Asociaciones de guardias civiles han
recordado al Gobierno que debe asumir el error de haber privatizado la
seguridad en los aeropuertos y, aunque acatan la decisión de hacerse
cargo del control en el Aeródromo de El Prat (Barcelona), insisten en
que la plantilla está bajo mínimos.
La reclamación se produce después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, haya informado este viernes de que la Guardia Civil intensificará su presencia en los controles de seguridad de
El Prat para garantizar el orden y la seguridad en esta infraestructura
ante la huelga indefinida convocada para el lunes por los empleados de
Eulen.
Nada más conocerse la noticia, las
asociaciones de guardias civiles han recordado que, si no se hubiera
privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no tendrían que adoptarse medidas de urgencia como la decidida hoy,
informa Efe. Se remiten a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que, respecto a las competencias exclusivas de la Guardia Civil,
dice sobre su incumbencia: “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran”.
“Pagando las consecuencias”
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste,
en un comunicado, en que ya avisó de las consecuencias negativas que
tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en los centros
penitenciarios. “Ahora que se evidencia el conflicto se acude a
la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva”, añade.
Para AUGC, la medida supone
“un problema de gestión”, puesto que la plantilla de
la Guardia Civil “se encuentra bajo mínimos y, además,las funciones de control en aeropuertos debe
llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de
AENA”. La asociación mayoritaria no está dispuesta a aceptar que “sean
los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral” de los vigilantes, con quienes se solidariza.
En defensa de los servicios públicos
Desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su
presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado, en declaraciones a
Efe, su defensa de los servicios públicos y su “firme oposición a
suprimir puestos de trabajo que venían ocupando” los agentes del
instituto armado. Rodríguez es tajante y apostilla: “De esos polvos, esos lodos”, en
alusión a la privatización de la seguridad. A su vez, exige al
Ejecutivo que “se ponga las pilas” y reponga e incremente los efectivos
de la Guardia Civil en los aeropuertos y en las cárceles.
Mientras, desde la Unión de Oficiales (UO), su
portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de
la Guardia Civil “no solo para cumplir con su obligación”, porque llevan
“muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial y sigue sin
llegar”. “No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que
reforzar lo que otros no hacen”, añade Martín Vázquez a Efe antes de
concluir: “Mucho te quiero perrito, pero de comer, poquito”.
“Solución” a los paros
Por su parte, el presidente
de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, ha
reconocido a Efe que, si hay un problema de orden público, el Gobierno
debe actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y,
de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen. Ramírez Trejo ha hecho
hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de
separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.
Este jueves ya se pronunció
la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el
Ministerio del Interior recurra a sus servicios “de nuevo” para “dar una solución” a los paros,
que considera “un conflicto laboral de dos empresas privadas”. También
reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado “peor
pagado” y “peor tratado”, Interior les pida intervenir en un conflicto
entre dos sociedades privadas, lo que previsiblemente les hará “sufrir las iras” de unos trabajadores que ven a los guardias civiles como “enemigos”.
La Información | 12/08/2017
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