Una jueza de vigilancia penitenciaria cobra por leer las cartas del tarot en un piso de Lugo

 

Sede del Consejo General del Poder Judicial.

 

• En su destino en un juzgado de Santiago, los abogados mostraron reiteradamente su estupor porque María Jesús García acudía a las vistas acompañada de un gato
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• El CGPJ investiga el caso después de que el diario El Progreso confirmara que la magistrada reparte octavillas sobre sus servicios de pitonisa y luego atiende personalmente a los clientes

María Jesús García Pérez, magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo, se dedica en sus horas libres a leer las cartas del tarot en un piso de la capital lucense, informa El Progreso.


En un anterior destino en Santander fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 3.000 euros por una entrevista, mientras era responsable de violencia de género, en la que criticaba la ley contra la violencia de género y llegaba a cuestionar a las víctimas.


 En su destino en un juzgado de Santiago de Compostela, los abogados mostraron reiteradamente su estupor porque María Jesús García acudía a las vistas acompañada de un gato, recuerda el periódico lucense.


En las últimas semanas, saltaron las alarmas en su nuevo destino en Lugo cuando la magistrada fue vista repartiendo a plena luz del día octavillas en los alrededores de la Audiencia Provincial. En los papelitos se anunciaba un servicio de "tarotista y vidente" por "un precio económico" y se facilitaba un teléfono móvil.


El Progreso pudo confirmar que era la jueza la que leía personalmente las cartas en un piso, cobrando por ello. El rotativo recuerda que la magistrada decide sobre la situación en prisión y sobre los permisos de salida de alrededor de un millar de presos de las cárceles de Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar.


El presidente del Audiencia Provincial envío un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informando de estos hechos y el Alto Tribunal decidió incoar diligencias informativas y dar traslado de las mismas al Promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, que es a partir de ahora el órgano encargado de tramitar el caso.



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