70 años de derechos vulnerados

 Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó, en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque es sobradamente conocido, resulta necesario recordar el contexto histórico de aquel momento.

 El mayor conflicto armado de la Historia acababa de terminar. La Segunda Guerra Mundial había arrasado gran parte de Europa y había provocado millones de muertes en todo el mundo. 

 Es ahí cuando se aprueba la Declaración, con la esperanza de que ese catálogo de derechos, como valores aceptados por todos los pueblos, salvaría a la humanidad de volver a caer en la barbarie y la destrucción.


Setenta años después, la Declaración Universal ha alcanzado un grado de consenso generalizado. Tal realidad podríamos considerarla como un aspecto positivo. Tras siete décadas, prácticamente nadie en el espacio público de los países democráticos discute la primacía y la defensa de los derechos humanos.


Pero, precisamente, su generalización ha supuesto un elemento problemático. Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido.


Ya en 1998, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebró el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) con un cartel que utilizamos en aquella ocasión y donde sobresalía la frase “50 años sin derechos humanos”.


Entonces no resultaba fácil prever que 20 años después tendríamos que volver a utilizar como lema algo parecido: “70 años de derechos vulnerados” y esto no por simple mimetismo, sino porque la realidad que nos muestra nuestra sociedad tras los últimos veinte años se encuentra cruzada de norte a sur y de levante a poniente por continuas violaciones de los derechos humanos.


Es verdad que hoy se habla hasta la saciedad de derechos humanos, pero a la vez se mantienen y defienden discriminaciones que los vulneran, desde el artículo primero que afirma que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.


Nadie dice estar en contra de los derechos humanos pero se articulan (y se sustentan con el voto) políticas que generan pobreza, que excluyen, que aumentan la desigualdad, que olvidan a los colectivos más desfavorecidos…


Hasta los herederos de las víctimas del holocausto nazi desarrollan prácticas y políticas que se dirigen hacia el genocidio del pueblo palestino, con un obsceno mutismo internacional.


Por ello, con ocasión del 70 aniversario de aquella Declaración, nos atrevemos a concretar  algunos de los nubarrones que se ciernen sobre la  sociedad más cercana a nosotros.


Derechos vulnerados, 70 años después, en el Estado español 


La libertad de expresión está sufriendo en nuestro país ataques sistemáticos desde numerosos sectores de nuestra sociedad.  Es uno de los derechos cuyo respeto está retrocediendo, escondido tras un puritanismo inconcebible que pretende cercenar muchos avances conseguidos con dolor y esfuerzo en los últimos años.

La todavía persistente Ley Mordaza y los reductos de leyes y comportamientos franquistas intentan acallar gritos y voces de libertad, dando amparo y cobertura a muchos de estos atentados.

Los discursos racistas y xenófobos se están apoderando con especial crudeza de determinados sectores mediáticos y políticos. Recientemente hemos asistido estupefactos a determinados discursos políticos que usan expresiones como “Vamos a barrer de inmigrantes nuestra ciudad”.


Además, en las elecciones autonómicas andaluzas, por primera vez, un partido fascista y abiertamente racista, ha sacado 12 escaños. El valor y la defensa de los derechos humanos, como eje fundamental de convivencia y de justicia,  se está desplazando hacia situaciones irreconocibles en nuestro país. 

Se está sustituyendo por conceptos tales como seguridad, confianza, patriotismo, que poco a poco se alejan del respeto a los derechos humanos.

La desigualdad social, con total desprecio del derecho a la justicia y dignidad, se asume con demasiada facilidad. Se ignoran o minusvaloran los datos de la desigualdad en el Estado español, plasmados en el reciente Informe AROPE 2018 que indica que “en 2017 la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6.6 la renta total del 20% con menores ingresos”.


Esto supone, según el mismo informe, que el 10% más rico de nuestro país dispone de la misma renta que la mitad más pobre de la población española. Y lo peor de todo es que esto se considera como un daño colateral, necesario para que las personas ricas y poderosas prosperen, a costa de lo que sea.


Los derechos sociales en general, vivienda digna y accesible, sanidad universal eficiente y gratuita, derechos laborales eficaces… han perdido su capacidad revolucionaria y se han adaptado a un funcionamiento de la sociedad donde son otros los objetivos que orientan a muchos de nuestros políticos, que organizan y mantienen la “cosa pública” de espaldas totalmente a quienes se van quedando en las cunetas de esta loca carrera.


La pobreza, con rostros de personas que malviven y mueren en los portales y descampados de nuestras ciudades y pueblos, es otra realidad que nos impide vislumbrar que los derechos humanos están cediendo a la ignominia del egoísmo capitalista.


 Las últimas cifras que sitúan a muchos millones de personas bajo el paraguas de la pobreza no nos animan a considerar que se han dado pasos positivos en la dignificación de las personas.


Las colas ante los comedores sociales en cualquiera de nuestras ciudades nos muestran cómo no se ha logrado considerar y tratar a las personas como sujetos de derechos. A veces se les arroja a una caridad mal entendida, que sólo consigue tranquilizar nuestras conciencias y desarmar nuestras justas luchas por la justicia.


La Frontera Sur, de la que forma parte nuestra Andalucía, se ha convertido en un espacio lleno de muerte y sufrimiento, obscenamente  olvidado por quienes deberían poner freno a tanta locura y muerte.

 Como botón de muestra, las personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo durante el presente año, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ascienden a 2.160. 

Si a esto añadimos la externalización de fronteras, como método de control  de las migraciones, España y la UE se convierten en responsables de estas muertes  y de las violaciones y torturas que se producen contra las personas  que intentan poner en marcha su propio proceso migratorio en pro de la libertad y la dignidad.


