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martes, 10 de mayo de 2022

Manifestación en Madrid a raíz de la huelga de médicos hospitalarios contra la temporalidad


 Manifestación en Madrid a raíz de la huelga de médicos hospitalarios contra la temporalidad

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Los médicos de los hospitales de Madrid inician hoy una huelga indefinida para denunciar la temporalidad laboral en el Servicio Madrileño de Salud: "Antes nos aplaudieron y ahora pedimos que nos escuchen"


https://www.publico.es/.../medicos-hospitales-madrid...


 


miércoles, 16 de febrero de 2022

Bruselas avaló otra vez el reparto de los fondos tras preguntar al Gobierno sobre las denuncias de Casado

 

 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

   Bruselas avaló otra vez el reparto de los fondos tras preguntar al Gobierno sobre las denuncias de Casado  

    Los controles de la Comisión Europea están incrustados en el sistema informático implementado por el Ejecutivo para las inspecciones antifraude   

  Bruselas evita pronunciarse en público sobre las denuncias de los conservadores pero recuerda que España "ya explicó" su Plan de Recuperación

  La Comisión Europea sigue al detalle el rastro del dinero destinado a reconstruir las economías de los países miembros tras la pandemia. Por el momento, el único país de la Unión que ha recibido los fondos es España, donde ya han llegado 10.000 millones.

 Y cada movimiento relacionado con el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está teniendo una vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades comunitarias. 

  Tanto es así que, según explican fuentes del Gobierno, los niveles de control y fiscalización de las inversiones llegan incluso a que la propia Comisión Europea esté incrustada en el sistema informático implementado por el Ejecutivo y validado por Bruselas para adoptar todas las medidas antifraude.

 La conclusión es que, incluso más allá del mecanismo puesto en marcha para establecer las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales, la Comisión hace un seguimiento casi a tiempo real del uso de unos fondos sobre los que el PP intenta ahora sembrar la duda. 

  En Moncloa explican que la Comisión está encima del Plan de Recuperación español precisamente por ser nuestro país el único hasta la fecha que ha iniciado su ejecución y que, por lo tanto, están al corriente del revuelo que la oposición pretende instaurar en la opinión pública.

 Según fuentes del Ejecutivo, la comunicación con la institución presidida por Úrsula Von der Leyen es constante y se han interesado por las denuncias que el PP ha realizado públicamente y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se intentan llevar incluso a la vía judicial. 

  Tras las preguntas de Bruselas al Gobierno por esas denuncias de la oposición, en Moncloa aseguran estar muy tranquilos con la respuesta obtenida porque la preocupación en las autoridades comunitarias tras analizar al detalle cada procedimiento llevado a cabo es, según el propio Ejecutivo, inexistente.

 E insisten desde el equipo de Pedro Sánchez en que los controles antifraude son tan exhaustivos que hacen que la probabilidad de corrupción sea cercana a cero.

  Tranquilidad con Bruselas, enfado con Casado

  Tras esa comunicación directa con el Gobierno español a cuenta de las denuncias del PP, los medios de comunicación preguntaron por ello este martes a la portavoz comunitaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts. 

Aunque la Comisión intenta mantenerse en una escrupulosa neutralidad en cuanto a los asuntos de disputa en cuestiones de política nacional, Nuyts aseguró que son “los Estados miembros quienes deben explicar las disposiciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación”. 

Y añadió: “España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia”, sin trasladar preocupación o sospecha alguna sobre el procedimiento que se está desarrollando en nuestro país. 

  Nuyts también recordó que, más allá del control de los propios estados, la Comisión está capacitada para “tomar acciones” por propia iniciativa si detectase “irregularidades” en la gestión de los fondos por alguno de los países. 

El procedimiento habitual es que la Comisión aplique su propia estrategia de control, con España y con cualquier otro país perceptor de fondos, para asegurarse de que han sido “utilizados apropiadamente". 

 La tranquilidad del Gobierno respecto a la opinión que tiene Europa sobre el plan de recuperación contrasta con el profundo enfado con la oposición por intentar sembrar la duda respecto a la legalidad de los procesos de adjudicación de un programa dotado con hasta 140.000 millones de euros y que está llamado a transformar la economía española en su conjunto. Interpretan en la Moncloa que lo único que intenta Casado es zarandear “una oportunidad de país” que concentrará en siete años la misma cantidad de dinero que ha procedido de los fondos europeos en los últimos treinta y cinco.

   “¿Qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones? ¿Que le vaya bien a España?

 ¿Que si le va bien a España les vaya mal a ellos?”, se preguntó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros antes de recordar que “no es que la Comisión no cuestione, es que ha aplaudido el plan de nuestro país. 

Y por eso hay una realidad que se impone al afán de boicot de algunos”, dijo en referencia a las denuncias del PP. “Quien pone zancadillas a los fondos europeos pone zancadillas a España”, concluyó la portavoz. 

 Solo se denuncia si no está el PP  Respecto a la partida denunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por la que el Ejecutivo del gallego Alberto Núñez Feijóo también ha trasladado su queja formal, desde Moncloa insisten en que se han cumplido escrupulosamente todos los procedimientos. 

En concreto, el decreto denunciado por Ayuso al que el presidente gallego también se podría sumar hace referencia a un proyecto piloto impulsado desde el Servicio Público de Empleo Estatal perteneciente al Ministerio de Trabajo y dotado de nueve millones de euros para la inserción laboral. 

Un fondo repartido entre las comunidades de Euskadi, Navarra, Extremadura y Comunitat Valenciana.

