Los activistas muestran su preocupación por el hecho de que la violencia
policial contra los niños sin techo de Eldoret, en Kenia, se está
transformando en una operación organizada para exterminarlos.
Era domingo así que se
limitaban a pasar el tiempo y a esnifar pegamento. Las tiendas estaban
cerradas y el mercado, medio vacío. No había mucha gente en la calle y
no tenía sentido pedir limosna. Así que muchos de los niños de Eldoret
se quedaron en el vertedero de basura. Fétido y pestilente, este páramo
se había convertido en un refugio para los menores vagabundos de la
quinta ciudad más importante de Kenia, situada lejos de la capital.
“Las barracas de
California”. Así se conoce el vertedero que da cobijo a 700 niños y
jóvenes vagabundos. A menudo duermen allí y se alimentan de los restos
de comida de hoteles o de fruta que ha sido desechada por los
supermercados de la zona. El basurero también los protege de la sociedad
y de los policías locales, que no soportan el hedor.
Sin embargo, eso no fue lo
que ocurrió ese día; el penúltimo domingo de mayo. Eran casi las cuatro
de la tarde de un día frío. Algunos de los niños dormían. Otros,
esnifaban cola para calmar el hambre. Situaban sus fosas nasales cerca
de los contenedores de plástico. Algunas chicas adolescentes compartían
sus contenedores con los bebés atados a sus espaldas.
En el laberinto de
callejones situado más arriba, la policía avanzaba en silencio desde
tres frentes distintos. Los agentes municipales, conocidos como los
askaris, iban equipados con garrotes y llevaban la delantera. Los
agentes de la Policía Administrativa, una temida unidad estatal
paramilitar, los seguían con rifles y gases lacrimógenos.
Los habitantes de las
barracas de California están acostumbrados a la brutalidad policial.
Muchos de los que estaban allí ese domingo, como por ejemplo Samuel
Asacha, ya la habían sufrido en carne propia. Diez años atrás, cuando
tenía 15 años, un policía conocido por su brutalidad le arrancó un ojo.
En 2014 el mismo oficial atacó con ácido a Shereen, que por aquel
entonces tenía 10 años, y Shelagh, que tenía 14. Les desfiguró la cara.
Sin embargo, esa redada no
era como las demás. No era una acción de acoso improvisada sino una
operación meticulosamente planificada y que hasta ese momento había sido
mantenida en secreto por las autoridades de la ciudad.
“Lo hicieron sin previo
aviso”, explica Eric Omondi, que a sus 20 años es, junto con Samuel, uno
de los veteranos o “prefectos” de las barracas de California. “Fue una
emboscada. Los niños gritaban, la policía nos atacaba con gases
lacrimógenos”, explica.
Encontraron los cuerpos de seis niños. En los dos días siguientes los cadáveres de cinco niños más aparecieron río abajo. Los trabajadores sociales identificaron al mayor de ellos; Zakayo, de 16 años. El más joven, conocido como “Ndogo” o “Pequeño” tenía 9.
Los policías avanzaron en
bloque y golpearon a los chicos, que se vieron obligados a retroceder y
terminaron en el río Sosiani, que recorre el extremo sur del vertedero.
Los bebés y los niños y las niñas, también aquellos con discapacidades,
fueron empujados río abajo.
La policía los atacó sin
piedad; incluso atacó a una chica de 17 años, Mary, cuyo bebé se golpeó
la cabeza contra el suelo. Ronny, un chico de 16 años, que iba en silla
de ruedas desde que una excavadora que derribaba los refugios de los
vagabundos lo arrojó el año pasado, no tenía ninguna posibilidad de
escapar.
Mientras sus torturadores lo
golpeaban sin cesar en la cabeza y en la espalda, les suplicó que
pararan: “Les dije que si no paraban me iban a matar y me contestaron
que no les importaba hacerlo si esto ahuyentaba a otros chicos”.
Algunos consiguieron
esquivar el frente policial. Otros, no tuvieron tanta suerte y
terminaron en el río. Si querían huir de las palizas no tenían otra
opción que lanzarse al río. Las fuertes lluvias habían provocado una
crecida de agua.
Muchos no sabían nadar, pero
los más veteranos, como Omondi, habían ayudado a los más resistentes a
llegar hasta la otra orilla. Fue entonces cuando la policía volvió a
lanzar gases lacrimógenos. Los más débiles no lo pudieron soportar y
empezaron a ahogarse.
Omondi encontró el primer
cadáver. Se trataba de su amigo Francis Azmam, un chico de 13 años
conocido como “Sudi” o “el afortunado”. El cuerpo había quedado atrapado
en las raíces de un árbol que flotaba en el río. “Tenía muchas heridas
en la cabeza, en el pecho, en las costillas, en el estómago y en la
espalda”, indica.
Encontraron los cuerpos de
seis niños. En los dos días siguientes los cadáveres de cinco niños más
aparecieron río abajo. Los trabajadores sociales identificaron al mayor
de ellos; Zakayo, de 16 años.
El más joven, conocido como “Ndogo” o
“Pequeño” tenía 9.
Fue un día negro para los
chicos de la calle de Eldoret. Sin embargo, no ha sido el único día de
este año en el que han sido asesinados niños de esta comunidad.
