La Fiscalía de Madrid quiere meter en prisión a la concejal de Ahora Madrid Rita Maestre por participar en una protesta en la capilla de la Universidad Complutense en 2011 que interrumpió un oficio religioso con gritos y tetas. Parece que tamaña ofensa justifica la imputación de un delito “contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”.
Vamos a dejar a un lado lo del respeto a los muertos, aunque daría lugar a algunos buenos ejemplos de humor negro o a recordar la famosa canción de Siniestro Total, porque en los tiempos que corren esa es una variante humorística muy cuestionada por los medios de comunicación. Tampoco vamos a mostrar perplejidad por que la Fiscalía haya tardado casi cuatro años en tomar una decisión sobre hechos tan aparentemente sencillos y haya visto alumbrada su imaginación jurídica por la divina providencia en fechas tan señaladas como las actuales.
Sabemos que una condena de un año, la que pide el fiscal, no supone automáticamente el ingreso en prisión si el afectado no cuenta con antecedentes penales. Pero el hecho de partida, que nunca hay que tomarse a broma, es que el fiscal cree que Maestre merece pasar ese tiempo entre rejas al haber cometido un grave delito (todos los son si comportan ingreso en centro penitenciario).
Después de tanto tiempo de preguntarnos cómo era posible que el procedimiento judicial contra Javier Krahe continuara tanto tiempo en este país por su demostración de gastronomía religiosa, ahora resulta que es una situación que puede repetirse una vez más en 2015.
Nos encontramos ante un caso cuyo precedente más obvio por conocido hay que buscarlo en la Rusia de Putin. Allí un grupo de mujeres, las Pussy Riot, entró en una catedral en una protesta política contra el Gobierno de Putin y la complicidad de la jerarquía cristiana ortodoxa. Maria Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova y Yekaterina Samutsevich fueron condenadas en agosto de 2012 a dos años de prisión.
El escándalo internacional que se armó fue notable. Por una vez, organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales coincidieron en la denuncia de la sentencia por ser un intento de silenciar y castigar la disidencia política. Con perdón por el autoplagio, recuerdo aquí lo que escribí sobre las razones de esa ‘performance’ y la elección del centro de culto:
“Putin ha convertido la fe ortodoxa es una de las fuerzas legitimadoras de su control de la política rusa desde hace una década. El enaltecimiento del orgullo ruso obliga a aumentar los privilegios de la jerarquía ortodoxa y su influencia social. La Iglesia es propietaria de empresas y bancos que reciben un trato oficial de favor. A cambio de ello, el apoyo al poder es completo, excepto entre algunos sacerdotes que defienden el derecho de la oposición a manifestarse”.
Cambiando la primera palabra y quitando la palabra ‘rusa’, nos encontramos con que las diferencias con España empiezan a ser de matices gracias a la Fiscalía de Madrid. Aquí también se sostiene desde los presuntos defensores de la ley (siempre hay que utilizar la palabra ‘presunto’ en las noticias de tribunales) que las personas que protagonizaron esa ofensa a las creencias religiosas son un peligro para la convivencia social, de ahí que merezcan tal castigo.
La irrupción en la capilla de la Complutense fue un acto de disidencia política para denunciar en este caso la existencia de centros de culto en una universidad pública. No era un ataque al hecho de que haya iglesias, pero sí a que se utilicen fondos públicos para sostener su existencia en un Estado que dice ser aconfesional.
Si los estudiantes católicos de esa universidad quieren asistir a una misa pueden hacerlo en las muchísimas iglesias que existen en Madrid, pero no tienen derecho a exigir que haya una capilla en su centro de estudios. Si fuera así, todo el personal de empresas con alto número de trabajadores podría exigir lo mismo. Dudo de que la legislación laboral reconozca ese ‘derecho’.
En relación a los gritos y las tetas, es seguro que eso supuso un fuerte malestar a los ocupantes de la capilla, pero eso no justifica que se emplee el poder de los tribunales para encarcelar a los responsables. Como hay que repetir siempre en estos casos, que algo pueda ser censurable moral o políticamente en función de las ideas de cada uno, no quiere decir que tenga que ser censurable penalmente. Al menos en una democracia liberal, más o menos desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y los países occidentales decidieron aplicarla en sus legislaciones. Repitan conmigo: los actos de disidencia política no se castigan con prisión, excepto en la Rusia de Putin y otros lugares aún menos recomendables.
Esto es difícil de entender para algunos nuevos cruzados de la 'civilización occidental', más en la línea del Concilio de Trento (véase el ministro de Interior) que de la Declaración adoptada por la ONU en 1948. Lo mismo vale para la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre cuyos principios está "la consideración de los valores del cristianismo como una de las bases morales de nuestra civilización occidental".
Si bien es posible que el concejal socialista Antonio Miguel Carmona coincida en esta última apreciación, me da que la mayoría de los madrileños y españoles no está de acuerdo con que la moral cristiana sea uno de los principios rectores del ordenamiento jurídico español y del sistema de justicia. Aguirre y Carmona tienen todo el derecho del mundo a practicar la religión que quieran y la Constitución les protege en ese derecho, pero no a criminalizar los actos de protesta política que, por tener lugar en una iglesia, ofenden sus sentimientos.
No quiero dar ideas, pero en la lectura de la sentencia de las Pussy Riot Tolokonnikova llevaba una camiseta con la inscripción en español 'No pasarán'. No ocurre todos los días que nos den lecciones desde Rusia con unos pocos años de antelación.
Íñigo Sáenz de Ugarte: 'guerraeterna.com/las-tetas-como-amenaza-a-la-civilizacion-occidental/'
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