Coincidí con la actual ministra Magdalena Valerio durante la legislatura de 2011-2015 en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y en la de Seguimiento del Pacto de Toledo.
En esta última actuó en distintas
ocasiones como portavoz del Grupo Socialista. Sus intervenciones
críticas para con el Gobierno de Rajoy fueron siempre fuertes y
contundentes. Fue también portavoz en el Pleno del Congreso en el
importante debate del Proyecto de Ley del Gobierno del PP de Reforma del
Sistema de Pensiones.
Su intervención consta en el Diario de
Sesiones del 31 de octubre de 2013: “No estamos de acuerdo con las
formas, pero tampoco con el fondo, ni con el factor de sostenibilidad
que ustedes plantean, ni cómo lo plantea, ni cuándo lo plantean, ni
tampoco con el índice de revalorización…
La reforma laboral ha sido un
pedazo de viga en la vía que ha hecho descarrillar el sistema de
pensiones… Así que cuando cambie la mayoría política en este país, y
estoy convencida de que mi partido volverá a gobernar este país, se va a
cambiar esta ley, será de las primeras cosas que hagamos, derogar esta
ley”
“Derogar la ley”. Este latiguillo fue
muy utilizado durante aquella legislatura por los y las portavoces del
PSOE al terminar sus intervenciones en los debates sobre la LOMCE, la
Ley Mordaza, la reforma laboral, la de las pensiones…: “Nada más llegar
al Gobierno el PSOE derogará….”, y la bancada socialista rompía en
aplausos.
Pero nada de eso está pasando. Hoy, el PSOE y Margarita
Valerio repiten una y otra vez eso de “donde dije digo, digo Diego”.
En una de sus primeras entrevistas la
ministra señaló que “la Reforma Laboral no se puede derogar
alegremente”. En la misma línea, pocas semanas después afirmó que “si
hemos criticado la reforma unilateral de las pensiones, no me gustaría
tropezar en la misma piedra”. Es decir, de aquello de derogar las
reaccionarias leyes del PP una vez se llegara al Gobierno, de momento,
nada.
Por supuesto, nadie le había pedido alegrías a la ministra para
derogar la reforma laboral, sino todo lo contrario: seriedad. Porque lo
que es una alegría es prometer una cosa y no hacerla. Por otro lado,
derogar la reforma de las pensiones que unilateralmente hizo el Gobierno
del PP, no es antidemocrático, sino reponer el régimen de las pensiones
al punto de partida en el que éstas fueron violentadas.
Consenso,
diálogo y negociación, toda la que la ministra quiera, pero anúlese
primero la reforma del PP, porque lo contrario supone que, mientras
tanto, continúa en vigor aquella reaccionaria Ley.
El pasado 1 de octubre, mientras 25.000
pensionistas se manifestaban por las calles de Bilbo reclamando, entre
otras cosas, una pensión mínima de 1.080 euros al mes, la ministra se
reunió con una delegación de los Pensionistas de Bizkaia y les dejó
claro, blanco sobre negro, que, si bien “ya le gustaría, a mí y al
Gobierno” atender esa petición era imposible porque afectaría a la
“sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones”.
Los 1.080 euros no es una cantidad
fijada arbitrariamente por los pensionistas, sino que refleja lo que la
Carta Social europea establece, fijando el umbral de la pobreza en un
60% de la media de ingresos por unidad de consumo en los hogares.
Es
decir, negarse a esto supone dar el visto bueno a que, por ejemplo, en
Euskal Herria, un 60% de pensionistas (el porcentaje entre las mujeres
es aún mayor, un 70%), malvivan inmersas en una situación de pobreza, y
muchas de ellas, en condiciones de pobreza extrema.
Por otro lado, sería injusto poner solo
al PP como blanco de las críticas. Antes de la reforma del Gobierno de
Rajoy, el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones en mayo de 2010 y,
poco después, en enero de 2011, acordó una Reforma que alargó la edad de
jubilación, aumentó el número de años necesarios de cotización y agravó
el régimen de las jubilaciones parciales y anticipadas.
La reforma tuvo
el aval de CC.OO. y UGT –también de la CEOE y CEPIME, por supuesto-, y
el rechazo de la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE,
Hiru), la CIG en Galiza, y la CGT en el conjunto del Estado, que
convocaron una huelga general contra el proyecto
Se nos dijo entonces que la reforma
serviría para garantizar a futuro el sistema público de pensiones, pero
nada de esto ha ocurrido. Por el contrario, sirvió para abrir las
puertas a la segunda reforma de Rajoy y, lo que es peor, a difundir la
necesidad de corresponsabilizarse ante la crisis, vendiendo entre el
pensionariado la idea de que el actual sistema no era viable.
Se habla
así, y mucho, de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el déficit
que presenta el mismo, pero muy poco de las cargas de profundidad
introducidas contra el mismo durante estas últimas décadas:
desgravaciones a las empresas en las cotizaciones, salario mínimo
irrisorio, bases máximas de cotización condescendientes con los grandes
sueldos, falta de una política pública clara de fomento del empleo
juvenil y de lucha decidida contra el paro….
Por otro lado, ¿por qué se garantiza la
sostenibilidad de la banca corrupta (60.000 millones de euros son
irrecuperables) y, a la par, se vacía el Fondo de las Pensiones en una
cantidad similar para cubrir los estropicios ocasionados por el Gobierno
al propio sistema?.
¿Por qué los presupuestos públicos priorizan los
intereses de una cuadrilla de banqueros por encima de los de 9 millones
de pensionistas? ¿Por qué no se dice que el más deficitario de todos
ministerios es el de Defensa, único, por cierto, que no ha tenido
recorte alguno, sino todo lo contrario, durante todos los años de la
crisis?.
No es cierto que se pretenda hacer
sostenible el sistema de pensiones. Por el contrario, lo que muestran
las últimas reformas es que se apuesta por debilitarlo cada vez más y
por abrir vías a la entrada de la banca, mutuas y fondos de inversiones
en este apetitoso campo.
Se dan pasos así, uno tras de otro, que
debilitan el sistema de Seguridad Social y apuntan en la dirección de
convertirlo en algo parecido a un sistema de beneficencia en el que
prestaciones sociales dejen de ser consideradas como derechos y, cada
vez más, sean concebidas como limosnas otorgadas por un Estado
benefactor.
Y mientras tanto, el capital privado se irá haciendo con el
gran negocio de las pensiones y adornará su esquilme social con
misericordiosas Fundaciones y patrocinios de “obras sociales” destinados
a los sectores más desfavorecidos.
Por Sabino Cuadra
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