Los activistas están
convencidos de que el gobierno local quiere terminar con los niños
vagabundos y ha decidido matarlos o, al menos, matar a unos cuantos para
que los otros opten por huir.
La oficina del gobernador
del condado, Jackson Mandago, niega estas alegaciones y asegura que las
operaciones policiales tienen por objetivo terminar con los delitos
menores. Muchas personas en la ciudad creen que los niños callejeros son
los autores de los hurtos y otras infracciones que se cometen.
Sin embargo, según la
organización Ex-Street Children Community, en febrero de 2015 se inició
una campaña contra estos menores y en la primera de estas operaciones la
policía lanzó perros contra más de 30 niños de la calle. Unos meses más
tarde, en octubre, las autoridades del condado acorralaron a un grupo
de 100 niños, los obligaron a entrar en un camión y los llevaron a
Malaba, una ciudad situada a unos 130 kilómetros y cerca de la frontera
con Uganda. Muchos de ellos regresaron a Eldoret a pie.
Los activistas señalan que
los asesinatos empezaron después de este incidente. En lo que va de año,
Ex-Street ha documentado la muerte de 14 niños, entre los que se
incluyen tres chicos que fueron asesinados por la policía mientras huían
y tres más cuyos cuerpos fueron encontrados días después de su
detención. Al menos cinco menores más fueron detenidos y han
desaparecido y otros dos, Kevin Simuyu, de nueve años, y David Kamau, de
ocho, han desparecido sin dejar rastro después de que la policía les
disparara 15 días antes de la redada en las barracas de California.
El conflicto étnico
Algunos creen que estos
ataques obedecen a una motivación étnica. Muchos de estos niños
vagabundos no pertenecen a la comunidad kalenjin, el grupo étnico del
poderoso vicepresidente de Kenia, William Ruto.
Eldoret está situada en una
región que ha sido testigo de los peores actos de violencia interétnica
del país, en muchos casos debido a tensiones políticas en torno a la
propiedad de las tierras. En 1991, los guerreros de la comunidad
kalenjin exhibieron los fetos pertenecientes a mujeres muertas de la
comunidad kikuyu en la carretera que lleva a Eldoret para expresar su
ira por la supuesta usurpación de tierras por parte de los kikuyu.
La violencia alcanzó su
punto más alto tras la reelección de Mwai Kibaki, un kikuyu, en 2007.
Más de 1.200 personas fueron asesinadas a lo largo y ancho de todo el
país, si bien los actos más sanguinarios tuvieron lugar en Eldoret.
Numerosas mujeres y niños kikuyu se refugiaron en una iglesia para
escapar de los guerreros kalenjin, que no dudaron en prender fuego al
edificio y matarlos a todos.
Si bien los kalenjin y los
kikuyu ya han hecho las paces y comparten el poder (el presidente Uhuru
Kenyatta es un kikuyu), algunos políticos locales y clérigos afirman que
los ataques contra los niños vagabundos forma parte de una campaña de
intimidación para que todos los que no pertenecen a la comunidad
kalenjin abandonen Eldoret.
“Si no paramos el asesinato
de familias que viven en la calle, la violencia irá en aumento”, indica
Peter Chomba, un legislador del condado perteneciente al partido
gobernante y que es miembro de la comunidad kikuyu. “Si analizas lo que
está pasando, llegas a la conclusión de que se trata de una campaña
meticulosamente organizada. Atacan a profesionales de ciertas
comunidades. Quieren que una sola comunidad tenga el control sobre este
sitio”.
Con independencia del
motivo, la muerte de menores de Eldoret en manos de la policía no
resulta sorprendente para los keniatas. En repetidas ocasiones, los
grupos de defensa de derechos humanos han expresado su preocupación por
el hecho de que las ejecuciones extrajudiciales se han integrado en la
cultura policial del país. Cada vez son más frecuentes los informes
relativos a la ejecución de presuntos islamistas, autores de delitos
menores e incluso defensores de los derechos humanos.
La semana pasada, el periódico Daily Nation
publicó una base de datos de 122 personas muertas en manos de la
policía en lo que va de año. La base de datos solo ha registrado dos
asesinatos policiales en Eldoret y los activistas y algunos políticos
afirman que hay un interés por encubrir los asesinatos de los niños
vagabundos.
Los legisladores del condado
indican algunos testigos que consiguieron grabar la operación policial
en las barracas de California desde edificios cercanos han sido
detenidos o la policía ha confiscado sus móviles.
Benson Juma, uno de los
responsables de Ex-Street, fue atacado por un grupo de desconocidos que
intentaron secuestrarlo y meterlo en un coche, unos días después de
presentar una docena de testigos a the Guardian.
Consiguió escapar en dos ocasiones distintas, gracias a la ayuda de los
transeúntes.
Se ha visto obligado a huir de Eldoret y se encuentra en un
lugar seguro.
Kenia celebrará elecciones
el año próximo y Juma cree que los ataques contra los niños de la calle
no harán más que aumentar. “Esto empieza a parecerse a Brasil”, indica.
“Enterramos, enterramos y enterramos a nuestros compañeros. No se puede
soportar. Tal vez nos veamos obligados a hacer algo para que el gobierno
comprenda que estamos hartos, para mostrarles nuestro sufrimiento”.
Traducción de Emma Reverter
Adrian Blomfield – Eldoret, Kenia, theguardian
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