La Orden Ejecutiva 3447 se articuló según lo dispuesto en la Ley de Asistencia Exterior, de septiembre de 1961 y la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917. Su objetivo era impedir y obstaculizar toda la actividad económica y comercial de Cuba, que ya había vencido antes todo tipo de agresiones desde territorio estadounidense, incluyendo la invasión armada por Playa Girón.
Kennedy, en su proclama, autorizó al Secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos de cualquier producto de origen cubano. Además, ordenó a su Secretario de Comercio que continuara y ampliara las medidas para restringir todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, incluidos los alimentos y medicinas.
Pero esa decisión, no fue la primera medida de agresión económica de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Posterior a la aplicación de la Reforma Agraria en mayo de 1959, Estados Unidos amenazó con reducir la cuota azucarera, prohibir la inversión privada estadounidense y eliminar toda ayuda económica. En 1960, ese gobierno boicoteó un empréstito a Cuba de 100 millones de dólares por parte de bancos europeos, canceló la cuota azucarera y en ese contexto, el propio presidente Eisenhower planteó que su país emprendería otras medidas económicas, diplomáticas y estratégicas.
Pocos días antes de la firma de la orden ejecutiva, tuvo lugar en el balneario de Punta del Este, Uruguay, la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, donde bajo la presión del gobierno estadounidense se aprueba una resolución que excluyó la participación de Cuba en el sistema interamericano y prohibió la venta de armas a nuestro país. Estados Unidos intentaba con su estrategia aislar a Cuba en la arena internacional.
Posterior al derrumbe de la Unión Soviética y el Campo Socialista, la extrema derecha norteamericana promovió la aprobación de legislaciones que no sólo recrudecieron el acoso económico contra Cuba, sino convirtieron en ley todas las regulaciones del bloqueo. En 1992, se firma la Ley para la Democracia Cubana (Torricelli), que además de otras regulaciones, prohibió a las subsidiarias estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba y estableció que los buques mercantes extranjeros, después de anclar en puerto cubano, tendrían que esperar seis meses para poder entrar en territorio estadounidense.
El 12 de marzo de 1996 y con el objetivo de cercar y asfixiar aún más a la economía del país, el presidente William Clinton promulgó la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (conocida como Helms-Burton), dirigida a imponer condiciones pensantes a la posible normalización de relaciones entre Cuba y EE.UU., incluyendo el levantamiento del bloqueo; a promover la subversión y los programas de cambio de régimen; y a desestimular el comercio y las inversiones extranjeras de terceros países en el nuestro. Además de otras prohibiciones, la ley Helms-Burton convirtió en ley todo el entramado regulatorio del bloqueo contra Cuba.
En el año 2000, la Ley para la Reforma de las Sanciones Comerciales e Incremento de las Exportaciones autorizó las ventas agrícolas a Cuba con limitaciones. Sin embargo, esa misma norma prohibió la autorización de los viajes turísticos a Cuba.
Todas estas leyes han convertido al bloqueo en un entramado legal amplio y complejo, donde la motivación principal de los círculos de poder estadounidenses se traduce con claridad en las palabras de Lester Mallory secretario asistente de Estado en 1960 de “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Cincuenta y cinco años después de la firma de la Orden Ejecutiva de Kenndy, el bloqueo es considerado obsoleto e inmoral por la comunidad internacional y un fiasco rotundo de sucesivas administraciones estadounidenses en su propósito esencial de destruir a la Revolución Cubana; sin embargo, sigue dañando al pueblo cubano y obstaculizando el desarrollo económico y social de Cuba.
En veinticinco ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución de condena al bloqueo, cuyo respaldo alcanzó la cifra de 191 Estados en el año 2016. Ningún otro tema concita tal unidad mundial contra una política estadounidense. En nuestro continente, ese reclamo abrumador fue ratificado durante la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada recientemente en la República Dominicana. Una Directiva Presidencial emitida por el ex presidente Obama, el 14 de octubre de 2016, también reconoció que el bloqueo ha sido un fracaso.
Aunque en los últimos dos años se emitieron regulaciones que modificaron parcialmente el bloqueo, los obstáculos, restricciones y limitaciones sobre la economía cubana aún se mantienen. A pesar de las modificaciones implementadas por el gobierno anterior, los efectos extraterritoriales en el terreno comercial y bancario financiero aún persisten. Además, las multas millonarias impuestas por el Departamento del Tesoro, generan todavía temor en los bancos y compañías estadounidenses y de terceros países, para establecer vínculos económicos y comerciales con Cuba. Sólo en la etapa posterior al 17 de diciembre de 2014, esa agencia impuso multas por un valor de 2 mil 842 millones de dólares.
Si bien el levantamiento del bloqueo es una prerrogativa exclusiva del Congreso de los Estados Unidos, el presidente de ese país conserva amplias facultades ejecutivas para seguir modificando su aplicación.
En la V Cumbre de la CELAC, el presidente Raúl Castro planteó que “Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia”.
El fin del bloqueo sería una importante contribución para lograr una convivencia civilizada y beneficiaría sin dudas al pueblo de Cuba y al de Estados Unidos, pero también a la comunidad internacional.
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