 Las políticas migratorias de la UE, compartidas por España,  se orientan fundamentalmente a impedir que las personas puedan llegar a nuestras costas por medios seguros.


Se ha optado decididamente por implantar mecanismos que dificulten estas llegadas, aunque están amparadas en el artículo 13 de la DUDH. Con esta finalidad y con el apoyo de la Unión Europea y los países que la componen, se quiere sustituir el derecho a migrar de las personas por un afán único y desmedido de seguridad interna.

 Se trata de una falta de solidaridad europea que, en combinación con las políticas de austeridad, alimenta  la xenofobia y el racismo que triunfan en determinados ámbitos de la Unión Europea.

No pasamos por alto la reciente visita del presidente de Gobierno a Marruecos donde, haciendo alarde de una tremenda hipocresía, ha ratificado la supremacía de las soberanías estatales por encima del derecho a la libertad de circulación de las personas, así como otros muchos derechos humanos, que se esfuman por completo tras pretendidos intereses estratégicos y económicos.


No podemos olvidar por otra parte que  la UE tiene mucha responsabilidad en las causas que provocan estos movimientos migratorios con políticas colonialistas que secularmente ha desarrollado, provocando el  saqueo de  materias primas y recursos naturales de los países de donde llegan estas personas.


Aunque, afortunadamente, el feminismo y el ecologismo tienen hoy un reconocimiento duramente conseguido y trabajado, amplias capas de la sociedad los consideran todavía como un adorno y un lujo suplementario en la lucha por una sociedad en la que no primen los fines egoístas y mercantilistas.


 En este sentido no se duda en dificultar el acceso efectivo e igualitario de la mujer al mundo laboral. En otros casos, la instrumentalización que del feminismo se realiza desde diferentes poderes públicos y políticos está despojándolo de su carácter cuestionador y transformador.

 El feminismo se emplea como etiqueta incuestionable que ampara políticas que ahondan en la desigualdad y la exclusión de colectivos de mujeres como las trabajadoras sexuales.

Por otra parte, y para incidir en el retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, asistimos con alarma a la negación de determinadas medidas aprobadas y prometidas como inmediatas y fundamentales por nuestro actual Gobierno, pero que la realidad del día a día está desmontando.


Nos referimos a la recuperación de la justicia universal, tristemente eliminada por el anterior Ejecutivo, y apoyada hasta la saciedad por el actual cuando estaba en la oposición.


Parecida suerte está sufriendo la repetida promesa por parte del actual Gobierno de la derogación de la Ley Mordaza, que hoy se pierde y se olvida en los recovecos de la nada.


No digamos de la repetida promesa de revertir la prisión permanente revisable realizada por el actual Gobierno antes de llegar al poder. Ahí continúa.


Por último, apuntemos la repetida indignación que provocaba en las huestes socialistas las repetidas y variadas formas de devolución en caliente de las personas migrantes que conseguían entrar en nuestro país. Todavía se oyen los gritos en el cielo cuando el PP introdujo de matute la legalización de esta práctica en la Ley Mordaza.


 Ahora asistimos con asombro e indignación a las devoluciones en caliente que el Gobierno camufla indecentemente en cumplimiento de un acuerdo con Marruecos de hace decenas de años. Y qué diremos de la repetida promesa de eliminar las concertinas…


Sonrojo produce asistir al espectáculo que nos ofrece gran parte de la clase política cuando, aún sosteniendo la defensa a ultranza de los derechos humanos, hace aguas cuando esta defensa choca con intereses económicos. Para ellos, la protección de los derechos humanos está justificada mientras que en la ecuación no entren el dinero y las prebendas que, por ejemplo, se reciben por la venta de armas.


Las vulneraciones de derechos en el resto del mundo


Si extendemos la mirada, acción por otra parte indispensable, al ancho mundo, no podemos sino horrorizarnos por el grado de violaciones al que asistimos. Sería difícil realizar un catálogo de todas estas, pero no podemos menos que resaltar entre ellas el nivel que está alcanzando la xenofobia y el racismo en Gobiernos que hasta ahora, por lo menos, intentaban disimularlo de algún modo.


 El fenómeno Trump, que por supuesto supera al ámbito de Estados Unidos, es la plasmación más virulenta de la destrucción de los derechos humanos como valores de los que un día se esperaba que naciera un mundo mejor y más justo.


 Fenómeno que se está reproduciendo como hongos en diferentes lugares de la Tierra: Brasil, Centroamérica con una marcha por la dignidad que se intenta acallar y neutralizar - o la aparición en diferentes países de Europa de Gobiernos claramente escorados hacia la violación de derechos fundamentales, con sus propios vecinos y con aquellos que pretenden llegar a serlo.


 El “nosotros primero”, como germen de desprecio y de odio hacia las otras personas, está infiltrándose en las entrañas de una sociedad que nos hubiera gustado que fuera capaz de acoger las diferencias y apoyar sus deseos de dignidad y justicia.


Podríamos continuar señalando muchas otras  nubes oscuras, cargadas de injusticias y violaciones de los derechos humanos que justifican que hoy, 70 años después de la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos tengamos que mantener aquel “50 años sin derechos humanos”, como diagnóstico cruel del estado de nuestra  sociedad  más cercana.


Pero porque no queremos que el pesimismo nos arrebate la ilusión de que todavía “otro mundo es posible”, nos atrevemos desde estas líneas a invitar y a exigir a cuantas personas creemos en la dignidad del ser humano, y en la validez de los derechos humanos como fundamento del comportamiento de las personas  y de los pueblos, a continuar nuestro esfuerzo y nuestra lucha.


 Nos oponemos a que nuestro sueño se acabe, y en esa línea continuaremos con nuestra batalla.

Autor

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)