La democratización de la sociedad debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno.
Las próximas elecciones parlamentarias
deben de terminar con el gobierno del PP y abrir un proceso
constituyente. Las fuerzas progresistas que logren formar gobierno,
deberán de tomar algunas medidas parlamentarias de urgencia, con el fin
de acabar con toda la legislación que atenta contra los derechos
políticos, sociales y económicos del conjunto de los ciudadanos del
Estado Español. Siendo los derechos políticos y humanos una de las
prioridades, entre otras urgencias legislativas. La ley mordaza y las
similares deben de anularse de forma imperiosa.
La resolución pacífica del conflicto
vasco es una de la tareas de este futuro gobierno. Para ello se debe
poner en libertad de forma inmediata a Arnaldo Otegi y sus compañeros de
causa. Consideramos que se debe de iniciar rápidamente un dialogo entre
los actores principales de esta dilemática situación. Hace ya cinco
años el movimiento independentista vasco abrió un profundo debate sin
precedentes que concluyó con una apuesta inequívoca por vías
exclusivamente pacíficas y democráticas, renunciando a la violencia en
su reclamación del respeto a la autodeterminación del País Vasco, y con
una disposición nítida a cerrar totalmente, por medio de la palabra y el
diálogo, el largo conflicto violento que ha asolado la región desde
hace décadas.
En octubre de 2011, ETA respondía
positivamente al llamamiento realizado desde la Conferencia
Internacional de Aiete (San Sebastián) que le demandaba el cese
definitivo de su actividad armada de más de 50 años y la apertura de un
proceso de diálogo. El Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu señaló a
Arnaldo Otegi, en su día portavoz de Batasuna y hoy secretario general
de Sortu, como “el líder de este proceso de paz”. Efectivamente, Otegi
fue el dirigente más destacado entre aquellos que propiciaron en las
fuerzas independentistas el debate sobre la necesidad de apostar por la
palabra para solucionar todo conflicto.
Su apuesta por vías
exclusivamente pacíficas y democráticas fue respondida con su arresto,
en octubre de 2009, y con su posterior condena a más de seis años y
medio de prisión por pertenecer a la organización política Batasuna,
ilegalizada previamente por el Gobierno español. Desgraciadamente, el
fin de la actividad armada de ETA, que ha mostrado su disposición a un
proceso de desarme y de diálogo y reconciliación que tenga en cuenta el
dolor de todas las víctimas, no ha traído consigo todavía respuesta
positiva alguna por parte del Estado español.
Arnaldo Otegi, cuyo caso ha sido
recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se encuentra en
una prisión española alejado de sus familiares y amigos. Así están
también cerca de 500 presos vascos relacionados con este conflicto.
Dispersados en prisiones lejanas al País Vasco, frecuentemente
incomunicados, esta realidad provoca, además, un castigo añadido a sus
familiares, abocados a recorrer largas distancias para poder visitarlos.
Ante esto, será necesaria la libertad inmediata del hombre que supo
arriesgar por la paz y la democracia, de quien apostó por la palabra
cuando parecía que nadie lo haría.
Su liberación y el final de la
política de alejamiento, como paso previo a la excarcelación temprana de
los presos vascos, son pasos necesarios para poder alcanzar una paz
justa y duradera en la región.
Consideramos que para lograr estos
objetivos, es necesario construir un frente amplio rupturista de
izquierdas, de los pueblos y naciones del Estado español, donde
coincidan las izquierdas soberanistas con las izquierdas rupturistas.
Si
esta convergencia se plasma podremos encarar más contundentemente
estas tareas.
Coordinador General de la Izquierda
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