El sistema de prevención de los feminicidios fracasa estrepitosamente

Un estudio de la Universidad de Oviedo resalta que la actual normativa no evita los casos extremos de violencia machista

Un demoledor estudio universitario dirigido por el catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Javier G. Fernández Teruelo, ha destapado las vergüenzas del actual sistema de protección a las víctimas de violencia de género, que en absoluto evita los feminicidios.


El último caso más clamoroso que sirve de ejemplo perfecto ha sido el registrado en un municipio leonés este pasado jueves 18 de noviembre. La víctima se acababa de separar, el marido tenía una orden de alejamiento y nadie sabe cómo ni cuándo pudo acercarse a ella para matarla a hachazos.


A partir de aquí, la historia es bien conocida: llamadas a la concienciación para que las mujeres denuncien a sus agresores, minutos de silencio en las puertas de los organismos oficiales y la misma dotación presupuestaria para una ley útil pero insuficiente.


La investigación dirigida por la Universidad de Oviedo destaca que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no ha disminuido de forma significativa pese a que las denuncias se han multiplicado. Esta realidad es puesta sobre la mesa por Fernández Teruelo en un informe que a su vez plantea medidas concretas para poder abordar con éxito la lucha contra los casos más extremos de agresiones machistas.

el número de mujeres asesinadas no ha disminuido pese a que las denuncias se han multiplicado

Este estudio universitario se ha elaborado comparando las informaciones estadísticas que suministran tanto el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El docente ovetense plantea propuestas relacionadas directamente con la protección de las mujeres, aunque no exista denuncia previa, así como con la discriminación de riesgos, la gestión de los procesos de separación y la auditoría de los fallos del sistema.


Pese a que, en los últimos años, gracias a la concienciación ciudadana y a la ley contra violencia de género aprobada en 2004, se han logrado numerosos avances en este espinoso asunto, por el que ya han sido asesinadas oficialmente este año 39 mujeres a manos de sus verdugos, esta investigación universitaria resalta que el éxito contra la violencia machista se registra solo en los casos menos extremos.


 Los que verdaderamente tienen riesgo de terminar en asesinato siguen sin ser atajados y las muertes se suceden sin que las autoridades competentes hallen nuevas medidas de prevención y lucha.

El profesor Javier Fernández Teruelo, director del estudio de la Universidad de Oviedo.
Foto: Universidad de Oviedo.

Más denuncias, ningún resultado

 

El número de denuncias de víctimas de violencia de género en diez años se ha multiplicado por diez al pasar de 13.000 a 130.000 en toda España. Pese a ello, este estudio destaca que esta mejoría no se ha trasladado a la reducción de las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.


 El número de crímenes machistas permanece más o menos estable. Aproximadamente unas mil mujeres han sido asesinadas en los últimos 15 años, lo que supone una media anual de entre 60 y 70 crímenes.


El estudio dirigido por Fernández Teruelo recomienda la puesta en marcha de cuatro medidas concretas para los casos más extremos de las agresiones machistas.


La amenaza penal como instrumento de prevención frente a la violencia de género no está dando los resultados esperados. Es la primera conclusión del estudio universitario.


El profesor de Derecho Penal aporta datos concretos que explican cómo se comportan los feminicidas. Casi un tercio de los maltratadores se suiciden o lo intenten tras asesinar a sus parejas.


 Este dato demuestra la escasa capacidad del derecho penal para cambiar comportamientos entre los maltratadores. Y para abundar en este aspecto concreto, el resto de los asesinos (casi un 90%) se entregan a la policía tras matar a sus mujeres, lo que conlleva además una atenuante por confesión.


“En los supuestos más graves, las medidas penales y procesales previstas, básicamente el alejamiento y el control del agresor, revisten escasa utilidad”, afirma Fernández Teruelo. “Nos encontramos ante un sujeto que se comporta de forma distinta al resto de los maltratadores.

 Su conducta no está condicionada en absoluto por la pena que se le vaya a imponer”, añade.





Para frenar estas situaciones, este esclarecedor estudio aboga por la necesidad de identificar bien a los agresores, saber quiénes son y saber qué hacer con ellos, cómo actuar para salvar a la víctima.


“¿Cualquier maltratador puede en principio matar? Generalmente, no. La mayor parte de los maltratadores se enfrentan al sistema judicial policial. Los que están dispuestos a matar son distintos”, indica el catedrático de Derecho Penal.

