Fernando Grande-Marlaska (Bilbao,
1962) amaneció este miércoles vocal del sector conservador del Consejo
General del Poder Judicial y se acostó ministro de un Gobierno
socialista. Pedro Sánchez ha elegido para el departamento de Interior a
un juez aupado por el PP al CGPJ, que defiende que en los Centros de
Internamiento de Extranjeros “no se vulneran los derechos fundamentales”
y que puso por escrito en un voto particular que apartar a Concepción
Espejel de los juicios de Gürtel y caja B por su proximidad al anterior
partido en el Gobierno fue fruto de una “campaña mediática”.
La consideración que el sector conservador de la
judicatura y el Partido Popular tienen de Grande-Marlaska provocaron que
llegara a integrar una reducida terna de candidatos valorados por
Moncloa a finales de 2016 para suceder a Consuelo Madrigal al frente de
la Fiscalía General del Estado, un puesto que al final ocupó José Manuel
Maza.
Fernando Grande-Marlaska llegó a la Audiencia Nacional
en 2004 en comisión de servicios, pero fue al año siguiente cuando se
colocó bajo el foco mediático al hacerse cargo del Juzgado de Baltasar
Garzón, de licencia por estudios. Garzón era ya el instructor preferido
por Policía y Guardia Civil para las causas de terrorismo y
Grande-Marlaska no tardó en heredar el favor de los mandos de la lucha
antiterrorista, que reconocen en el magistrado un fiel colaborador en su
combate a ETA.
UNAI ROMANO TORTURADO
Los abogados de la izquierda abertzale señalan al juez
por haber ignorado por sistema las denuncias por torturas.
El 4 de mayo de 2006, el juez Grande-Marlaska dirigió una operación
policial contra una red de cobro del impuesto revolucionario entorno al
bar Faisán de Irún. El operativo, dirigido contra un objetivo controlado
desde hace décadas por los servicios de Información e Inteligencia, se
desató sin embargo en pleno proceso de paz del Gobierno de Zapatero.
El
chivatazo policial a uno de los miembros de la red de extorsión originó
el denominado caso Faisán, ariete con el que la oposición del Partido
Popular embistió una y otra vez contra la política antiterrorista de los
socialistas.
Al regresar Garzón, Grande-Marlaska
quedó adscrito a la Sala de lo Penal y se encargó durante un tiempo del
Juzgado Central de Instrucción número 3. Allí instruyó el caso del
Yak-42, que archivó por no encontrar “responsabilidad penal relevante”
en la cúpula militar del Ministerio de Defensa que dirigía Federico
Trillo. La Sala de lo Penal corrigió aquella decisión y la causa llegó a
juicio.
El anterior Consejo General del Poder
Judicial eligió a Fernando Grande-Marlaska para presidir la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional en febrero de 2012.
Aquel Consejo, de
mayoría progresista, estaba integrado por Margarita Robles, la que será
compañera del magistrado en el próximo Consejo de Ministros como titula
de Defensa y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Dos jueces
controlaran, por tanto, la actuación de policías, guardias civiles y
agentes del servicio secreto.
En defensa de Espejel y López
Durante su Presidencia de la Sala de lo Penal creció el enfrentamiento
sin precedentes que se vive entre sus miembros y que llega hasta el día
de hoy. Ese enfrentamiento se visibilizó en la recusación de Enrique
López y Concepción Espejel por su proximidad al PP.
La mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal votaron a favor de
que se apartaran de los juicios de Gürtel y caja B, pero algunos de los
que se posicionaron en sentido contrario emitieron un voto particular
denunciando una “campaña mediática” para desprestigiar a esos dos
jueces.
El nuevo ministro del Interior del PSOE firmó aquel voto
particular. El enfrentamiento encarnizado entre los jueces de la Sala de
lo Penal que presidía Grande-Marlaska anuló sus posibilidades de ser
elegido fiscal general del Estado, según fuentes conocedoras de aquel
proceso de selección.
Grande-Marlaska dejó la Sala
de lo Penal porque el Partido Popular le propuso como vocal del Consejo
General del Poder Judicial. En el nuevo modelo que inauguró Carlos
Lesmes, una comisión permanente actuaría como puente de mando.
Junto al
presidente, siete vocales serían los únicos liberados, con asignación
mensual, que tomarían decisiones sin necesidad de que se convocara el
pleno. En ese núcleo duro se integró a principios de 2017 el juez
Grande-Marlaska, quien tuvo que abandonar así la Presidencia de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En contra de acercar presos
Con ETA disuelta, el nuevo ministro del Interior se deberá enfrentar a
la petición de acercamiento a cárceles del País Vasco a los condenados
por terrorismo. En 2015, tres años después del anuncio del final de la
violencia, la Audiencia Nacional avaló la decisión del juez de
vigilancia penitenciaria de rechazar la petición de una veintena de
presos de ETA en ese sentido.
En un auto redactado por Grande-Marlaska,
el juez aseguró que la política de dispersión no conculca derechos
fundamentales como los de defensa, el de comunicación o visita de sus
familiares o el de asistencia médica y de acceso a la cultura.
A finales de abril de 2014 se produjeron unas votaciones
trascendentales en el Poder Judicial para renovar magistrados en el
Tribunal Supremo. El acuerdo entre el sector conservador y progresista
se rompió por desavenencias en este último bloque y surgió un nuevo
candidato para la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto
Tribunal.
El presidente Lesmes puso encima de la mesa el nombre de José
Luis Requero, un juez ultra conocido por sus declaraciones homófobas.
Grande-Marlaska, casado y quien nunca ha escondido su homosexualidad,
se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de los derechos de la
comunidad gay.
En aquella votación no se desmarcó del resto de vocales
conservadores y apoyó el nombramiento de Requero, quien había comparado
el matrimonio gay con el de “un hombre y un animal”.
En septiembre de 2016, durante una entrevista en la cadena Cope, fue
preguntado por la conveniencia de que el magistrado Cándido
Conde-Pumpido instruyera en el Supremo la causa contra Rita Barberá.
En
lugar de defender a su compañero, el vocal conservador del CGPJ dijo que
prefería no dar su opinión “para no generar desconfianza”.
Jueces y
Juezas para la Democracia, la asociación progresista de magistrados en
la que se ha apoyado históricamente el PSOE, pidió públicamente el cese de Grande-Marlaska como vocal del Poder Judicial.
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