   Exactamente por el mismo procedimiento, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también se impulsó vía decreto un proyecto piloto para la implementación del Ingreso Mínimo Vital dotado con 109 millones de euros. 

Un fondo repartido entre entidades sociales, nueve comunidades autónomas y dos ayuntamientos. 

Nadie en el PP ha denunciado a día de hoy esta partida.

 La conclusión en el Gobierno es que, en este caso, entre las administraciones beneficiarias están la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP. 

  Desde el Ejecutivo se afea a los de Pablo Casado que estén con visiones partidistas de un reparto de fondos que se ha producido con unas reglas del juego que han sido publicadas, refrendadas en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aprobadas y alabadas por Bruselas. 

Y recuerdan, además, que las dotaciones se han acordado en comisiones sectoriales en las que han participado todas las Comunidades Autónomas, incluidas obviamente las gobernadas por el PP. De las cuatro comunidades más beneficiadas por el reparto de los fondos europeos, de hecho, dos están gestionadas por los populares. 

La que más recibe con el reparto acordado es Andalucía (PP) con 1.915 millones, seguida de Cataluña con 1.578, Madrid (PP) con 1.213 y Comunidad Valenciana, con 1.054.   

 



domingo, 25 de abril de 2021

La banca caníbal

 

 

La banca caníbal

 

Los grandes bancos aumentan sus beneficios maltratando a los clientes y expulsando a los trabajadores mientras los capos se regalan indecencias patrimoniales. Los ERES voluntariamente obligatorios de CaixaBank y del BBVA van a despedir a 11.000 empleados, siguiendo el ejemplo del Santander.

 

 Se calcula que van a ser 18.000 los puestos de trabajo amputados durante este año en el imperio financiero. 

 

Se acumulan ya 100.000 empleos evaporados en el sector desde la crisis de 2008 provocada por la banca y pagada por los ciudadanos. Es la banca caníbal (la que nos devora) que se abrigó con el salvavidas de nuestros impuestos y está investigada por la supuesta utilización de una mafia de la policía en el espionaje empresarial.

 

La participación del Estado (16%) en CaixaBank no sirve para impedir ni los 8.000 despidos ni la eliminación de casi el 30% de sus oficinas. La banca despide a miles de empleados porque nos obliga a los clientes a hacer su trabajo en casa mediante las nuevas tecnologías. El que no tenga acceso o las maneje con muchas dificultades, que se joda.

 

Sánchez y Calviño no quieren banca pública y se someten a las condiciones impuestas por los depredadores financieros incluso en la tremenda crisis económica provocada por la pandemia.

 

El ERE salvaje de CaixaBank (una provocación según los sindicatos) se anunciaba mientras Sánchez firmaba la Declaración de Andorra en la Cumbre Iberoamericana: “Los gobiernos son responsables, con la colaboración de los empresarios, de fortalecer la capacidad del Estado para la recuperación hacia una sociedad más justa y solidaria”.

 

La declaración advierte que “la recuperación necesita soluciones empresariales que ayuden a generar empleo”. Esa sería la recuperación social pero a la banca caníbal solo le interesa el mantenimiento de su impunidad financiera.

 

Los capos cada vez más enriquecidos, los clientes desamparados, los trabajadores a la calle y la arrogancia de la patronal (la Asociación Española de la Banca) reclama todavía más despidos y pretende imponerlos “sin que se rompa la paz social”.

 

La banca caníbal exige que nos cocinemos en silencio para su buena digestión.

 

 

viernes, 20 de noviembre de 2020

Así son los líderes ultras de Hungría, Polonia y Eslovenia que bloquean las ayudas europeas a España

 

 

 Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki y Janez Jansa han mostrado lo peor de las ideologías xenófobas, nacionalistas y euroescépticas que se extienden con el trumpismo por todo el mundo

 

Bruselas ha dado un serio toque de atención a varios socios comunitarios por no respetar los principios básicos de cualquier Estado de derecho y los aludidos se han revuelto vetando los fondos de ayuda contra el covid que todos los Estados de Europa, entre ellos España, esperan como agua de mayo para iniciar la recuperación económica.

 

 La rebelión de los llamados “estados gamberros” –mayormente Polonia y Hungría, a los que ahora se suma Eslovenia− amenaza con implosionar la Unión Europea desde dentro.

 

 De ahí que en las últimas horas países como España e Italia hayan mostrado su preocupación ante la grave crisis institucional desencadenada por una serie de líderes nacionalistas, populistas, euroescépticos y xenófobos que están en Europa pero nunca han creído en el proyecto europeo.

 

Los expertos en Derecho de Bruselas consideran que pilares básicos de la democracia como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa pueden estar seriamente amenazados en la tríada de los estados gamberros.

 

 ¿Pero quiénes son los hombres fuertes, los instigadores que están manejando las riendas de la rebelión contra la UE y pretenden poner en peligro los 140.000 millones en ayudas a la reconstrucción que debe recibir, por ejemplo, nuestro país? 

 

Los tres ideólogos del bloqueo son, sin duda, el húngaro Viktor Orbán, el polaco Mateusz Morawiecki y el esloveno Janez Jansa. Un somero análisis de la trayectoria política de estos tres personajes nos lleva a comprender que Europa tiene un serio problema en su corazón mismo, un cáncer que se llama populismo ultra, eurofóbico y racista. Pero vayamos por partes.

 

El presidente húngaro, Viktor Orbán, es ese hombre que ve a los inmigrantes no como refugiados sino como invasores de los que es preciso protegerse. Ultranacionalista hasta la médula, detractor del multiculturalismo, solo le mueve una obsesión casi enfermiza: mantener intactas las fronteras de la gran patria húngara.

