Estamos a un paso de que
alguien afirme, sin complejos, que nos asola la pertinaz sequía y se
dispara el precio de la luz porque los vascos y los navarros no
comparten solidariamente ni sus vientos, ni sus lluvias; los gallegos sí
las compartimos, pero tampoco tenemos más opción gracias a los pantanos
que nos cascó el dictador Franco cuando en España había un Estado de
verdad, que sabía cómo imponer la solidaridad y no se retiraba
cobardemente allí donde, por ejemplo, querían educar en otras lenguas.
¿Quién ha dicho que en España no existía el populismo de derechas?
Encabalgado sobre esta
inexplicable percepción de victoria nacional que
imbuye a tantos tras la aplicación del 155, ahí tienen a Ciudadanos
enarbolando la enésima ocurrencia del cuñadismo: el cuponazo, el padre
de todos los males y el fruto del populismo de más selecta cosecha:
nosotros –el sano pueblo español, bueno y solidario- contra los demás
pueblos y sus elites –nacionalistas, supremacistas, corruptos,
privilegiados e insolidarios-.
Al parecer la Constitución Española, hasta ayer mismo
garantía de solidaridad e igualdad que los nacionalistas querían
pisotear, alberga en su seno el huevo de la serpiente: un privilegio
ancestral –en realidad, 138 años de historia- llamado "concierto" que
convierte a navarros y vascos en ciudadanos privilegiados e insolidarios
y nos priva a los demás de recibir una parte de su riqueza.
No deja de resultar paradójico que se considere un privilegio tener que
pagar todos sus servicios básicos exclusivamente con los impuestos
recaudados en Euskadi o Navarra, no disponer del paraguas de la deuda
española, o que se hable del paraíso fiscal vasco cuando allí aún se
cotiza el impuesto de patrimonio, se pagan los tipos marginales del IRPF
más altos o el tipo del impuesto de sociedades supera en 3 puntos al
español.
Los mismos expertos que ayer mismo aseguraban que, en realidad,
los catalanes nos debían miles de millones, nos descubren ahora que la
insolidaridad tiene otro culpable más discreto pero igualmente letal: el
cupo vasco; especialmente, su rebaja de 1525 millones anuales a 1300.
Curiosamente ninguno de esos expertos se atreve a desentrañar el
verdadero gran misterio de la financiación autonómica: por qué Madrid,
la comunidad con el PIB per cápita más alto, siempre figura entre las
cinco regiones que más inversión total del Estado reciben.
Jamás 225 millones de euros al año dieron para tanto. Con ese dinero
que, al parecer, les regalamos a los vascos aunque sea suyo, se podrían
arreglar la deuda valenciana, el tren a Extremadura, a Galicia y los
corredores mediterráneo y cantábrico, la despoblación en Castilla, el
paro en Andalucía y, con un poco más de tiempo, la vacuna del SIDA o la
llegada a Marte.
El desfile de cálculos surrealistas no tiene fin. Un
ejemplo, según un periódico tan poco sospechoso de nacionalismo como La
Voz de Galicia –portada sábado 25/11/17-: "El nuevo cupo aumentará la
brecha de 300 millones entre Galicia y el País Vasco".
Si tienen en
cuenta que Galicia equivale al 6% de España en PIB y población, hagan
las matemáticas sobre cuánto aumenta la brecha de quienes no sean
gallegos y échense a llorar.
Otro argumento muy
socorrido consiste en sostener que no se está contra el concierto, sino
contra el cupo y su oscuro método de cálculo. Su fórmula en realidad
resulta bastante simple: en el caso vasco, sobre una aportación al PIB
estimada en 6,21% -actualmente Euskadi representa el 6,1%- el Estado
calcula el precio de los servicios a costear: competencias estatales
exclusivas, defensa, Fondo de compensación interterritorial, patrimonio,
etc.
A la hora de negociar toda la ventaja cae del lado del Estado,
dado que sólo sus funcionarios saben cuánto cuestan realmente esos
servicios.
Si la fórmula se mantiene oscura será
porque al Estado no le interesa que todos sepamos a cuánto asciende
realmente la factura total por tales servicios; no vaya a ser que
empecemos a echar cuentas y hacernos preguntas sobre nuestros impuestos.
Si algo hemos aprendido todos durante estos años de crisis y ajustes es
que las cuentas sólo están poco claras cuando al gobierno central le
interesa.
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