La ruptura como riesgo

 

El factor más desencadenante de esta violencia extrema, según se desprende de los análisis estadísticos, es que víctima y agresor se encuentran en trámites de separación. Y más en concreto: el anuncio de ruptura es la variable que más veces se repite. “Nada menos que en el 73% de los casos en los que consta separación no había, sin embargo, denuncia”, subraya Fernández Teruelo.


 Ayudar por tanto a la mujer en situación de maltrato para que sea consciente del riesgo que supone el inicio del proceso de separación sin apoyos es fundamental para prevenir un caso de violencia extrema que puede terminar en feminicidio.

“en el 73% de los casos en los que consta separación no había, sin embargo, denuncia”

El estudio de la Universidad de Oviedo pone el dedo en la llaga para identificar las verdaderas situaciones de riesgo de las víctimas. Apunta que el sistema de detección utilizado, a través de un test de valoración, no es capaz de discriminar los casos de riesgo extremo con respecto a los demás.

Tanto el primer test, de 2007 como su actualización, de 2016, que además no se aplica en el Principado de Asturias, son claramente mejorables porque, entre otras cosas, no valoran el riesgo de feminicidio.


Para argumentar esta afirmación, el estudio subraya que, en la actualidad, solo 150 mujeres de las 51.640 integradas en el registro vigente tienen identificado un riesgo alto o extremo y la protección física directa únicamente está prevista para estos casos.

Sólo el 15,7% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas había presentado denuncia previa

Sólo el 15,7% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas había presentado denuncia previa, resalta el estudio universitario. Es más, la inmensa mayoría de las víctimas en los últimos 15 años ni tan siquiera llegaron a denunciar la situación de maltrato padecida.


Fernández Teruelo reconoce que es extremadamente complicada la situación de la mujer sometida a maltrato prolongado porque, para empezar, algunas no reconocen el maltrato y otras “temen poner en riesgo a sus hijos y, en muchas ocasiones, ni siquiera existen sentimientos negativos hacia el agresor”, explica. Interponer una denuncia no siempre garantiza que se evite el asesinato, como demuestran las estadísticas.

Cuatro puntos concretos

 

Este trabajo de la Universidad de Oviedo, encargado por el Gobierno de Javier Fernández en el Principado, propone cuatro puntos concretos para reducir los feminicidios:

1. Protección sin denuncia. Es imprescindible reforzar los mecanismos de denuncia a través de terceros (médicos, familiares, amigos o vecinos) y poner en marcha un nuevo modelo que permita proteger a la víctima aunque no exista denuncia previa.

2. Discriminación de riesgo. Para este profesor, llama la atención que el riesgo quede determinado y sustentado sobre una serie de ítems introducidos en un programa informático, y lo que es más lacerante: que no exista un examen del maltratador en el proceso de valoración de riesgos.

El nuevo sistema de detección del riesgo de crimen machista debe ser configurado en términos cualitativos y tomando como base los perfiles identificados por el estudio. Al mismo tiempo, resulta fundamental poner en marcha cuanto antes las unidades de valoración forense integral que, con el mismo objetivo, también deberán examinar al agresor y no solo a la víctima de maltrato.

3. Correcta gestión del riesgo en los procesos de separación. Los procesos relacionados con la separación legal de la pareja es un factor desencadentante de muchos feminicidios. Por ello, el profesor Fernández Teruelo propone la introducción de campañas informativas para que las víctimas de maltrato puedan identificar y gestionar los riesgos de violencia extrema durante los procesos de ruptura de la relación. También es importante la formación de especialistas para ayudar y acompañar a la mujer durante todo ese proceso.

4. Auditar los fallos del sistema en cada feminicidio. En una sociedad que lo audita prácticamente todo, es curioso según el director de este estudio que no se audite qué ha fallado para que una mujer sea asesinada por su pareja o expareja. Es evidente que detrás de todos los crímenes machistas se dan dos opciones: o no se detectó la situación de riesgo o, si se detectó, el sistema no fue capaz de evitarlo. Por tanto, la detección por un lado y la protección a la víctima una vez detectado el riesgo son dos campos en los que las mejoras del sistema debe incidir prioritariamente para evitar esta sangría constante de asesinatos.

 Natalio Blanco