El comunicado emitido por el Partido Popular para responder a la información respecto a que tiene 10 días para abonar 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por su caja B o será embargado está repleto de falsedades y medias verdades, como corrobora la instrucción judicial llevada a cabo por el juez Pablo Ruz. Estas son las mentiras contenidas en el texto redactado ayer por el Partido Popular, que ya han desmontado la justicia.
La denuncia no es “política”, sino de Anticorrupción
Asevera el PP en su consideración “primera” que “el procedimiento en cuestión se inició en su día y ha continuado hasta la fecha sobre la base de las acusaciones formuladas por determinadas formaciones políticas contra el Partido Popular”. Esta afirmación es falsa. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que inició de oficio las diligencias de investigación penal a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas.
La acusación no se basa “exclusivamente” en Bárcenas
En el mismo fundamento, continúa diciendo el PP que las acusaciones fueron “construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta en las afirmaciones realizadas por una persona como Luis Bárcenas”. También falso. Anticorrupción no solo citó a Bárcenas a declarar, sino también al extesorero Lapuerta y a otros testigos, y la detallada instrucción judicial ha contrastado las declaraciones de Bárcenas y hallado evidencias para concluir indiciariamente la veracidad de los hechos.
Múltiples pruebas y testigos corroboran la caja B
El PP sigue mintiendo en el mismo párrafo al sostener que se trata de unos “supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona”. No son “supuestos”, sino reales y reconocidos por el propio Bárcenas, y la causa está repleta de pruebas, más allá de las manifestaciones del extesorero, que confirman la “veracidad” de esos “apuntes”, como las declaraciones de los excargos del PP Jaime Ignacio del Burgo, Calixto Ayesa, Cristóbal Páez, Pío García Escudero, Jaume Matas, Eugenio Nasarre, Santiago Abascal o Pablo Crespo, además de los informes de la Agencia Tributaria, la Intervención del Estado o la UDEF.
Anticorrupción y Hacienda sí ven delito en contra de lo dicho por el PP
En su consideración “tercera”, el PP afirma que “en cuanto a la existencia de delito, debe recordarse que ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al Partido”. Totalmente falso. Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública consideran que existe delito por los 1,4 millones en negro pagados por el PP a Unifica a cambio de reformar la sede central de la formación conservadora.
El futuro juicio por la caja B, para el que todavía no hay fecha, dirimirá la existencia de responsabilidades y a quiénes alcanzan las mismas, pero fuentes jurídicas aconsejan al PP que “vaya cambiando de argumentario” para la vista, al ser “insostenible” ante un tribunal y haber sido “superado por las pruebas” aportadas durante la fase de instrucción.
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