La democratización de la sociedad debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno.
Las próximas elecciones parlamentarias deben de terminar con el gobierno del PP y abrir un proceso constituyente. Las fuerzas progresistas que logren formar gobierno, deberán de tomar algunas medidas parlamentarias de urgencia, con el fin de acabar con toda la legislación que atenta contra los derechos políticos, sociales y económicos del conjunto de los ciudadanos del Estado Español.
Siendo los derechos políticos y humanos una de las prioridades, entre otras urgencias legislativas. La ley mordaza y las similares deben de anularse de forma imperiosa. La resolución pacífica del conflicto vasco es una de la tareas de este futuro gobierno. Para ello se debe poner en libertad de forma inmediata a Arnaldo Otegi y sus compañeros de causa. Consideramos que se debe de iniciar rápidamente un dialogo entre los actores principales de esta dilemática situación.
Hace ya cinco años el movimiento independentista vasco abrió un profundo debate sin precedentes que concluyó con una apuesta inequívoca por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, renunciando a la violencia en su reclamación del respeto a la autodeterminación del País Vasco, y con una disposición nítida a cerrar totalmente, por medio de la palabra y el diálogo, el largo conflicto violento que ha asolado la región desde hace décadas. En octubre de 2011, ETA respondía positivamente al llamamiento realizado desde la Conferencia Internacional de Aiete (San Sebastián) que le demandaba el cese definitivo de su actividad armada de más de 50 años y la apertura de un proceso de diálogo. El Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu señaló a Arnaldo Otegi, en su día portavoz de Batasuna y hoy secretario general de Sortu, como “el líder de este proceso de paz”.
Efectivamente, Otegi fue el dirigente más destacado entre aquellos que propiciaron en las fuerzas independentistas el debate sobre la necesidad de apostar por la palabra para solucionar todo conflicto.
Su apuesta por vías exclusivamente pacíficas y democráticas fue respondida con su arresto, en octubre de 2009, y con su posterior condena a más de seis años y medio de prisión por pertenecer a la organización política Batasuna, ilegalizada previamente por el Gobierno español. Desgraciadamente, el fin de la actividad armada de ETA, que ha mostrado su disposición a un proceso de desarme y de diálogo y reconciliación que tenga en cuenta el dolor de todas las víctimas, no ha traído consigo todavía respuesta positiva alguna por parte del Estado español.
Arnaldo Otegi, cuyo caso ha sido recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se encuentra en una prisión española alejado de sus familiares y amigos. Así están también cerca de 500 presos vascos relacionados con este conflicto. Dispersados en prisiones lejanas al País Vasco, frecuentemente incomunicados, esta realidad provoca, además, un castigo añadido a sus familiares, abocados a recorrer largas distancias para poder visitarlos. Ante esto, será necesaria la libertad inmediata del hombre que supo arriesgar por la paz y la democracia, de quien apostó por la palabra cuando parecía que nadie lo haría.
Su liberación y el final de la política de alejamiento, como paso previo a la excarcelación temprana de los presos vascos, son pasos necesarios para poder alcanzar una paz justa y duradera en la región. Consideramos que para lograr estos objetivos, es necesario construir un frente amplio rupturista de izquierdas, de los pueblos y naciones del Estado español, donde coincidan las izquierdas soberanistas con las izquierdas rupturistas.
Si esta convergencia se plasma podremos encarar más contundentemente estas tareas.
* Coordinador General de la Izquierda
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