La convergencia entre las comunidades ricas y pobres se ha ido acortando
de un modo lento, pero el sistema español es tan equitativo como el
alemán y mucho más elevado que el italiano y el francés
Situémonos
unos cuantos días más allá del 1 de octubre, el Gobierno abre una
negociación con las fuerzas políticas catalanas para mejorar el encaje
de esta comunidad en España. No es un futurible, sino el escenario más
probable e, incluso, deseable.
El ministro de Economía, Luis de Guindos,
ofreció el jueves a la Generalitat una mejora de su financiación y el
PSOE ha conseguido que Rajoy acepte en el Congreso la creación de la
Comisión de Evaluación y Mejora del Sistema Autonómico, que es una llave
que abre una reforma de la Constitución.
Además, está pendiente de negociar, en teoría a lo
largo de 2017, el sistema de financiación autonómica, es decir, el
reparto de los fondos entre las comunidades. Por tanto, las dos posibles
grandes asuntos de negociación con Cataluña, el autogobierno y la
financiación, ya cuentan con mesas de discusión.
Hay quien sostiene que
la negociación con Cataluña, al menos en cuanto a financiación, es una
operación de resultado cero: los beneficios que logre esta comunidad
vendrán o de las otras o del gasto de la Administración central.
Ése es el asunto que ahora tiene muy preocupado al
Gobierno andaluz, de ahí la necesidad de solventar su Presupuestos de
2018, cerrado esta semana, y de involucrar a partidos y organizaciones
sociales.
Casi 40 años de la España de las autonomías han
dibujado un mapa donde las comunidades han ido convergiendo en riqueza,
pero a un ritmo moderado. El último estudio de convergencia del Banco de
España -de esta misma semana- subraya que la velocidad de acercamiento
debería ser mayor, aunque las diferencias entre regiones en nuestro país
es de los más bajos de la Unión Europea.
En este sentido, nos aproximamos más a un modelo
federal como el de Alemania que al de Italia y Francia, los dos grandes
estados centralistas. Así, la diferencia de PIB por habitante entre
ricas y pobres es en España del 20%, del 22% en Alemania y del 27% en
Francia e Italia.
En el conjunto de la UE es peor: del 38%. La gráfica
del Banco de España nos indica que, cuando la economía está en su ciclo
alto, convergemos más rápido y cuando llegan las vacas flacas, nos
alejamos.
Lo mismo ocurre con el desempleo: peor cuanto peor
vaya la economía. Así, Andalucía fue convergiendo con respecto a
Cataluña, por ejemplo, hasta 2007, nos desviamos hasta 2015 y desde
entonces se vuelven a recortar distancias. La explicación que el estudio
da a esta convergencia es que la productividad del trabajo ha aumentado
más en los territorios históricamente más pobres.
Nos encontramos, por tanto, ante un modelo que en lo
que respecta a la cohesión territorial no es tan malo como creemos o, al
menos, tan eficaz como los mejores de nuestro entorno. Aun así, las
diferencias del gasto por habitante entre comunidades son altas o, al
menos, buena parte del país lo siente así. Una de las razones es la
asimetría de las comunidades forales.
El gasto sanitario en el País Vasco es un 60% mayor
al de Andalucía: 1.600 euros por habitante a 1.090. La merma constante
del Cupo vasco (lo que esta comunidad entrega al Estado español) ha
provocado este efecto, que no sólo se corrige, sino que aumenta.
Pero
estas comunidades sólo suponen el 6% del PIB español; digamos que,
aunque inequitativo, nos lo podemos permitir.
Cataluña supone el 19% del PIB. Es otra cosa. El
presidente Artur Mas motivó la ruptura con el Gobierno central por ese
motivo, porque quería para Cataluña un acuerdo fiscal singular, llámese
Cupo, convenio o pacto, pero fiscal, de modo que buena parte del dinero
que el Estado recauda en esa comunidad se quedase allí.
