Chupar del bote
Los políticos que
gestionan los intereses de la oligarquía "acuerdan mantener su pensión
máxima con solo 7 años cotizados mientras recortan todas las demás".
No es una inocentada: la
reforma de las pensiones que prosperará en el Congreso mantiene las
prerrogativas de los diputados. Y es que funciona una secreta
solidaridad grupal: ninguno de los parlamentarios intervinientes hizo
mención durante el debate a su situación privilegiada, por la que
consiguen la pensión máxima con solo siete años cotizados.
Esta ventaja con
respecto al resto de los ciudadanos se suma a otras ventajas fiscales,
ya que no tributan de su sueldo casi un 30% del mismo y en la Ley del
IRPF figuran en su artículo 17.2 apartado b sus exenciones por ser
políticos: los beneficiarios son, según esta ley, “los diputados
españoles en el Parlamento Europeo, los diputados y senadores de las
Cortes Generales, los miembros de las asambleas legislativas
autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones
provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales”. Y además lo
escandaloso hoy es que sus pensiones, a las que llegan en su valor
máximo con sólo los mencionados 7 años cotizados pueden, incluso,
compatibilizarse con varias pensiones más, para mayor escarnio hacia el
resto de los ciudadanos.
La reforma la va a
aprobar el PP en solitario pero sobre toda esta ristra de privilegios
nada dice la oposición socialista o de IU. El PSOE, que con el gobierno
de Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años,llegó a congelar
las pensiones en 2011. Las propuestas para hacer sostenible este
sistema, que equipos como Fedea ven abocado a la quiebra, se limitan a
mantener el denominado “Pacto de Toledo” , acuerdo secreto entre todos
los partidos para asaltar la caja pública con los ahorros de las
pensiones cada vez que a un partido le falte dinero para mantener el
despilfarro del Estado. Todo ello aflora una situación desconocida: los
políticos se salvan a costa del ciudadano, pues la situación de sus
pensiones les garantiza no verse afectados nunca por los duros recortes
que está viviendo el resto de la ciudadanía. Creen que jamás les van a
pedir rendir cuentas a su voto en las cámaras.
Uno de los pilares en
los que se están apoyando los ciudadanos españoles en situaciones de
precariedad es la ayuda que reciben de sus padres, abuelos y, en
general, familiares con pensión. Esta reforma que acaba de aprobar el PP
con toda la oposición en contra va a reducir la capacidad adquisitiva
del sistema de pensiones español, a la par que mantienen intactas las
privilegiadas pensiones políticas.
La parafernalia del
discurso político-legal afirma que lo único que se está haciendo es
“ajustar el valor de las pensiones a la esperanza de vida y a la
cantidad de perceptores de pensiones”, pero no es verdad. Están gastando
el dinero que detrajeron a los trabajadores para su pensión futura
porque les sirve para ocultar el fracaso económico al que está llevando
su gestión de la crisis y que asientan, como siempre, sobre las clases
menos pudientes.
Y es que la emergencia
social no puede ocultarse por más tiempo. Cruz Roja denuncia en su
último informe que los mayores son los que están sosteniendo de forma
abnegada las consecuencias del paro en las familias. Uno de cada cuatro
vive en un hogar con todos los miembros desempleados. Son 420.000
hogares los que viven gracias a la pensión del abuelo, según esta
organización.
El portavoz de la Cruz
Roja, Antoni Bruel, ha insistido en que los pensionistas son un
colectivo que no se queja pero que supone un muro de contención social y
económico ante la catástrofe económica y social que padece España. Este
factor, junto a la diversidad de los ayudados – hijos (59,8%), nietos
(12,8%) y otros familiares (9,8%) – explica la aparente calma de los
españoles respecto a la tremenda situación de paro. Todo ello, además, a
costa de la salud de los ancianos, pues un 38,3% de los mayores
enfermos ha tenido problemas relacionados con su salud. El 17,7% ha
encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la
Seguridad Social y el 9,7%, para afrontar el copago de los medicamentos
que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros
es mucho dinero», ha denunciado Bruel.
espíaenelcongreso.com
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