Los portavoces de los partidos políticos con representación el Parlamento de Canarias reunidos con la presidenta, Carolina Daria
Nueva Canarias considera que el magistrado ha cometido "un atentado contra la democracia"
La maniobra judicial llevada a cabo por el juez Salvador Alba para acabar con la carrera tanto política como judicial de la exdiputada de Podemos por Las Palmas Victoria Rosell corrió este miércoles como la pólvora por los pasillos del Parlamento, produciendo reacciones de
estupor ante la noticia que ya se conocía y con expectación de oír la
voz del magistrado en las grabaciones. Las palabras dichas por los
parlamentarios iban desde "el asco" que le produjo al portavoz del PSOE, Ignacio Álvaro Lavandera, hasta "el horror" que, off the record, se instaló en varios diputados del PP.
La portavoz de Podemos en el Parlamento, Noemí Santana, ha indicado que
"nunca hemos dudado de la honorabilidad de Rosell y su lucha contra la
corrupción" y que esta grabación lo que hace es demostrar "que muchos
han usado las instituciones para sus intereses personales y para
enfangar la limpia trayectoria de una persona honrada"
" Han usado la Delegación del Gobierno para sus intereses espurios,
han filtrado y tergiversado vídeos...todo con tal de salvaguardar que
los poderosos sigan usando su impunidad en contra de la gente,
ensuciando para ello no sólo a Podemos sino la trayectoria profesional y
personal de quién les ha plantado cara", subrayó Santana.
Atentado contra la democracia
Tan contundente como la portavoz de la fuerza morada fue el diputado de
Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que si bien advirtió de que "nunca
hemos querido entrar a valorar ningún proceso judicial", la grabación de
la conversación entre el magistrado Alba y el empresario Miguel Ángel
Ramírez es "de extrema gravedad" al "demostrar el emponzoñamiento de
la Justicia y de la política"
"Siempre hemos
querido estar al margen de sentencias y procesos judiciales, pero si
el contenido de las conversaciones es el que parece, estamos ante un
atentado contra la democracia porque se busca hundir la carrera de una
magistrada y su posterior carrera como política. Es una mancha nefasta
tanto para la Justicia como para la política", apuntó.
Por su parte Lavandera, ha asegurado que "siempre pensé que la
separación de poderes existía y me da asco comprobar que no es así".
"En términos generales, me parece detestable hacer un uso político de
la Justicia, y en este caso no va a ser menos", sentenció.
Desde el PP también sentenciaron que "un juez debe ser garantista y no
actuar de esa forma", mientras que desde Coalición Canaria su portavoz,
José Miguel Ruano, prefirió no pronunciarse porque "nunco lo hago sobre
procesos judiciales abiertos".
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