Es el futuro, no un chiste!
"El precio de la protesta.
El pasado viernes, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid volvió a desahuciar
a una familia de una vivienda pública.
El piquete que voluntarios y
vecinos habían montado no lo pudo evitar ya que la EMVS contó con la
ayuda de un despliegue policial de cerca de cincuenta agentes.
El mismo
día, en Valencia, los trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV)
emitían un programa en directo mientras que la policía estaba en sus
instalaciones para ejecutar su cierre. Estos dos hechos tienen tres
similitudes.
Primera. Son ejercicios de desobediencia civil frente al atropello de
derechos. Ambos, derivados de la mala gestión de dos gobiernos del
Partido Popular.
Por un lado, un piquete trata de evitar la expulsión de una familia de
una vivienda pública. Se arrebata el derecho a la vivienda cuando la
EMVS tiene dentro de sus objetivos que esto se cumpla.
Este no es un hecho aislado. Los desahucios de la EMVS con Ana Botella
en la alcaldía proliferan en Madrid. Al mismo tiempo esta empresa está
vendiendo lotes de viviendas a fondos buitres alegando que es la única
salida para solventar su déficit.
Cabe destacar que durante el mandato
del anterior alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, la EMVS se dedicó a la
compra-venta de terrenos del Ayuntamiento, lo que financió proyectos
como el soterramiento de la M-30 o las candidaturas olímpicas dejando un
agujero en sus cuentas.
Por otro lado, se cierra un canal público de televisión cuyo objetivo es
dar una información independiente e imparcial, garantizada por que su
financiación viene de los impuestos de los contribuyentes. Sus jefes son
sus usuarios.
La austeridad ha sido la excusa del cierre de esta empresa y despido de
1.700 trabajadores. Sin embargo, esta excusa no se tuvo en cuenta cuando
se pagaban grandes cantidades de dinero a colaboradores afines al
Partido Popular como Carlos Dávila o Isabel Durán o para programas con
un cuestionable uso social como Tómbola. Tampoco se tuvo en cuenta el
derecho a la información en las continuas manipulaciones de los
informativos.
Segunda. Ante estas desobediencias, la encargada de llevar a cabo ambos
desahucios ha sido la Policía Nacional.
Según el artículo 104, apartado 1, de la Constitución Española, “las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En estos dos casos la
actuación de la policía ha ido en sentido contrario: ha colaborado a que
una familia no tenga vivienda y a que una Comunidad Autónoma no tenga
canal público de televisión. Derecho a la vivienda, a la información e
incluso al trabajo.
Tercera. Con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó
también el pasado viernes, estos dos hechos se consideran una
infracción grave. Las multas derivadas de estas infracciones podrían ir
de los 1.001 hasta los 30.000 euros.
El pasado viernes no fue un viernes especial.
Cada vez es más frecuente
encontrarse luchas como estas. Últimas líneas de defensa. Los motivos
seguirán ahí, pero ahora serán muchos los que no se podrán permitir
defender sus derechos."
(Carlos Huerga)
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