Para ser más exactos: que se quedase mucho más,
porque el sistema de financiación actual sí tiene en cuenta este factor.
Según el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, que realiza el
profesor Ángel Fuentes para Fedea y el Instituto de Análisis Económico, y
que es lo más fiable para medir eso que se llaman balanzas fiscales,
Cataluña aporta al sistema común un total de 9.892 millones de euros.
Es
la diferencia entre lo que da y lo que recibe, alrededor del 5% de su
PIB.
Estas consideraciones sirven como hitos para
comprender cómo funciona el sistema, pero hay que matizarlas mucho. En
primer lugar, porque no es Cataluña quien paga, sino los catalanes y
éstos abonan a la Hacienda más o menos el mismo dinero que un andaluz en
las mismas circunstancias de renta.
Además, las empresas catalanes se
benefician del mercado único español, donde venden el 40% de su
producción.
Aunque Cataluña es de las autonomías que aporta, más
dinero ingresa Madrid en la caja común, un total de 19.205 millones de
euros. Éstos son los últimos datos conocidos, los de la liquidación de
2015, y suponen la cifra más adecuada para conocer lo que los partidos
independentistas llaman déficit fiscal.
En España, también aportan de
modo neto la comunidad valenciana y la balear. ¿Y Andalucía? Nuestra
región recibe un 5% de su PIB del resto del país, 7.689 millones de
euros. Este flujo de ingresos desde las autonomías hacia la
Administración central y el papel redistribuidor del Estado permiten una
relativa equidad del gasto de las comunidades.
Exceptuando, claro está,
a las que se benefician del régimen foral, que se salen por arriba.
El gasto de cada comunidad por habitante no indica
grandes diferencias entre Andalucía y Cataluña, ambas reciben una
cantidad por debajo de la media, del 96,5% la primera y del 98,2% la
segunda.
Es cierto que se puede decir que ambas están mal financiadas,
pero es que el sistema ha provocado que sean los territorios más
poblados los peor pagados.
Valencia y Baleares vienen siendo tradicionalmente
las más perjudicadas, mientras que Extremadura sale sobrefinanciada.
Pero esta disposición de gasto es fruto del sistema de financiación
autonómica, un modelo que debe ser sustituido por otro a lo largo de
2018.
Si a Cataluña se le construyese una financiación
propia, como algunos están sugiriendo incluso desde Madrid como moneda
de cambio en la negociación, será para que disminuyese sus
contribuciones al común y, por tanto, supondría una merma para el resto.
En cierto modo, la financiación de las comunidades es como una manta
que cubre a 15 personas acostadas en la misma cama: si alguno de ellos
quiere cubrirse mejor, será a costa de los otros.
La principal diferencia que distancia a Andalucía de
Cataluña sigue siendo un tejido empresarial que produce un PIB por
habitante que es un 30% mayor. A las empresas locales se añadieron
bastantes multinacionales que han hecho de este territorio uno de los
más boyantes de España. Incluso los ingresos por turismo son más altos
que en nuestra comunidad.
Andalucía, con más población que Cataluña, sólo
aporta el 13% del PIB total. La brecha en las tasas de empleo es
similar. Mientras en el sur, el paro es del 27,8%, en Cataluña baja al
14,18%.
Otras diferencias históricas, como el grado de preparación de la
población, se ha ido acortando con las nuevas generaciones. El 43% de
los catalanes tienen estudios universitarios, mientras sólo un 32,3% de
andaluces hizo cursos superiores.
Por contra, el número de alumnos matriculados ahora
en las universidades andaluzas supera a la de las catalanas, lo que
indica que ese tipo de brecha se irá cerrando con el mantenimiento del
Estado de bienestar, conjunto de políticas que no sólo dependen de la
redistribución de rentas entre ciudadanos, sino entre territorios.
Y es esto último lo que puede haber entrado en cuestión con el desafío independentista en Cataluña.
http://www.diariodesevilla.es/andalucia/Junta-teme-crisis-catalana-Andalucia_0_1175582472.html
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