Cuando el rey no era constitucional

Apenas fallecido el dictador Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. En la ceremonia, el nuevo jefe de Estado juró lealtad a Franco, exaltándolo,  y los Principios  del Movimiento Nacional. Fue un 22 de noviembre.

 No sabemos qué tenía en la cabeza, aunque cabe deducir por lo ocurrido luego, siguiendo a Pérez  Royo, que el monarca tenía clara la restauración de la monarquía borbónica, viniera lo que viniera ; fueron tres años de reinado con el fárrago entramado del franquismo.

 Y lo que vino, a finales de 1978, tras el consenso propio, la responsabilidad y generosidad  política y civil y la presión ajena, fue la Constitución,  refrendada por la ciudadanía, en un "o todo o nada", que aceptó la monarquía en el paquete rogado presentado al pueblo en referéndum. No estábamos para otra cosa .

Desde su proclamación hasta la entrada en vigor de la Constitución, (1975-1978) fue un rey sin Constitución, es decir, ejerció su jefatura con las leyes del franquismo. Unas leyes que habían abolido la Constitución democrática de 1931.

Cuando el rey no era constitucional, corrió a los pocos días de ser proclamado, un 26 de noviembre a conceder el Ducado de Franco a la hija del dictador. No tardó mucho. 

 

Con las leyes que habían derogado el artículo 25 de la Constitución republicana de 1931, que no reconocía distinciones ni títulos nobiliarios, el rey, dice el texto del decreto de 1975, concedió el ducado, con grandeza de España, en razón de "su Real Aprecio" y por las "excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren". 

  

Nunca supimos en qué consistía dicho Real Aprecio y los merecimientos de la regalada, pero los sospechamos .

Las leyes franquistas habían abrogado la Constitución republicana y restablecido las disposiciones, a estos efectos nobiliarios, de 1912, en las que se había apoyado antes el dictador, por cierto, para, creyéndose él  mismo monarca absoluto, - incluso entraba bajo palio en las catedrales causando el espanto de los cardenales más integristas-, conceder mercedes nobiliarias hasta a más de una treintena de sus afectos y leales y a los militares golpistas más sanguinarios, desde entonces, duques o marqueses, y ricos terratenientes. 

Han pasado muchos años, tenemos Constitución y leyes, entre otras, la Ley de la Memoria Histórica, que el rey debería ser el primero en cumplir. No hay motivos confesables para no haber cumplido la ley hasta ahora. No caben en nuestros días  honores y merecimientos ajenos a los valores democráticos.

El rey lleva años haciendo el cristo ante la oleada democrática, y los partidos turnantes practican un dontancredismo irresponsable, más el PSOE, incluso con  mayoría absoluta, desleal con la memoria, no ya de todos, sino con la de los suyos. La democracia heredó los honores de la dictadura sin siquiera hemoal que lo aliviara, ayudando a la perpetuación de los valores simbólicos del franquismo.

Hoy, nos dice el Gobierno que los títulos son solo honoríficos, el honor de los valores  del franquismo; no es de extrañar de un Gobierno sostenido por los reductos  neofranquistas de la sociedad española, de un partido fundado por franquistas, con ministros cantores del Novio de la Muerte.

 Y el rey guarda silencio. No creo en la culpa hereditaria, pero si en la responsabilidad, en la ejemplaridad, y temo la complicidad del monarca con  los valores defendidos por su padre, que no son otros que los del agradecimiento al caudillo por poner los cimientos de la restauración borbónica. Intereses de "Casa", real por supuesto, que diría Bourdieu.  Pero, ¿y el PSOE?

Podrían explicarnos desde el Gobierno qué tipo de honores representan los  herederos nobiliarios del franquismo. No son los valores civiles de una democracia, republicana o no, ni representan honores de un patriotismo cívico, tal como lo expresa Habermas. Son los herederos de la infamia, los detentadores del botín de guerra.  

Porque la represión, además de física y moral, fue también económica, cuyo mayor exponente fue la depredación de los bienes y propiedades de numerosos   ciudadanos españoles. Y por supuesto, la represión simbólica, consistente en la perpetuación de la presencia del dictador y las señales de su victoria contra la democracia.

En España queda poco honor, ni siquiera el honor y el valor de la resistencia a tanta ofensa institucional a los principios  de la libertad y la democracia. Es, además y sobre todo, una cuestión de decencia.

Javier Aroca