 

 Orbán sería algo así como el Santiago Abascal de la patria magiar, alguien que ha logrado instalar en su pueblo la ficción de que un enemigo externo viene a contaminar la pureza de la sangre.

 

 En realidad se da la gran paradoja de que, según las encuestas del Eurobarómetro, Hungría es el país más xenófobo de toda la UE y ello pese a que su población inmigrante apenas supera el 1,6 por ciento. Además, desde que el “Gran Purificador” Orbán se encuentra en el poder, el tránsito de migrantes se ha desplomado todavía más y apenas llegan extranjeros a tierras húngaras.

 

 Es evidente que las políticas del odio han calado hondo por aquellas latitudes y están generando problemas de convivencia entre la población autóctona y los expatriados. El control de los medios de comunicación y la exaltación nacionalista de “lo húngaro”, en definitiva el populismo ultra, cuando no el nuevo fascismo siglo XXI, están en el siniestro programa de Orbán.

 

 Como dato curioso, el dirigente derechista que gobierna su país a la manera de un pequeño dictador lleva años dando rienda suelta a su euroescepticismo y arremetiendo contra la UE mientras su círculo íntimo se enriquece con los fondos de Bruselas, según las denuncias de algunos periodistas locales.

 

El siguiente gran saboteador de los fondos europeos es Mateusz Morawiecki, actual primer ministro de Polonia.

 

 Al igual que de casta le viene al galgo, a este la raza le llega por el pedrigrí económico, ya que es banquero de profesión, además de político, abogado e historiador (cabe pensar que de la línea revisionista ultra, como ocurre en España con algunos de Vox). Morawiecki es miembro de oficio de la Junta de Gobernadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y del Fondo Monetario Internacional, es decir, otro trumpista que compagina sus negocios con la función pública.

 

 Su carrera política empezó en la calle, agitando huelgas generales y distribuyendo panfletos clandestinos del sindicato Solidaridad contra el régimen comunista.

 

 De él se cuenta que fue detenido y apaleado por la policía secreta, de modo que no guarda muy buen recuerdo de los tiempos soviéticos. Finalmente, en marzo de 2016, se unió al partido Ley y Justicia, el Vox polaco. 

 

Tanta represión y palos policiales debieron generar en él un profundo sentimiento de rencor, ya que Ley y Justicia es un partido profundamente ultraconservador que apuesta por la pena de muerte, el euroescepticismo, el proteccionismo frente a la globalización, la abolición de la eutanasia, del aborto y del matrimonio homosexual y por supuesto el patriotismo a ultranza.

 

 Su lema ganador es “la UE debe beneficiar a Polonia y no al revés”, una nueva versión de la consigna trumpista “America first”.

 

Y por último tenemos al esloveno Janez Jansa, el hombre que pasará a la historia por haber felicitado a Donald Trump por su “victoria” electoral cuando en realidad el presidente de EEUU ha cosechado una sonora derrota en las pasadas elecciones presidenciales. A finales de los ochenta, Jansa fue uno de los fundadores del SDZ, el primer partido de oposición a la antigua Yugoslavia

 

Encargado de dirigir la guerra de independencia, de hacer frente a las reivindicaciones territoriales de los neofascistas italianos y a las tensiones fronterizas con la nueva República de Croacia, en 2003 ingresó en el Partido Demócrata Esloveno y en 2012 se convirtió en primer ministro. 

 

Sin embargo, fue acusado de corrupción por aceptar un soborno de 2 millones de euros en la compra de material militar a Finlandia. Aunque comenzó a cumplir la pena, finalmente fue absuelto en una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de Eslovenia en 2015. 

 

En 2020 ha regresado como primer ministro del país esgrimiendo un fuerte discurso nacionalista (cierre de fronteras), xenófobo (endurecimiento de los controles migratorios, rechazo a la política de cuotas de la UE) y euroescéptico (no cree en la Unión Europea). 

 

Sin duda, es un populista radical que ha labrado una estrecha amistad personal con Orbán, su gran aliado en el intento de voladura de la UE.

 

Estos son los tres personajes de la extrema derecha del viejo continente que están poniendo en serio riesgo las ayudas de Bruselas, entre ellas el paquete de subvenciones que recogen los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.

 

 Euroescépticos que están en la UE pero no creen en Europa. ¿No es como para empezar a pensar en una expulsión del selecto club de todos estos Estados gamberros que han llegado para sabotear el sistema?  

 

 

https://diario16.com/asi-son-los-lideres-ultras-de-hungria…/

 

 


 

jueves, 27 de agosto de 2020

La Seguridad Social paga unos 9.000 millones de gastos impropios, que son casi la mitad del déficit

 

65Ymás radiografía las pensiones con aportaciones de Trabajo, sindicatos, jubilados y autónomos

 

Las fortalezas del sistema público de pensiones pesan más que sus debilidades, y aunque es cierto que existen amenazas para la suficiencia y viabilidad de las prestaciones en el futuro, también son mayores las oportunidades de mejoría y de reforma para apuntalar la sostenibilidad del modelo. 


Esta es la conclusión nuclear del chequeo realizado por 65Ymás al sistema de pensiones español, mediante una visión panorámica 360º y contando con las aportaciones de los principales actores involucrados: desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, a la patronal de los autónomos ATA, el reputado economista José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea) y, por supuesto, la voz de los mayores representada por Paca Tricio (UDP).


