La ley española determina que los presos deben cumplir su pena en el lugar más próximo a donde tengan su arraigo familiar y social


Posiblemente, en el día de hoy la banda terrorista ETA anunciará su disolución. Ya no se trata de treguas, ya no se trata de altos el fuego temporales. A partir de este momento seguir manteniendo la política de dispersión de los presos de ETA iría contra el propio reglamento penitenciario.


La política de dispersión de presos de ETA fue implementada en 1.989 por el Gobierno de Felipe González. El hecho de enviar a los presos a centros penitenciarios lejanos fue una herramienta para romper los lazos que se pudieran crear con ETA y buscaban que el encierro individual provocara que se interesaran en las políticas de reinserción.


Han pasado más de 25 años desde que el PSOE implementara la dispersión. En este tiempo han ocurrido muchas cosas entre ellas el cese definitivo de la lucha armada y el anuncio de desarme, además de los muchos presos que se acogieron a lo que se ha denominado «vía Nanclares», un proyecto de reinserción de presos etarras que deciden dar pasos hacia el fin de la violencia.


Ahora mismo no tiene sentido el mantenimiento de la dispersión porque ya no hay que romper ninguna conexión con ETA y el hecho de que aún haya más de 250 presos en cárceles españolas con distancias superiores a los 500 kilómetros respecto a sus hogares es ya un castigo que se está aplicando a las familias.


A partir de hoy esa política de dispersión de los presos de ETA no tiene sentido porque la banda terrorista se ha disuelto. En primer lugar, porque lo dice la propia Constitución respecto a nuestro sistema penitenciario en su artículo 25.2: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social».


Si relacionamos a nuestra Carta Magna con la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que en su artículo 1 dice «Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad», y en el 12.1 afirma que «La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen.


 En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados», se colige que la ley española determina que los presos deben cumplir su pena en el lugar más próximo a donde tengan su arraigo familiar y social.


Si el Gobierno del Partido Popular continúa con la dispersión de presos estará incumpliendo la Ley con dolo, y eso es lo peor que pueden hacer los representantes del pueblo. Ya está bien de utilizar a ETA para fines electorales. Sin embargo, parece que la misma táctica la están aplicando con los presos políticos catalanes quienes deberían estar cumpliendo con la prisión preventiva en centros penitenciarios catalanes.


La verdad es que se están aplicando preceptos contrarios a la Constitución ya que el hecho de que se mantenga a los presos a cientos de kilómetros de sus lugares de arraigo social es un modo de aplicar un castigo que nada tiene que ver con la reinserción, mucho más cuando nos referimos a los presos catalanes que aún no han sido siquiera juzgados.


El fin de ETA es una mala noticia para el Partido Popular. Esta es la causa principal de que se estén incrementando los juicios por terrorismo en casos como el de los titiriteros, el cantante César Strawberry, la estudiante Cassandra Vera o convertir una pelea de bar en un caso de terrorismo.




 En este país ha habido demasiada gente que se ha aprovechado de la existencia de ETA y, una vez que la banda terrorista ha anunciado su disolución, no pueden permitir que salga de la actualidad.


Cuando ETA, los Grapo o FRAP asesinaban la derecha o la ultraderecha de este país utilizaron de manera constante el argumento del terrorismo como herramienta política. Ya durante la Transición, en las manifestaciones que Fuerza Nueva organizaba en casi todos los funerales de asesinados por la acción terrorista, se agitaban dos argumentos: la unidad de España y las víctimas del terrorismo.


Durante la democracia los españoles fuimos testigos de cómo el Partido Popular de José María Aznar (quien, por cierto, también es víctima) utilizó políticamente a las asociaciones de víctimas.


No hay más que recordar las palabras del ex presidente en el Parlamento responsabilizando a Felipe González de todos y cada uno de los asesinados por ETA. Lo mismo podemos decir de partidos experimentales como UPyD que se hicieron fuertes agitando el mismo discurso.


También es destacable cómo muchas víctimas o familiares de víctimas han medrado políticamente gracias a la memoria de sus muertos. Muchos de estos son los que más agitan el fantasma de ETA porque con la ausencia de la banda terrorista de la actualidad su presencia en la primera línea deja de ser imprescindible y ya no da rédito electoral.


Lo mismo ocurre con ciertas asociaciones de víctimas que se han dejado utilizar por el PP. Hay un contraste entre lo anterior y la actitud de dignidad de algunas víctimas. En el caso de Cassandra Vera fue muy digna la respuesta de la nieta de Carrero Blanco cuando afirmó que le parecía una barbaridad que se pidiera cárcel por este hecho.


Del mismo modo fue muy digna la respuesta de Irene Villa en referencia a los tuits de Guillermo Zapata. Pero, en este sentido, destaca Eduardo Madina, a quien ETA le voló una pierna, y que, en medio de la polémica por la ilegal Doctrina Parot, afirmó lo siguiente en la Cadena SER en referencia a un acto de protesta tras la derogación de dicha doctrina presidido por Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón y en la que se hicieron acompañar por las asociaciones de víctimas afines al PP.


Es decir, las asociaciones que se dejaron utilizar antes de que ETA dejara de matar: «La familia de Enrique Casas, primer senador socialista asesinado a principios de los años 80, en soledad absoluta y sin nadie acompañando a aquel féretro, no opinará lo mismo que Ángeles Pedraza, y digo yo que Ángeles Pedraza tiene todos los derechos igual que la familia de Enrique Casas o de Ernest Lluch, digo yo. Conclusión, no estaban las víctimas, había algunas víctimas representando sus voces y las de las asociaciones de las que forman parte».


Los presos de ETA tienen que ser retornados a Euskadi para cumplir la Ley. Ya no hay muertos por la acción de la banda terrorista. Ya no hay coches-bomba, ni tiros en la nuca, ni secuestros. ETA se disuelve. Los presos deben volver.


 José Antonio Gómez