió la acusación como parte civil de Vox, hasta ahora un partido
extraparlamentario de extrema derecha, xenófobo y ultranacionalista. En
el que los acusados, que corren el riesgo de ser condenados a más de 20
años de cárcel, son los presidentes de dos de las principales
asociaciones de la sociedad civil y los miembros de un gobierno elegido
democráticamente por una mayoría de catalanes (el resto, junto con el
presidente Puigdemont, se encuentran en el exilio en Bélgica, Inglaterra
y Suiza, junto con representantes de otros partidos y movimientos de
extrema izquierda y raperos condenados por delitos de opinión).
En este caso, está en juego la idea
de que sin violencia, en una democracia, todas las ideas pueden ser
apoyadas e implementadas si respetan los derechos humanos y civiles.
Reaccionar como lo está haciendo la opinión pública europea con
indiferencia ante este cambio radical en la interpretación de las reglas
del juego político puede tener enormes consecuencias para el futuro de
nuestros países.
CALPU
Por Insurgente
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