Todos ellos han querido participar en esta radiografía de 65Ymás, y lo han hecho a través de artículos valorativos y de contextualización, abordando las fortalezas y debilidades de unas pensiones a menudo cuestionadas y que han echado a la calle a decenas de miles de pensionistas en demanda de un blindaje en la Constitución. La patronal CEOE (@CEOE_ES) ha declinado colaborar en este trabajo.

Traspasar los gastos impropios podría bajar el déficit a la mitad


Una de las propuestas, como resalta el propio Ministerio de Trabajo, consiste en estudiar "medidas alternativas de financiación vía impuestos, así como extraer del Sistema de la Seguridad Social gastos impropios, lo que permitirá sanear sus cuentas". 


El debate sobre estos gastos impropios no es nuevo, y de hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF @AIReF_es) reclama trasladar al Estado parte de los gastos no contributivos.  A primeros de año, la AIREF cuantificó en unos 7.000 millones anuales estos gastos no contributivos: unos 4.000 millones se van en pagar gastos de funcionamiento, 2.000 millones en reducciones a la cotización y otros 1.000 millones por subvenciones implícitas a regímenes especiales. 


Eso fue a primeros de año. Hace unas semanas, Pepe Álvarez, secretario general de UGT (@UGT_Comunica), aseguraba a 65Ymás que el sistema "se encuentra en déficit, entre otros factores, porque la Seguridad Social está aportando anualmente del orden de 8.700 millones de ingresos por cotizaciones a los Presupuestos Generales con los que el Estado está pagando gastos propios (prestaciones asistenciales por desempleo y políticas activas de empleo). El déficit de la Seguridad Social ronda los 18.000 millones anuales. 


Asimismo, Anatolio  Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (@UJP_UGT), detalla que el sistema soporta unos 9.000 millones anuales de gastos impropios: alrededor de 4.000 millones se emplean en pagar gastos administrativos, entre los que figuran las nóminas del personal del Ministerio, y del orden de 5.000 millones en ayudas a la contratación, "y que deberían trasladarse a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", apostilla Díez.


Habida cuenta de que el déficit anual del sistema público es de unos 18.000 millones de euros, traspasar esos gastos no contributivos reduciría el desequilibrio de las pensiones a la mitad.

 

Cotizaciones y bajos sueldos, entre las debilidades


Entre las debilidades, dos de las más citadas son "que el mantenimiento de las pensiones dependa únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace vulnerable"; y que el empleo precario y los bajos sueldos hacen que las cotizaciones crezcan, pero menos de lo que deberían para sostener la cohorte de nuevos jubilados. 


Así lo afirman Pepe Álvarez, secretario general de UGT (@UGT_Comunica), y Unai Sordo (@UnaiSordo), secretario general de CCOO (@CCOO) , y lo pone de relieve Paca Tricio (@paca_tricio), presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP @MayoresUDP). 


Los tres coinciden en que la Seguridad Social (@info_TGSS) no puede concebirse como un sistema cerrado que deba autofinanciarse y aislado económicamente. "Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo", sentencia Paca Tricio en su artículo en este periódico.


En este aspecto, la postura del Ministerio de Trabajo (@empleogob) , a cuyo frente se halla en funciones Magdalena Valerio, es coincidente, tal como pone de manifiesto el Ministerio en su artículo para 65Ymás.


 "La reforma laboral empobreció los salarios y trajo como consecuencia la reducción de los ingresos del sistema hasta arrojar un déficit de más de 18.000 millones de euros al año", argumenta el Ministerio, lo que explica otra de las debilidades del sistema, es decir, la existencia de un abultado déficit "que se ha financiado en los últimos años acudiendo al sistema de préstamos a la Seguridad Social". 

Gran fortaleza: la Seguridad Social cuenta con el Estado


Frente a estas debilidades, unas fortalezas reconocidas por todos los expertos reunidos en este trabajo. La primera, y quizá medular, es que el sistema público de pensiones es el pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar y, por lo tanto, la Seguridad Social "cuenta con el Estado para cubrir la diferencia entre ingresos por cotizaciones y gasto, conforme a los artículos 41 y 50 de la Constitución", recuerda el Ministerio comandado por Valerio, y apuntala Unai Sordo, al frente de CCOO, en su artículo para 65Ymás. 


 "La principal fortaleza del sistema es la necesidad de su existencia y mantenimiento en niveles de suficiencia prestacional. Su importancia social es determinante", remacha Sordo, para quien es decisivo "recuperar los marcos de consenso político   eliminando la reforma no pactada de 2013 que supone, de no corregirse, un fortísimo debilitamiento de nuestra cobertura por pensiones". 


Otra fortaleza indudable es el consenso entre los grandes partidos políticos para actualizar las pensiones de forma suficiente, pese al actual parón de la subcomisión del Pacto de Toledo. Y un tercer factor de la robustez del sistema es que los pensionistas constituyen una enorme fuerza de más de 9 millones de consumidores y votantes, lo que los erige en actores imprescindibles en cualquier reforma.

Las amenazas que más suenan


"Las amenazas para el sistema público son los intereses privados y las contingencias políticas. Nuestras pensiones no son una moneda de cambio ante las administraciones", advierte la presidenta de UDP, Paca Tricio, para quien la sostenibilidad de las prestaciones es un problema político, no económico.


Casi idéntica valoración realiza Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en su artículo para 65Ymás, donde resalta que los mayores peligros "provienen de la falta de rigor con la que se analiza la situación presente y la viabilidad futura del sistema de pensiones, junto a la difusión continua en determinados medios de mensajes carentes de fundamento, pero colmados de intereses espurios, acerca de una supuesta insostenibilidad de mantenerlas o de lograrlo si no se las somete a considerables recortes". 


