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El PP difunde un vídeo en el que acusa a gobiernos autonómicos y
ayuntamientos “extremistas” sin aportar datos ni fuentes de “espantar
empresas”, “subir los impuestos masivamente”, “enchufismo” y “aumentarse
los salarios”.
Populares Vs Extremistas: Malas Prácticas de Gobierno
El vídeo habla de una “estampida de empresas”
con la salida de “cientos de compañías”, especialmente en Cataluña,
donde precisamente no gobierna ni el PSOE ni Podemos, objetivos del
vídeo. Y lo afirma tajantemente sin citar la fuente los datos que
aporta.
La estadística de empresas
con cuentas de cotización de la Seguridad Social muestra que a finales
de 2015 había 248.681 compañías. El mes pasado, la cifra había subido a
254.903. En el caso de Castilla-La Mancha, el número de empresas había
subido en mil, apróximadamente la misma cantidad que en la Comunidad
Valenciana en el mismo periodo.
El PP señala una subida masiva de impuestos
en Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña. Ahora
bien, ni define “masivo” ni explica cómo llega a esa conclusión.
Pone como ejemplo la ecotasa
“contra el turismo” en Baleares, y el impuesto al turismo en Barcelona.
La ecotasa, que empezará a aplicarse en julio, busca compensar el
impacto del turismo en el territorio y los servicios básicos. Según el
Gobierno balear, el dinero recaudado se invertirá en proyectos
turísticos y medioambientales. El impuesto oscilará entre 0,25 y dos
euros. Baleares ya aprobó una tasa similar hace diez años, que luego
revirtió el PP. Sobre el impuesto turístico de Barcelona, fue en 2012
(mucho antes de que Ada Colau se proclamara alcaldesa) cuando la
Generalitat aprobó cobrar en toda Cataluña un impuesto a estancias
turísticas. Ahora, el ayuntamiento de la ciudad se está planteando otro
tipo de tasa para gravar los turistas que no pernocten, pero aún no está
aprobada.
En la Comunidad Valenciana
amplió hace unos meses el número de contribuyentes obligados a tributar
el impuesto de patrimonio y en Aragón se aprobaron modificaciones que
incluyeron cambios en los tipos del IRPF, sucesiones o patrimonio para
aumentar la recaudación del gobierno regional.
Sobre el paro, el vídeo destaca que ha bajado “en el conjunto de España”mientras
“en las regiones donde gobiernan los extremistas, se han disparado los
impuestos, la inseguridad jurídica y la burocracia”. No menciona como se
ha comportado el paro por comunidades autónomas porque en el último año
ha bajado en todas, excepto en Cantabria. Es más, Aragón, Baleares y
Cataluña son precisamente los territorios donde más ha descendido el
desempleo, según los datos del Ministerio.
“La formación de gobiernos extremistas pone en riesgo la unidad de España”.Ahora
bien, no explica qué decisiones han tomado comunidades autónomas ni
ayuntamientos que hayan supuesto “poner en riesgo la unidad de España”.
El vídeo pone como ejemplo de “propiciar la división de los españoles y
el ataque a nuestros símbolos constitucionales”, y pone como “claro
ejemplo fue la retirada del busto del rey emérito del salón de plenos
del Ayuntamiento de Barcelona”, pero no explica que esa retirada se
ajusta a la legalidad y que no existe ninguna exigencia legal para que
haya bustos de reyes en los plenos: no en vano, en la inmensa mayoría de
los plenos de los ayuntamientos españoles no hay bustos reales.
Los que
venían a regenerar la democracia, lo primero que han hecho es enchufar a
sus parientes, subirse los sueldos y despilfarrar el gobierno público
allí donde gobiernan. Eso sí, ni especifican cuáles son esos
enchufes, ni esas subidas salariales ni ese despilfarro. Si se repasan
todos los nuevos gobiernos autonómicos y municipales fruto de algún
acuerdo entre PSOE y candidaturas ciudadanas participadas por personas
de Podemos nacidos del pasado 24 de mayo, los casos de personas con
alguna relación familiar con cargos electos son escasos.
Por ejemplo, la contratación
como jefe de gabinete de un familiar político de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena. La contratación de Luis Cueto, marido de su
sobrina, fue explicada así por el equipo de Carmena: “Cueto ya es un
funcionario de alto nivel que simplemente se ha trasladado de puesto”.
El PP también azuzó la
polémica por la contratación de la pareja del concejal de Madrid Pablo
Soto, quien precisa de ayuda por ser una persona con discapacidad, ayuda
que le presta fundamentalmente su propia pareja. Del mismo modo que
criticó que Luis Maestre, el padre de la portavoz municipal, Rita
Maestre, funcionario de carrera y responsable de diseñar la Oficina de
Atención al Contribuyente en la etapa de Gallardón, sea uno de los
cuatro subdirectores del organismo que la sustituye, la Subdirección de
la Agencia Tributaria.
Otras incorporaciones que
han sido criticadas por el PP tras ser nombradas para cargos de
confianza han sido Eduardo Garzón, economista y hermano de Alberto
Garzón, contratado en la concejalía de Economía del Ayuntamiento de
Madrid; y Vanesa Valiño, ex directora del Observatorio Desc –además de
pareja de Gerardo Pisarello– como asesora de la concejalía de Vivienda:
Valiño fue la coordinadora del informe Emergencia habitacional en el
Estado español de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el
Observatorio DESC y es experta en asuntos de emergencia habitacional y
de vivienda.
“Se han subido los salarios”.
La propia Valiño, como Garzón, están sujetos al código ético de sus
organizaciones, que establece, entre otras cosas, que su sueldo bruto no
podrá superar los 2.200 euros y que no cobrarán dietas por asistir a
reuniones. En realidad, más que subirse los salarios, lo que han hecho
ha sido poner un límite a la cantidad de eventuales contratados – en el Ayuntamiento de Madrid se ha producido un ahorro de tres millones
de euros en esta partida– y se ha puesto un límite al salario que se
embolsan los cargos públicos, toda vez que la oposición no ha querido
aprobar la bajada de los salarios de los cargos electos. En este
sentido, la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, sí ha podido rebajar el
salario oficial a 80.000 euros –20.000 menos que su predecesor–, de los
cuales sólo se embolsará 43.000. El remanente, se destinará a acciones
sociales.
Los cargos institucionales
de Podemos, IU y confluencias, así como la de los cargos administrativos
desempeñados por miembros de estas organizaciones, están limitados en
tres veces el SMI.
Estas medidas tienen poco
que ver con la del PP, donde se ha sabido, por ejemplo, los cargos
institucionales han recibido sobresueldos del partido por sus
responsabilidades orgánicas.
“Se ha
negado la libertad de elección de los padres a la educación de sus hijos
al reducir la enseñanza concertada en las comunidades donde se están
aplicando las políticas extremistas”. En efecto, depende de qué
se entienda por libertad de elección: lo que dice el vídeo del PP sin
aportar detalles sería cierto si se entiende que un colegio que segrega
por sexos debe seguir manteniendo conciertos con organismos públicos,
toda vez que la Constitución establece que no se puede discriminar a
nadie por razones de sexo.