Con respecto a los peligros, el economista José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector del think tank Fedea (@socialfedea) y visiting professor de Esade, cita el reto demográfico, con proyecciones de población de España que plantean que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país europeo más envejecido en 2050.


"El reto demográfico es inmenso. No obstante, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica. En la primera reforma de 2011 se retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La reforma de 2013, suspendida los dos últimos años, introducía un factor de sostenibilidad y una nueva forma de revalorización de las pensiones, que ante la ausencia de nuevas reformas condenaba a las pensiones a una congelación perenne. 


Hacer recaer en el nuevo índice de revalorización la mayor parte del coste de ajuste fiscal es el principal error de la reforma de 2013. En el sentido de que trasladaba a los jubilados todo el peso del ajuste del gasto, congelándoles prácticamente la pensión de forma indefinida", detalla Conde-Ruiz en su artículo para 65Ymás.


Cuando se habla de pensiones, se tiende a pensar en los asalariados, olvidando a los trabajadores autónomos, que cotizan en el RETA. Para Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), presidente de ATA (@autonomosata), un dato preocupante es que "cada pensionista del régimen general cuenta con 2,2 contribuyentes para sustentarse. 


Por cada pensión en el régimen de autónomos hay 1,6 contribuyentes. Las pensiones de los autónomos han ido creciendo a un ritmo medio de un 3% cada año en la última década.


 Es sostenible y posible gracias al esfuerzo que han realizado los autónomos societarios, cuya base mínima se ha incrementado en la misma proporción y con la disminución del total de autónomos, tanto persona física como societarios, que han dejado de cotizar por la base mínima en esta última década. Pero hay que hacer reformas", tal y como expone en su artículo en 65Ymás.

Oportunidades para reformar el sistema


Los autónomos de ATA lo tiene claro: "es necesario ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos, a la vista de los excelentes resultados que está dando la actual normativa. Si algo funciona, hay que ampliarlo y fomentarlo. Y explicarlo. Ni se pueden acoger societarios, ni autónomos colaboradores ni comunidades de bienes.


 Solo los titulares de los contratos. Y por ahora hay que contratar, aunque no tiene que tener antigüedad el contrato, ni tampoco modalidad ni duración de jornada", resume Lorenzo Amor, presidente de ATA.


Entre las oportunidades, José Ignacio Conde-Ruiz apuesta por "transformar nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales, donde la pensión que percibe el trabajador será menos generosa que la que percibe actualmente, en el momento del alta. Este nuevo sistema más sostenible debería entrar en vigor para los trabajadores menores de una determinada edad.


 Los trabajadores, por encima de esta edad, podrán tener libertad para elegir si quieren que se les calcule la pensión con el viejo sistema o con el nuevo", detalla el subdirector de Fedea. "Evidentemente cuanto más retrasemos la reforma, más injusta será pues afectará a trabajadores más cerca de la edad de jubilación. 


Además, para preservar el grado de redistribución intrageneracional del sistema actual, el nuevo modelo de cuentas nocionales también debería contar con una pensión mínima y máxima", argumenta Conde-Ruiz.  


Para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, que preside Paca Tricio, la gran oportunidad de mejora de las pensiones es "blindarlas en la Constitución", además de unas serie de medidas entre las que resalta "derogar la reforma laboral de 2013 e impulsar un empleo de calidad así como estabilidad y salarios dignos; una reforma fiscal que permita la equidad y la redistribución social; permitir la compatibilización de las pensiones con el empleo post-jubilación", sin olvidarse de "reactivar el Pacto de Toledo y sumar también a sus reuniones a representantes de las personas mayores a través de sus asociaciones mayoritarias". 

9,7 millones de pensiones contributivas


La Seguridad Social (@info_TGSS) abona 9.768.801 pensiones contributivas (el 1,16% más interanual), con un gasto de 9.710.391 (el 4,9% más), de acuerdo a las cifras correspondientes a octubre.


 La pensión media del sistema es de 994,02 euros mensuales (englobando jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aunque existen grandes diferencias entre las distintas clases: por ejemplo, un jubilado cobra de media 1.141,63 euros mensuales mientras los viudos/as perciben unos 714 euros.


El sistema público español, de reparto, se financia mediante cotizaciones de los trabajadores: hasta septiembre, la Seguridad Social ha ingresado 92.607,22 millones de euros por contribuciones sociales (7,89% más que un año antes), siendo el gasto en términos homogéneos de 114.513,35 millones, de los cuales, 91.311,78 millones se dedican a pagar las pensiones contributivas (el 5,89% más interanual).


 Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 7.648,75 millones de euros en lo que va de año.



 65Ymás realiza una radiografía 360 grados a las pensiones: trasladar al Estado los gastos impropios  




viernes, 31 de julio de 2020

Bildu insta a Sánchez a aclarar si va a aplicar recortes "por arriba o por abajo"

El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, durante el acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso de los Diputados. En Madrid, (España), a 27 de junio de 2020.



 El diputado de Bildu, Jon Iñarritu 

Bildu insta a Sánchez a aclarar si va a aplicar recortes "por arriba o por abajo"


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Por qué no se hace un esfuerzo para recuperar y exigir a la banda que devuelva los 65.000 millones del rescate bancario?

¿Por qué se oponen reiteradamente a un impuesto a las grandes fortunas?

Jon Iñarritu a Pedro Sánchez


El diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar si va a aplicar recortes "por arriba o por abajo" para acometer las reformas del fondo de reconstrucción de la Unión Europea, del que ha dicho que es "insuficiente".


Así se ha pronunciado el parlamentario de Bildu durante su intervención en el Congreso de los Diputados en la que Sánchez ha explicado a los grupos parlamentarios el acuerdo que se alcanzó en el seno de la Unión Europea. Jon Iñarritu ha reconocido que estos fondos tendrán "condicionalidad". 


"No son una lotería", ha espetado.


En paralelo, el diputado de Bildu ha invitado a Sánchez a decidir la bancada con la que acometer las reformas y ha asegurado que si estas medidas tienen que ver con "la austeridad" que cuente con "la derecha", pero que si están relacionadas con el "escudo social" puede hablar con ellos.


Jon Iñarritu también ha hecho referencia a los criterios de reparto de estos fondos entre Comunidades Autónomas y ha reclamado los mismos mecanismos que se han utilizado en la Unión Europea para ayudar a los territorios que más han sufrido los efectos de la pandemia del Covid-19.


Eso sí, considera que este dinero es "insuficiente" y "no soluciona todo lo que está cayendo" porque cree que debe ir acompañado de medidas como "impuestos a las grandes empresas, acabar con el dumping fiscal o con los paraísos fiscales".


 europapress



martes, 30 de abril de 2019

El Santander anima a Sánchez a pactar con Ciudadanos “Complaceria al mercado más que Podemos”


El banco asegura que el 70% de la caída del Ibex frente a Europa en los últimos cuatro años responde a factores políticos





Banco Santander lo tiene claro. Lo mejor para España, al menos desde el punto de vista de los mercados, es un pacto entre PSOE y Ciudadanos.



El banco que preside Ana Botín ha enviado en la jornada post electoral un informe a sus grandes clientes en el que se posiciona a favor de un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, frente al escenario que se perfila con más opciones: la alianza con Pablo Iglesias y algún partido nacionalista. 


“La coalición entre PSOE y Ciudadanos probablemente complacería a los mercados financieros dado que la postura liberal de Ciudadanos sería mejor recibida que el populismo de Unidas Podemos”, señala el equipo europeo de análisis del banco.


La entidad tampoco descarta un largo retraso en la formación de un nuevo Gobierno, dada la fragmentación del Parlamento y que la celebración de las próximas elecciones europeas, locales, regionales el próximo 26 mayo puede aplazar las negociaciones entre los diferentes grupos políticos.


 “Sin embargo, la clara victoria del PSOE y la caída del PP hace este escenario menos probable”, indica. Recuerda que tras las pasadas elecciones de diciembre de 2015, a Mariano Rajoy le costó más de 10 meses lograr la confianza del Congreso, tras haber logrado un resultado muy similar al conseguido en esta ocasión por el PSOE.


La postura liberal de Ciudadanos sería mejor recibida que el populismo de Unidas Podemos por los grandes inversores”


Por otro lado, los analistas de Santander lamentan el impacto de la política en los últimos cuatro años. 


“El factor político ha sido un lastre significativo en el comportamiento relativo del mercado español”, señalan. 


Según sus cálculos, “el 70% de la caída relativa del mercado español -con un retroceso del 23% acumulado- se ha producido el mes previo a eventos políticos que han afectado específicamente a España, generalmente de modo negativo”.


 Es decir, de esta merma del 23%, el 16% se ha producido en el mes anterior a eventos políticos importantes. El resultado, añaden, ha sido un comportamiento del Ibex, de media, un 2,2% por debajo del de otros mercados europeos, en siete de los ocho acontecimientos políticos que Santander ha identificados como claves.


El negativo factor político


Estos son: las elecciones regionales de septiembre de 2015, en las que los principales partidos independentistas se unieron en una lista común; elecciones generales en diciembre de 2015, en las que los dos nuevos partidos -Podemos y Ciudadanos- fragmentaron el escenario político; elecciones generales del 26 de junio de 2016, resultando un Congreso completamente fragmentado; referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución por primera vez; elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, que terminó con la aplicación del 155; moción de censura el 2 de junio de 2018 a Mariano Rajoy impulsada por el PSOE; anuncio de elecciones anticipadas el 15 de febrero, ocho meses después de que el PSOE accediese al poder, ante la falta de apoyos en el Parlamento; y elecciones generales el 28 de abril.

La necesidad de que los partidos pacten limita la posibilidad de se concreten las propuestas más extremas, algo que afecta a la confianza de hogares y empresas”

Tras los recientes comicios, Santander augura que “la triple hora bruja por las elecciones del 26 de mayo continuará probablemente provocado movimientos de mercado que deberán ser monitorizados de cerca por inversores”.


Más allá del escenario político, Santander sigue viendo que la economía española está en “buena forma”. 


Sostiene que “a pesar del muy volátil entorno político en España desde hace tres años, la economía ha estado creciendo entre el 0,5% y 1% por encima de la media de la Unión Europea”. 


Además, se muestra positivo al constatar que la “necesidad de que los diferentes partidos alcancen acuerdos para gobernar limitará probablemente la posibilidad de se concreten las propuestas más extremas, algo que podría afectar a la confianza de hogares y empresas”.




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miércoles, 9 de enero de 2019

Toneladas de naranjas y mandarinas valencianas por tierra sin recoger

AMP

 Toneladas de naranjas y mandarinas valencianas por tierra sin recoger



 Por la caída de precios

 

El acuerdo de la UE con Sudáfrica deja la imagen en los campos de toneladas de cítricos echados a perder

   

Los sindicatos estiman pérdidas de 85 millones de euros


La terrible fotografía es habitual en las últimas semanas por los campos de naranjos valencianos, en plena campaña de comercialización de cítricos. No es el primer año que estos frutos acaban tirados por tierra, pudriéndose en el suelo porque no sale a cuenta pagar por recogerlos. El incremento de las pérdidas unido a un acuerdo muy desfavorable de la UE con Sudáfrica ha empujado a que los agricultores hayan elevado el tono de sus reivindicaciones.


Y algo han conseguido. El pasado viernes el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, se reunió con representantes de la patronal de los cítricos y llegó al acuerdo de impulsar una estrategia para reforzar la presencia del sector en Bruselas mediante la interprofesional Intercitrus, que llevaba una década inactiva.

 

Naranjas por tierra en un campo de Faura (Camp de Morvedre, Valencia)
Naranjas por tierra en un campo de Faura (Camp de Morvedre, Valencia) (Raquel Andrés Durà)

Buenas noticias. Se podrá en marcha un Plan Estratégico para planificar con un periodo mínimo de 15 años el futuro de la producción valenciana que incluirá medidas como ampliar las misiones comerciales para abrir nuevos mercados, incorporar más personal a la oficina instalada en Bruselas y que funcionará como ‘lobby’ permanente, ayudas ‘de minimis’ de hasta 15.000 euros por cada agricultor que demuestre una caída de ingresos por razones climáticas o comerciales, ayudas para la recuperación de arbolado afectado en las parcelas inundadas por las lluvias de otoño y préstamos bonificados a través del Instituto Valenciano de Finanzas.


Sin embargo, estos anuncios han dejado un sabor agridulce en la organización agraria La Unió de Llauradors i Ramaders. Lamentan haber sido “vetados” en esa mesa de negociación y que Puig ha aprovechado para vender medidas que ellos mismos le habían propuesto a su jefe de gabinete el día anterior. “No tiene sentido que haya una interprofesional de cítricos donde no esté La Unió, que representamos a la mayor parte de los citricultores valencianos. No vamos a consentir que se dé un duro a Intercitrus mientras siga vetando a una organización valenciana”, defiende el secretario técnico, Joanma Mesado.

El acuerdo con Sudáfrica escondido entre 2.500 páginas




El campo valenciano recoge ahora los frutos –o los deja perder, visto lo visto- de un acuerdo que firmó la Unión Europea hace dos años con Sudáfrica. El documento, de 2.500 páginas, era demasiado largo como para que los eurodiputados españoles se molestaran en buscar la letra pequeña, aquello que podría perjudicar a su estado.


Pero en València saltaron las alarmas cuando encontraron un pequeño apartado escondido entre aquel montón de información y que ampliaba un mes y medio el periodo de importación de cítricos de Sudáfrica sin aranceles, concretamente pasaba del 15 de octubre al 30 de noviembre. Además, implicaba la reducción del arancel del 16% de forma progresiva hasta que en 2025 el país africano no pagara nada por exportar sus cítricos a Europa.



Acuerdo de cítricos entre la UE y Sudáfrica
Acuerdo de cítricos entre la UE y Sudáfrica (LVD)

Las importaciones de fruta que no es de temporada son menos sostenibles (tienen mayor huella ecológica por su transporte) y de menor calidad, porque pasan por cámaras para mantenerse en buen estado.


A parte de estos inconvenientes, su entrada no repercutiría directamente en los agricultores valencianos de cítricos si no fuera porque con dicho acuerdo se solapan las campañas: las últimas naranjas africanas coinciden en los lineales con las primeras valencianas y andaluzas, y además, esta competencia se puede prolongar más con su almacenamiento en cámaras.


Los problemas de la naranja valenciana vienen de lejos, pero este es un obstáculo más que se añade a sus vicisitudes. El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, asevera que es “competencia desleal” porque los trabajadores en Sudáfrica tienen peores condiciones laborales y porque a sus productos no se les exige la misma seguridad alimentaria que a los valencianos:


“Pedimos reciprocidad en temas laborales y fitosanitarios. De esta manera es imposible competir”. Sudáfrica es el segundo país del mundo en exportaciones de naranjas, solo por detrás de España.


Los sindicatos agrarios se esforzaron por explicar esa puñalada a los eurodiputados españoles. Consiguieron que 36 votaran en contra, aunque ocho diputados del PP y uno de UPyD votaron a favor y otros nueve del PSOE se abstuvieron. Tras la polémica suscitada, la ‘popular’ Pilar Ayuso y Beatriz Becerra (UPyD) rectificaron el voto.

  

El precio de algunas variedades se ha desplomado hasta la mitad


El inicio de la campaña de comercialización de los cítricos valencianos ha tenido unas pérdidas de unos 130 millones de euros, de los cuales el 65% (85 millones) se deberían a la “masiva presencia de fruta de terceros países como Sudáfrica” hasta mediados de noviembre, según datos de la Unió de Llauradors; el resto de pérdidas, 45 millones, se deben a los efectos de las lluvias.


Los datos que manejan los servicios técnicos de AVA-ASAJA son algo diferentes: cifran las pérdidas por las lluvias en 91 millones, en 52 millones por la caída de los precios y en 20 millones ante la falta de demanda.


La Unió señala que los precios de los cítricos han caído un 23% con respecto a la temporada anterior. Según los datos de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, el valor de algunas variedades ha llegado a desplomarse hasta la mitad.




Naranjas caídas por tierra, sin recoger, junto a Faura (Valencia)
Naranjas caídas por tierra, sin recoger, junto a Faura (Valencia) (Raquel Andrés Durà)

Estos son los precios que se han pagado al agricultor la semana del 18 al 24 de diciembre de 2018 en comparación con la del 19 al 25 de diciembre de 2017, que varían en función de la provincia (Alicante, Valencia, Castellón): la Clementina Clemenules ha pasado de 0,20-0,44€/kg a 0,09-0,24€/kg; la Clementina Orogrande, de 0,30-0,35€/kg a 0,14-0,24€/kg; la Mandarina Clemenvilla, de 0,21-0,40€/kg a 0,14-0,26€/kg.


En cuanto a las naranjas, la Navelina ha oscilado de un abanico de 0,18-0,22€/kg a 0,10-0,16€/kg; la Washington Navel, de 0,19-0,23€/kg a 0,13-0,15€/kg. Por último, las Naranjas Blancas Salustiana, ha caído de los 0,16-0,25€/kg a 0,13-0,20€/kg en la presente temporada.


De ahí hay que restar el coste fijado en el convenio colectivo de recolección de cítricos en la Comunitat Valenciana, fijado entre los 6 y los 12 céntimos por kilo, en función de la variedad. La mejor pagada es la Clementina Fina Hernandina, y la peor, las Navel, Navelina y Newhall.


Todo eso ha dejado una fotografía lamentable en los campos valencianos de cítricos. Desde hace años es habitual la estampa de naranjos sin recoger, con toda la producción por tierra; este año, es aún más sangrante, y son miles las toneladas de mandarinas (sobre todo satsumas y clementinas) las que se han quedado en los árboles y después pudriéndose en el suelo.


Este drama se suma al de las casi 30.000 hectáreas de cítricos abandonadas en la Comunitat Valenciana durante la última década y la falta de relevo generacional, según datos de AVA-ASAJA.


Las reivindicaciones de los sindicatos


El sector citrícola ha estado en pie de guerra para visibilizar sus problemas y reivindicaciones en las últimas semanas. La Plataforma per la Dignitat del Llaurador se ha concentrado en 30 municipios de Castellón y Tarragona y agrupa asociaciones, sindicatos y hasta 14 ayuntamientos.


Reclama la modificación del acuerdo de la UE con Sudáfrica y, en su defecto, que se aplique la cláusula de salvaguardia, es decir, su suspensión por la caída generalizada de los precios de los cítricos.


También piden reforzar las medidas de defensa fitosanitaria de los cítricos europeos y exigen las máximas cautelas y controles a los productos importados desde países con plagas de cuarentena para minimizar el riesgo de contagio de plagas o enfermedades.


Uno de los sindicatos que integra la plataforma, la Unió de Llauradors, se reunió en Madrid junto a otras organizaciones agrarias como AVA-ASAJA el 20 de diciembre con la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, del Ministerio de Agricultura.


Le pidieron una “ayuda excepcional y con carácter temporal” para todos los productores de cítricos a los que les quede cosecha en el árbol sin recoger, en términos muy parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones europeas.




Naranjos en el término municipal de Faura (Valencia)
Naranjos en el término municipal de Faura (Valencia) (Raquel Andrés Durà)

De momento, el Gobierno central solo se ha comprometido a retirar 50.000 toneladas (30.000 de naranjas y 20.000 de mandarinas) del mercado en fresco para descongestionarlo y propiciar una mejora de la coyuntura. Esa cantidad se destinará a la industria para su transformación en zumos de reparto gratuito, una medida que ambas organizaciones agrarias consideran “insuficiente”.


La Unió señala que también pidió la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de todos los afectos a la actividad citrícola, establecer una reducción de de los índices de rendimiento neto para el sector citrícola en el IRPF del ejercicio 2018 y fomentar el acceso a líneas específicas de financiación a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).


Desde AVA-ASAJA reclaman, entre otras cosas, créditos bonificados, la aprobación de compensaciones directas para los agricultores a través del sistema ayudas de mínimos, que contempla subvenciones por valor de 15.000 euros por explotación a distribuir a lo largo de tres años.


También exigen una nueva ley de la cadena alimentaria en la línea con la nueva legislación francesa, para que los precios que perciban los agricultores se fijen a partir de los costes de producción.


  Naranjas caídas por tierra, sin recoger, junto a Faura (Valencia) Naranjas caídas por tierra, sin recoger, junto a Faura (Valencia) (Raquel Andrés Durà)


El ministro Luis Planas: “Si otras CCAA están aumentando las plantaciones es porque hay salida”

En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del pasado 4 de diciembre el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, trasladó algunas de estas reivindicaciones al ministro de Agricultura, Luis Planas.


El ministro, sin embargo, insinuó que eran los agricultores valencianos quienes estaban haciendo mal las cosas: “Sé los problemas que hay en la Comunidad Valenciana. Pero, ¿sabe usted que está incrementándose la producción de cítricos en otras comunidades autónomas de España?


Tan mal no le debe ir al sector. Si hay otras comunidades que están aumentando las plantaciones es porque hay salida”. Obvia, sin embargo, que el campo valenciano es sobre todo minifundista.


Sobre el acuerdo de la UE con Sudáfrica, lo defendió porque “abre también mercados”: “Somos un sector que exporta más de la mitad de lo que produce, así que no podemos tener una mentalidad autárquica ni defensiva; igual que nosotros exportamos, otros nos exportan”.


 Además, frente a la versión de los sindicatos, aseguró que con los cítricos africanos se aplican los mismos estándares fitosanitarios que con los productos europeos.


  https://www.lavanguardia.com/…/naranjas-valencianas-sin-rec…